En el plano institucional el gobierno de Javier Milei atraviesa una de sus horas más críticas por el vendaval de cuestionamientos de propios y ajenos por el escándalo que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Las inconsistencias en su declaración jurada escalaron hasta convertirse en un reclamo de despido que ya no solo proviene del peronismo o la oposición más dura, sino de aliados estratégicos del oficialismo como el PRO, la UCR y sectores de centro como Provincias Unidas.
El golpe más reciente es el del exgobernador de Córdoba y actual diputado nacional, Juan Schiaretti, quien junto a la senadora Alejandra Vigo y un nutrido grupo de diputados, sentenció en un comunicado que el funcionario no puede seguir en su cargo tras haber "mentido al pueblo argentino y ante el Congreso de la Nación". Para Schiaretti, la permanencia de Adorni en la Jefatura de Gabinete es insostenible. “El país necesita funcionarios que digan la verdad y no ejerzan el poder para beneficio propio”, contrastó.
Este posicionamiento, respaldado por legisladores como Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Juan Brügge y Carolina Basualdo, empieza a poner a la Casa Rosada cada vez bajo mayor presión, ya que se suma a pedidos de similares características por parte de todo el arco político. Incluso, desde las propias filas libertarias el respaldo a Adorni fue tibio, con funcionarios de segundo orden que salieron a bancar las inconsistentes justificaciones del jefe de Gabinete sobre el meteórico crecimiento de su fortuna.
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Un frente legislativo que acorrala a Adorni
Este escenario empieza a ser asfixiante para el oficialismo. En la Cámara de Diputados, un amplio espectro que incluye a Unión por la Patria (UxP), el Frente de Izquierda (FIT), la Coalición Cívica (CC) y las monobloquistas Natalia de la Sota y Marcela Pagano, entre otros, solicitaron este jueves formalmente una sesión especial para el próximo martes 23 de junio. El objetivo es tratar una moción de censura y proceder a la interpelación de Adorni, cuya figura se volvió el epicentro de la crisis tras admitir públicamente que posee "ahorros en negro" y justificar la aparición de 500.000 dólares en su patrimonio como un hallazgo fortuito de dinero en la casa de su padre o como ganancias por inversiones en criptomonedas.
Dirigentes como Maximiliano Ferraro fueron feroces al calificar al ministro coordinador como un "ladronzuelo de guante blanco", mientras que cuestionó la veracidad de un relato que sitúa el origen de parte de su fortuna en el año 2002. Por su parte, el senador Martín Lousteau advirtió sobre la gravedad ética de que el Jefe de Gabinete intente acogerse al régimen de "inocencia fiscal" para quedar liberado de delitos de evasión y enriquecimiento.
Mientras el fiscal Gerardo Pollicita avanza en una investigación por gastos y deudas que superan los 700.000 dólares, la propia vicepresidenta Victoria Villarruel marcó distancia y exigió formalmente que Adorni cumpla con su obligación constitucional de presentarse ante el Senado, una rendición de cuentas que el funcionario evadió sistemáticamente desde que asumió. Hasta la propia Patricia Bullrich, aliada clave de los hermanos Milei, calificó las acciones de Adorni como una “omisión ética” que debe ser resuelta por la Justicia.
Paralelamente, la estrategia de la Casa de Gobierno de tildar estos reclamos como una maniobra para "voltear al Gobierno" parece no ser suficiente para detener un proceso de remoción que gana adeptos en cada rincón del parlamento.
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