Indagaron a dos acusados y el juez denunció el accionar de la PSA y Migraciones por no secuestrar el celular del exsocio de Fred Machado

La investigación en torno al sistema de corrupción que funcionó en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que involucra al presidente Javier Milei y su hermana Karina avanza en los tribunales federales de Comodoro Py. Mientras se ordenaron nuevos allanamientos en el “Coimagate”, este viernes declararon en indagatoria dos acusados: Eduardo “Pino” González y Lorena Di Giorno, un exdirectivo y una exadministrativa de la ANDIS. El fiscal Franco Picardi los acusó de ser articuladores entre “el mundo de las contrataciones de medicamentos e insumos” de alto costo “y las firmas beneficiadas por el esquema de corrupción”.

A la par, este mismo viernes el juez del caso, Sebastián Casanello, radicó una denuncia penal para que se investigue un posible “delito de acción pública” por parte de integrantes de Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) quienes tenían la orden de secuestrarle el celular al empresario Sergio Mastropietro apenas ingresara al país pero no cumplieron la orden judicial como correspondía y el aparato telefónico, clave para la pesquisa, misteriosamente desapareció. Mastropietro, vinculado a la firma de aviación privada Baires Fly, es investigado en el Coimagate por el posible lavado del dinero obtenido de forma ilegal en ANDIS.

Mastroprieto es un hombre que es seguido de cerca por los investigadores de este caso: tiene una estrecha relación con Miguel Ángel Clavete, a quien se sindica como el jefe de la asociación ilícita investigada, y es exsocio de Federico “Fred” Machado, el argentino que fu extraditado a los Estados Unidos acusado de integrar una asociación dedicada al lavado de activos y el narcotráfico. Su domicilio de San Isidro fue allanado dos semanas atrás.

La “cobertura” a un empresario clave

El pasado 14 de noviembre, luego de un allanamiento a uno de los domicilios de Mastropietro, el juez Casanello tomó conocimiento que el acusado no estaba en la Argentina y libró un oficio a la Dirección Nacional de Migraciones para que apenas el empresario arribara al país se le secuestre el celular. Ese mismo día, a las 22.25, Mastropietro ingresó al a la Argentina. Lo hizo a través del Aeroparque Jorge Newbery por un itinerario demasiado llamativo. El vuelo, que se hizo en un avión de Baires Fly partió del Aeropuerto de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, hizo escala en Guayaquil, Ecuador, y sumó una parada poco clara en San Miguel de Tucumán.

De acuerdo a la reconstrucción que hicieron los investigadores que están analizando lo sucedido, Mastropietro ingresó al sector de arribos internacionales de Aeroparque a las 22:25, hizo los trámites migratorios correspondientes para entrar al país, el control aduanero y luego salió del sector restringido. Eran las 22:34. Se retiró del aeropuerto con todas sus pertenencias. Estaba con tres acompañantes. Según se desprende de los registros fílmicos del aeropuerto parece que estaba usando su celular. En la misma filmación se observa a personal de Migraciones acercarse a Mastropietro para dirigirlo al interior del aeropuerto nuevamente. En ese momento, el empresario entrega su mochila y equipaje a una de las personas que estaba con él. Es decir, los agentes que intervinieron no aseguraron el equipaje que recién tiempo después fue facilitado por la hija de Mastropietro para su requisa. Como si eso fuera poco, tras entrar al aeroparque el empresario volvió a salir y entregó un objeto pequeño a la misma persona que tenía su equipaje. ¿Era su celular?

Al ser consultado por el aparato telefónico, este empresario relacionado al firma Baires Fly dijo que perdió su celular en el sector restringido del aeropuerto tras dejarlo sobre una de sus valijas. Se llamó al teléfono pero estaba apagado.

La secuencia parece una burla al juez, al fiscal y a todos los investigadores. Un empresario vinculado al mundo aeronáutico ingresó a la Argentina pocas horas después de un allanamiento en su domicilio y de que su cursara una orden de requisa en su contra, realizó los trámites migratorios y salió del aeropuerto como si nada pasara. No fue demorado por ningún agente y a juzgar por lo reconstruido, actuó con total impunidad. No puede soslayarse todo aconteció en un área altamente controlada por las fuerzas de seguridad y la dirección de Migraciones.

Por todo esto, el juez radicó una denuncia para que se investigue el rol de quienes debieron haber secuestrado el celular del acusado. El caso quedó radicado en el juzgado federal Nº 6 que subroga Daniel Rafecas. Interviene la fiscalía a cargo de Paloma Ochoa que al cierre de esta edición no había dictaminado.

Mastropietro es una persona clave para la segunda parte de la investigación, que hace al circuito del dinero obtenido ilegalmente en la ANDIS. Según el fiscal Picardi, “Mastropietro era la persona que administraba para Calvete considerables sumas de dinero; tal como lo demuestra el intercambio de facturas y las interacciones entre ambos”. Los investigadores sospechan que era uno de los encargados “de otorgarle un destino lícito a las ganancias obtenidas ilícitamente” en la ANDIS.

Hay registros de visitas de Mastropietro, Calvete y su pareja a la casa de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, al menos en dos ocasiones: el 30 de marzo y el 3 de mayo de 2025. Spagnuolo además de ser íntimo amigo del presidente Javier Milei es el protagonista de esta causa porque se inició a partir de la filración de audios en que se lo escucha decir que en la ANDIS funcionaba un sistema de corrupción que terminaba en manos de Karina Milei, la hermana del jefe de Estado.

A su vez, Mastropietro aparece en el listado de 68 personas que Calvete anotó en uno de sus cuadernos secuestrados en el marco del Coimagate. Todo indica que son personas de su círculo de confianza y que podrían estar relacionadas a la investigación en curso.

Además, es exsocio de Federico “Fred” Machado, el argentino extraditado a los Estados Unidos acusado de integrar una organización dedicada al narcotráfico y el lavado de activos, que está relacionado al diputado libertario José Luis Espert con quien es investigado en el Narcoescándalo.

Lo que sucedió en torno a Mastropietro no es la primera obstrucción a la investigación que se da en el Coimagate. Casanello ya dictó el procesamiento del jefe de Seguridad de Nordelta, Ariel De Vicentis, por proteger a la familia Kovalivker, de la droguería Suizo Argentina, en uno de los primeros operativos que hubo en la causa (el caso está en la Cámara Federal de San Martín); y denunció al jefe de sistemas de esa misma droguería, Daniel Díaz, por obstruir un operativo judicial realizado en esa firma el 29 de agosto pasado.

Las indagatorias

Eduardo “Pino” González, exdirector de Apoyos y Asignaciones Económicas de la ANDIS, fue el primero de los 6 indagados que tiene el caso que decidió declarar. Lo hizo este viernes. De acuerdo a la reconstrucción que hizo El Destape, González negó los hechos que le achacan y no quiso responder preguntas.

Pino González está acusado de ser el articulador “entre el mundo de las contrataciones de medicamentos e insumos PACBI y las firmas beneficiadas por el esquema de corrupción”. Estaba relacionado al multifacético Miguel Ángel Calvete, sindicado por Picardi como el jefe de la asociación ilícita que actuó en la ANDIS. Y había sido designado director a partir del 12 de junio de 2025 pero en los hechos, para el fiscal, “operaba desde antes en el organismo”. El acusador público agregó además que González “recibió, en el marco de sus funciones, divisas de manera indebida”.

En la indagatoria, González -que ya fue desplazado de la ANDIS por este escándalo- decidió hablar. Dijo que los hechos descriptos por la fiscalía sucedieron en la dependencia que estaba a cargo de Daniel Garbellini, que es la dirección de “Incluir Salud”, y que él no comulgaba con eso. Es decir, no desmintió los hechos que se investigan sino que sostuvo que él no estaba vinculado a las maniobras delictivas. En ese marco, señaló que hasta fue sancionado por el grupo de Garbellini por no sumarse a ese accionar. No aceptó responder preguntas.

Tras González fue el turno de Lorena Di Giorno, exadministrativa de la ANDIS (también fue desplazada). Di Giorno se negó a declarar y responder preguntas. Siguió la misma estrategia que los 4 acusados que fueron indagados días atrás: Diego Spagnuolo (extitular de la ANDIS e íntimo amigo del presidente Javier Milei), Daniel Garbellini (exdirector de “Incluir Salud”), Miguel Ángel Calvete (empresario relacionado a droguerías acusado de ser un jefe paraestatal de ANDIS) y Pablo Atchabahian (exintegrante de la ANDIS quien trabajó en el laboratorio Roche entre 2021 y 2023).

Las pruebas contra Di Giorno, como contra los cuatro mencionados, son comprometedoras. Hay chats y audios que la complican. Al igual que Pino González está acusada de ser la articuladora “entre el mundo de las contrataciones de medicamentos e insumos PACBI y las firmas beneficiadas por el esquema de corrupción”. Según la fiscalía “era funcionaria pública de ANDIS; respondía a Miguel Ángel Calvete y además, recibía dinero de las empresas vinculadas a él. Esto es, desplegó acciones en claro incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública de la ANDIS”.

Tras las dos declaraciones de este viernes ya suman 6 los indagados del Coimagate. En los próximas días se realizarán nueve indagatorias más. Están citados:

1) Roger Grant, quien fue “Coordinador de Gestión de Urgencias de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS”. Fue citado a indagatoria para el 1 de diciembre.

2) Luciana Ferrari. Ex empleada de la ANDIS durante la gestión Atchabahian. Según Picardi, trabajó hasta los últimos días el laboratorio Roche pero “era una operadora externa, puesto que sin estar designada en ANDIS, cumplía órdenes de Pablo Atchabahian y de Daniel Maria Garbellini, dentro de la agencia”. Recibía “ayudas” por su “colaboración”. Fue citada a indagatoria para el 2 de diciembre.

3) Federico Santich. Es gerente y accionista de Profusión S.R.L, una de las firmas investigadas. Fue citado a indagatoria para el 2 de diciembre.

4) Guadalupe Muñoz. Pareja de Miguel Ángel Calvete, sindicado como el jefe de la asociación ilícita. Según la fiscalía fue era la encargada de determinados pagos como el de 5 millones de pesos en efectivo para Spagnuolo. Fue citada para el 3 de diciembre.

5) Patricio Rama. Es un “ex empleado del Ministerio de Desarrollo Social (actual Ministerio de Capital Humano)” y está vinculado a Atchabahian y a las droguerías Génesis S.A. y New Farma S.A,  ambas beneficiadas por el sistema de corrupción que funcionaba en ANDIS. Será indagado el 4 de diciembre.

6) Ruth Lozano. Socia de Calvete y relacionada a droguerías investigadas. Fue convocada a indagatoria para el 4 de diciembre.

7) Andrés Arnaudo. “Presidente de la Droguería Genesis S.A” una de las más beneficiadas por el sistema de corrupción que funcionaba en ANDIS. Será indagado el 5 de diciembre.

8) Silvana Escudero. Presidenta de New Farma S.A. y hasta septiembre de 2024de Droguería Floresta S.A, dos de las cuatro que más se favorecieron con el sistema de corrupción de la ANDIS. Será indagada el 5 de diciembre.

9) Alejandro Fuentes Acosta. Pareja de Escudero. Es el Presidente de la mencionada Droguería Floresta S.A. Será indagado el 5 de diciembre.

Cuando termine esta primera ronda de 15 indagatorias y se analice el resultado de los últimos allanamientos es de esperar que se convoque a otras personas a prestar declaración en sede judicial. Es que la investigación en torno al "Coimagate" está en pleno proceso.