La causa judicial que investiga la desaparición de una importante producción de maíz en un campo expropiado por el Estado provincial, sumó nuevas tensiones luego de declaraciones del abogado Pascual Celdrán, representante de uno de los propietarios de la firma El Caburé S.A. El letrado cuestionó el rumbo de la investigación y denunció la existencia de presuntas maniobras para evitar que la causa avance sobre funcionarios de mayor jerarquía dentro del Gobierno de San Luis, encabezado por Claudio Poggi.
La Justicia investiga, concretamente, el desvío y la desaparición de una cosecha de maíz de 2 millones de dólares de El Caburé S.A. El principal imputado por el delito, realizado al margen de la Ley de Contabilidad, es Ricardo André Bazla, ex secretario de Ética Pública provincial que debió renunciar en marzo ante el avance de la causa.
Según explicó en un video que fue difundido en sus redes sociales, en los expedientes civiles y administrativos existen elementos que contradicen la hipótesis sostenida por el Ministerio Público Fiscal respecto de la ocupación y explotación del establecimiento rural. En ese marco, apuntó contra funcionarios como Federico Trombotto, Víctor Endeiza y un familiar de Gonzalo Amondaraín, a quienes vinculó con supuestas maniobras de encubrimiento.
Uno de los principales planteos de la defensa se relaciona con el momento en que el Estado provincial tomó control efectivo del predio. De acuerdo con Celdrán, el propio Gobierno habría reconocido en otra causa judicial que la posesión formal del campo se concretó recién en abril de 2024, cuando la siembra de maíz ya se encontraba avanzada.
Cuestionamientos sobre la toma de posesión
Para el abogado, ese dato debilita uno de los argumentos centrales utilizados contra los imputados, entre ellos el ex funcionario Ricardo André Bazla. Además, aseguró que existen actas oficiales donde consta que al momento de la intervención estatal todavía había animales pertenecientes a la firma dentro del establecimiento rural.
Celdrán también criticó el accionar de Fiscalía de Estado y sostuvo que existirían presiones políticas destinadas a desplazar de la querella a quienes considera legítimos propietarios de El Caburé. Según afirmó, el objetivo sería impedir que la investigación alcance a funcionarios de niveles superiores dentro de la administración provincial.
Sospechas sobre documentación oficial
Otro de los ejes planteados por la defensa gira en torno a la supuesta inexistencia del denominado "decreto 12", mediante el cual se habría designado a un administrador del establecimiento expropiado. Para Celdrán, la situación podría derivar en posibles delitos vinculados a falsificación de documentos públicos y utilización de documentación presuntamente apócrifa.
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Asimismo, denunció que un convenio firmado entre funcionarios provinciales y Bazla habría sido fechado de manera irregular para justificar administrativamente la intervención estatal sobre el campo. "Le ponen fecha de abril cuando habría sido firmado en agosto", aseguró el abogado, quien calificó esa situación como un caso de "falsedad ideológica".
La investigación por la cosecha desaparecida
La causa judicial investiga la desaparición de una cosecha de maíz valuada en aproximadamente 2 millones de dólares, producida en un campo de unas 2.000 hectáreas ubicado en el departamento Pedernera, al sur de la provincia. El principal imputado es Ricardo André Bazla, ex secretario de Ética Pública y Control de Gestión del gobierno provincial, quien renunció a su cargo en marzo tras el avance del expediente judicial.
La acusación lo señala como presunto coautor de una maniobra de defraudación vinculada al retiro y disposición de la producción agrícola. La investigación intenta establecer quién autorizó la cosecha, quién administró el grano extraído del establecimiento y cuál fue el destino final de la carga luego de su retiro del predio.
El fiscal de la causa, Leandro Estrada, sostuvo que se realizaron actos de disposición de la cosecha sin respetar los procedimientos administrativos previstos por la Ley de Contabilidad, lo que generó un presunto perjuicio económico para el Estado provincial.
La expropiación del establecimiento rural
El establecimiento fue adjudicado en 2009 a El Caburé S.A. para desarrollar un proyecto productivo vinculado a la producción de embriones para caballos de polo, generación de empleo e incorporación de tecnología. Sin embargo, en 2024 el Gobierno provincial avanzó con la expropiación al argumentar incumplimientos contractuales, deterioro de las instalaciones y abandono del proyecto productivo.
Según informó oficialmente la administración provincial, una investigación previa detectó falta de personal y sectores cultivados en malas condiciones. Tras la recuperación de la posesión por parte del Estado provincial, se presentó la denuncia por la desaparición de la cosecha millonaria que actualmente es objeto de la investigación judicial.
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