El peronismo busca ponerle un freno al ajuste que el gobernador Leandro Zdero aplica sobre los trabajadores provinciales. El bloque Frente Chaqueño presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley para suspender por 180 días los aumentos tarifarios en los servicios de energía eléctrica y agua potable, aprobados por el Ejecutivo provincial.
De esta manera, los legisladores pretenden postergar todo tipo de incrementos, actualizaciones o adecuaciones en las tarifas por seis meses. La medida toma como referencia los procesos de revisión tarifaria discutidos en audiencias públicas de Secheep realizada en Pampa del Infierno y de Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial (Secheep) en Presidencia Roca.
La empresa estatal SAMEEP había confirmado que durante 2026 se aplicaría un aumento escalonado en la tarifa del servicio de agua potable en la provincia. El presidente de la compañía, Nicolás Diez, detalló que el incremento acumulado rondará el 130% hacia fin de año. Las autoridades de la empresa señalaron que la actualización responde al aumento de los costos operativos, como los insumos para potabilización y el mantenimiento de equipos.
Mientras que SECHEEP propuso una suba promedio superior al 60% en el Valor Agregado de Distribución (VAD) y la implementación de un mecanismo de actualización mensual automática, durante la audiencia pública realizada este miércoles en Pampa del Infierno.
Frente al fuerte impacto que significaría para el bolsillo de los chaqueños, la iniciativa que impulsó el diputado Rubén Guillón propone prohibir cortes de servicio por falta de pago durante el mismo período para sectores vulnerables, tales como jubilados y pensionados; beneficiarios de programas sociales; personas con discapacidad; pacientes electrodependientes y microemprendimientos familiares registrados. Además, se establece que las empresas deberán implementar planes especiales de financiación, garantizar condiciones razonables de pago y no aplicar intereses punitorios durante la vigencia de la ley.
El diputado Guillón señaló que, en caso de que las subas en las tarifas se apliquen, "entre seis y siete de cada diez familias" tendrían "dificultades para pagar las facturas". "El problema no son solo las razones técnicas o financieras de las empresas, sino la oportunidad. Este no es el momento para estos aumentos", planteó el legislador en declaraciones para Diario Chaco. En esa línea, agregó que "no son aumentos razonables, son excesivos".
El legislador peronista adelantó que buscará su tratamiento preferencial en la Legislatura, y que la iniciativa será girada a las comisiones de Hacienda e Infraestructura. Además se plantea convocar a las autoridades de SECHEEP y SAMEEP, así como a asociaciones de usuarios.
La Justicia frenó la restitución de la cláusula gatillo, pero le ordenó a Zdero recomponer el salario docente
En medio del ajuste que lleva adelante el gobernador Zdero contra los trabajadores, el Superior Tribunal de Justicia de Chaco le ordenó al mandatario radical adoptar medidas para "garantizar la integridad y actualización de los salarios", aunque desestimó la restitución inmediata de la cláusula gatillo.
El tribunal hizo lugar parcialmente al recurso de inconstitucionalidad presentado por la Provincia y dejó sin efecto el punto del fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Resistencia que buscaba restablecer la cláusula en forma directa. Según sostuvo, esa decisión implicaba un avance del Poder Judicial sobre facultades propias del Ejecutivo y el Legislativo, que son los órganos competentes para definir la política salarial y el gasto público.
En ese sentido, el STJ remarcó que cualquier modificación en las remuneraciones del empleo público debe estar respaldada por una ley y previsión presupuestaria, y advirtió que la Justicia no puede sustituir esas decisiones sin vulnerar el principio de división de poderes.
Sin embargo, el fallo no convalidó la postura oficial en su totalidad. Por el contrario, reconoció que la eliminación de la cláusula gatillo, vigente de manera sostenida entre 2019 y 2025, tuvo un impacto directo sobre el poder adquisitivo docente y configuró una afectación a la intangibilidad salarial.
El tribunal consideró que la supresión del mecanismo de actualización, sin la implementación de alternativas, constituye una "medida regresiva incompatible con el derecho a una retribución justa y con los estándares constitucionales y convencionales en materia laboral".
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