El Senado aprobó una moción de preferencia para tratar en la próxima sesión un proyecto de ley destinado a impedir la privatización de AySA, anunciada este jueves por el ministro de Economía, Luis Caputo. El pedido fue presentado por el senador Eduardo"Wado" de Pedro y se impuso por 35 votos a favor y 33 en contra de La Libertad Avanza y sus aliados. La propuesta, que todavía deberá obtener dictamen de comisión, declara a la empresa estatal “de interés público y estratégico para el desarrollo humano”, lo que bloquearía su venta. Según adelantó Caputo, este viernes se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de licitación para avanzar con la privatización del 90% de las acciones de AySA que están en manos del Estado.
"Argentina ya tiene la experiencia de una privatización que fue un desastre que fortaleción la billetera de los concesionarios, dejó a millones de argentinos sin agua y contaminó a la ríos", sostuvo De Pedro para sostener la moción de que en la próxima sesión se debata el proyecto que busca excluir a Aysa de cualquier movida privatizadora y que el oficialismo cajoneó casi un año. Esa iniciativa sostiene que el acceso al agua potable y al saneamiento constituye un derecho humano esencial reconocido por la Constitución Nacional y por tratados internacionales suscriptos por la Argentina, y plantea que la administración del servicio debe orientarse al bien común y no a la rentabilidad privada. Por eso, declara instransferibles las acciones de la compañía en manos del Estado.
Además de los votos del interbloque peronista, la moción fue acompañada por los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano; la salteña Flavia Royón; la neuquina Julieta Corroza; los misioneros Carlos Omar Arce y Sonia Rojas Decut; y también Alejandra Vigo y Carlos Mauricio Espínola, del bloque Provincias Unidas, junto a Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Sandra Mendoza, del bloque Convicción Federal. Estos respaldos al tratamiento del proyecto podrían anticipar que el peronismo reunirá los votos necesarios para frenar la privatización.
Caputo está a la caza de dólares para reforzar las reservas y la venta de activos públicos aparece como una vía para obtener fondos frescos. El ministro estimó que durante este año el Gobierno podría recaudar unos 2 mil millones de dólares por privatizaciones. En ese esquema, el 90% de las acciones de AySA en manos del Estado figura entre los activos más atractivos, luego de concretadas las concesiones de las centrales hidroeléctricas del Comahue, algunos corredores viales y la venta de acciones de Transener. Caputo justificó la privatización al sostener que el Estado “deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento”. Con la operación, el Gobierno espera obtener alrededor de 500 millones de dólares.
Por el contrario, la iniciativa que el peronismo buscará llevar al recinto declara a Aysa “de interés público y estratégico”, en tanto la considera “garante del derecho humano esencial de acceso al agua potable segura y al saneamiento cloacal, así como de la protección de la soberanía nacional sobre un recurso natural escaso”. El proyecto repasa además los pactos internacionales con jerarquía constitucional que reconocen el acceso al agua como un derecho humano esencial. En ese marco, sostiene que “el intento descarado” del presidente Javier Milei de avanzar sobre la empresa “que garantiza la provisión de agua potable y el desarrollo de obras cloacales imprescindibles para municipios del conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” para “entregarla a las apuradas a cambio de fondos que necesita para sostener un modelo económico tambaleante, no es una novedad ni está despojado de un trasfondo político”.
Aysa fue incluida en la Ley Bases dentro del listado de empresas a privatizar. Posteriormente, a través de dos decretos firmados en julio de 2025, el gobierno libertario inició el proceso de venta, que tendrá un paso decisivo este viernes con la publicación de los pliegos de la licitación. Entre los posibles interesados aparecen el empresario Mauricio Filiberti, histórico proveedor de insumos químicos de AySA a través de su empresa Transclor, y los hermanos Patricio y Juan Neuss, que ya participaron en otras operaciones del proceso de privatizaciones del Gobierno, como la compra de Transener y de la central hidroeléctrica de Alicurá, a través de la firma Edison. Con argumentos similares a los que ahora expone Caputo, el menemismo concesionó la entonces Obras Sanitarias en los '90 hasta que en 2006, en el gobierno de Néstor Kirchner y en medio de múltiples cuestionamientos por el mal servicio, la concesión del grupo francés Suez fue rescindida y pasó nuevamente a manos del Estado.
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