La Argentina conmemora medio siglo del golpe de Estado más brutal de su historia. Lo hace mientras el Estado nacional, por tercera vez bajo la gestión de La Libertad Avanza, produce un video-documental que llama a la "memoria completa", con el argumento de que los crímenes del terrorismo de Estado deben ser ponderados junto a los de las organizaciones de los años setenta. El equipo de comunicación del Salón Martín Fierro, en la Casa Rosada, preparó esta vez una producción de más de veinte minutos con testimonios de "figuras de la época". La operación tiene nombre propio: teoría de los dos demonios. Y tiene una función que va más allá del debate historiográfico: obturar el examen de los crímenes económicos del Proceso, que son, precisamente, los que tienen continuidad en el programa que hoy conduce Luis Toto Caputo.
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La falsa equidistancia como escudo
A cincuenta años del golpe, el hilo que une al ministro de Economía de Javier Milei con el arquitecto económico de la dictadura no necesita ser disimulado: está a la vista, documentado y defendido por sus propios protagonistas.
Desde su campaña presidencial, Milei definió lo ocurrido entre 1976 y 1983 como una "guerra" en la que hubo "excesos de ambos bandos”. Una vez en el poder, esa lectura se institucionalizó. El Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado registra más de 800 centros clandestinos que funcionaron en todo el país. Desde la reactivación de los juicios por crímenes de lesa humanidad en 2006, la justicia argentina dictó 357 sentencias y 1.208 condenas. Esos números no son materia de debate académico: son la acumulación de décadas de trabajo forense, testimonial y judicial.
Cuando el presidente afirma que no existen "registros fehacientes" de 30.000 desaparecidos y propone como cifra válida la de 8.753 víctimas del informe Conadep —una cifra que los propios investigadores del organismo consideraron preliminar—, no está proponiendo un ejercicio histórico más riguroso. Está retirando al Estado del lugar que ocupó durante cuatro décadas como querellante en los juicios de lesa humanidad, como custodio de los archivos y como garante de las políticas de memoria. La Secretaría de Derechos Humanos fue degradada a subsecretaría, perdió el 40% de su personal y redujo su capacidad de actuación en causas judiciales. El Museo Sitio de Memoria y el Centro Cultural Haroldo Conti, en el predio de la ex-ESMA —declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO— achicaron funciones, días de apertura y plantilla. El Archivo Nacional de la Memoria fue desmantelado como área de gestión.
No hay dos demonios. Hay un terrorismo de Estado que planificó la desaparición forzada como política sistemática, y hay un programa económico que fue su condición material y su beneficiario directo.
El plan que no envejece
"Milei es la cuarta M detrás del programa económico llevado adelante por Martínez de Hoz, luego continuado por Menem y Macri." La caracterización pertenece al investigador Walter Bosisio, integrante del Observatorio de Economía Política de la Facultad de Ciencias Sociales, y fue publicada en El Destape en el aniversario del golpe de 2025. La secuencia que describe no es una metáfora ni un recurso retórico. Es una hipótesis de continuidad estructural con sustento documental.
José Alfredo Martínez de Hoz no era economista. Era abogado de empresas y presidente del Consejo Empresario Argentino (CEA) al momento del golpe. Fue la conducción civil del programa económico del Proceso: valorización financiera, apertura irrestricta de importaciones, destrucción del entramado industrial, endeudamiento externo acelerado y represión del movimiento obrero como condición de posibilidad del ajuste. Ese plan, que Rodolfo Walsh describió en su Carta Abierta a la Junta Militar de 1977 como "miseria planificada", dejó una herencia que condicionó a la Argentina por décadas: atraso cambiario, fuga de capitales, bicicleta financiera y una deuda que el FMI administró como cepo político.
Hoy, Javier Milei rinde homenaje a Donald Trump mientras Caputo acata las orientaciones de Scott Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano. El vínculo entre Washington y Buenos Aires en materia económica reproduce, bajo nuevas formas, la lógica inaugurada durante la dictadura: la prioridad otorgada a la confianza de los inversores externos y a la estabilidad financiera se traduce en un programa que recae sobre los sectores populares y debilita las capacidades del Estado. El 7 de marzo pasado, Milei viajó a Miami para rubricar el llamado "Escudo de las Américas", una iniciativa de seguridad continental que evoca, en su arquitectura de subordinación geopolítica, el Plan Cóndor de los años setenta.
Los ganadores de siempre
La filosofía detrás del plan económico de Milei y Caputo tiene como origen el plan de Martínez de Hoz. El esquema cambiario de la dictadura y el actual promueven la salida de dólares al debilitar la industria frente a la apertura de importaciones.
El golpe del 24 de marzo de 1976 no operó en el vacío. Contó con la complicidad activa de la cúpula empresarial organizada en la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE), un frente patronal que reunía a la Confederación Rural, la Cámara de Comercio y las principales cámaras industriales. Su principal impulsor era el propio Consejo Empresario Argentino —presidido por Martínez de Hoz— que sería sucedido, en 2002, por la Asociación Empresaria Argentina (AEA).
Los datos sobre concentración empresaria durante el Proceso fueron relevados en el libro Cuentas Pendientes, de Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky: en 1973 existían en el país 37 grandes sociedades anónimas que controlaban 344 firmas. Al finalizar la dictadura, ese mismo universo de empresas controlaba 766 sociedades. Para 1990, el número ascendía a 906. Techint —que más allá de los artificios con Milei sigue siendo un actor central del poder económico argentino— pasó de 30 a 58 empresas en ese período. El Grupo Macri (SOCMA) multiplicó por siete su cartera de firmas controladas.
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Carlos Cruz, ex titular de la Unidad de Información Financiera durante el gobierno del Frente de Todos e investigador sobre delitos económicos trasnacionales, señaló que la matriz y los operadores que impulsan este programa son los mismos que actuaron en 1956, 1966 y 1976. Es el programa de las multinacionales, sostenido desde el think tank neoliberal de Mont Pelerin, que congeló los acuerdos de Bretton Woods.
Hoy, dentro del Ministerio de Economía que conduce Caputo —formado en JP Morgan y Deutsche Bank— se registra una concentración de participaciones de funcionarios en empresas de los mismos sectores que deberían regular: servicios financieros, energía, agroindustria y minería. Un informe del Observatorio de las Elites, publicado en noviembre de 2024 por la investigadora Ana Castellani (Citra, UMET y Conicet), concluyó que sobre un total de 185 funcionarios políticos de la administración centralizada, 55 tienen participaciones en 171 empresas privadas que operan en 17 sectores de actividad. Las asociaciones empresariales con mayor presencia en el gabinete son las del sector bancario, energético y primario-exportador, además de grupos como Techint y Loma Negra. Un esquema que replica, con los instrumentos de la democracia formal, el reparto de poder de la última dictadura cívico-militar.
Los trabajadores, el enemigo a vencer
La reforma laboral no es una pieza legislativa aislada. Es el tramo final de un proceso que comenzó el 2 de abril de 1976, cuando la Junta Militar modificó la Ley de Contrato de Trabajo que había sido sancionada en 1974. El jurista que redactó aquella ley original, Roberto Centeno, fue secuestrado y desaparecido en lo que se conoció como La Noche de las Corbatas, en julio de 1977. Abogados laboralistas de Mar del Plata, militantes del derecho del trabajo, eliminados con la precisión de quien entiende que un texto legal puede convertirse en un obstáculo para el saqueo.
El abogado laboralista Luis Palmeiro, de la Federación de Trabajadores de la Economía Social (FeTraES), articuló los hechos con precisión: "En abril de 1976 se modificó la ley de contrato de trabajo. No hay una política económica que tienda a reducir los derechos laborales sin que se lleve adelante con una fuerza represiva muy clara."
La reforma laboral actual —que debilita las indemnizaciones, fragmenta la protección contra el despido, instala el banco de horas y erosiona la negociación colectiva— no crea empleo ni mejora la productividad sistémica. En el contexto real de la Argentina de 2026, con más de 22.000 empresas cerradas desde la asunción de Milei y una pérdida de 300.000 puestos de trabajo registrados, lo que produce es un abaratamiento del despido que traslada el riesgo económico del capital al trabajador. El derecho permanece como nombre, pero pierde eficacia real.
El abogado Gustavo Matías Terzaga, presidente de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico Arturo Jauretche de Río Cuarto, trazó el arco ideológico completo: el liberalismo local repite, cada vez que avanza sobre el trabajo y el Estado social, las mismas operaciones retóricas. Martínez de Hoz habló de "normalización económica"; el menemismo habló de "modernización" y "revolución productiva"; Macri de "creación de empleo" y combate contra la "industria del juicio"; Milei habla de "libertad". El contenido de fondo es invariable: invertir la relación entre capital y trabajo para que el riesgo recaiga sobre el más débil.
Recuperar la memoria
Taty Almeida, referente de la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, suele resumir en una frase el sentido de cinco décadas de lucha ininterrumpida: "Seguimos luchando porque creemos que la única lucha que se pierde es la que se abandona." Taty está por cumplir un siglo de vida. Hoy, con el campo popular fragmentado, esa frase opera como brújula.
El historiador y especialista Ulises Gorini señaló que lo que las Madres construyeron fue "el punto de partida de cada derecho y de cada nueva libertad ganada por los argentinos". Y que ese legado no fue solo para el país: las Madres se proyectaron al mundo hasta que la propia ONU reconoció su lucha como un punto de inflexión en la historia de los derechos humanos. "Hasta el surgimiento de las Madres, muchas veces las dictaduras terminaban con amnistías y perdones. Desde su surgimiento, eso dejó de aceptarse", argumentó Gorini.
La frase de Taty Almeida adquiere una dimensión nueva en el presente. No como convocatoria a la nostalgia, ni como apelación a una épica que ya no existe. La adquiere como advertencia sobre lo que se pierde cuando se abandona: el derecho a la memoria, la capacidad de nombrar a los responsables, la posibilidad de articular resistencia colectiva frente a un programa que no es nuevo. Que tiene cincuenta años. Que sabe cómo operar sobre la mayorías imponiendo el terror para beneficiar a la élite.
El 24 de marzo de 2026 no es solo una fecha de duelo. Es también el día en que el Gobierno que más activamente cuestionó las políticas de derechos humanos desde el retorno de la democracia debe enfrentar, en las calles de todo el país, a quienes recuerdan que la miseria no fue un accidente histórico. Fue planificada. Y que los que la planificaron entonces tienen apellidos que se repiten hoy en los despachos ministeriales, en los directorios de las empresas y en los fondos que financian el ajuste.
La memoria no es un ejercicio académico. Es el único instrumento que permite identificar la continuidad de un programa que cada vez que vuelve promete novedad y produce lo mismo: concentración, deuda, desindustrialización y empobrecimiento de las mayorías. Recuperarla, en estas condiciones, es un acto político. Y quienes la sostienen desde hace cincuenta años enseñan que ese acto, para ser eficaz, no puede abandonarse.
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