La perito forense Virginia Creimer compareció este jueves ante la justicia en el marco del expediente conducido por el fiscal Santiago Ulpiano Martínez, derivado de la investigación por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro. A lo largo de una extensa presentación, la especialista desmontó los argumentos de la acusación, señaló que el fiscal carece de comprensión básica sobre los protocolos internacionales que regulan este tipo de investigaciones y advirtió que el caso podría sentar un precedente peligroso para el trabajo pericial en causas de derechos humanos.
La acusación
Creimer centró su declaración en refutar la hipótesis que le atribuye irregularidades en su actuación durante la inspección del destacamento de Teniente Origone. Explicó que el nivel de exhaustividad con el que abordó la escena no es una anomalía, sino una exigencia derivada de los estándares internacionales, en particular del Protocolo de Minnesota de Naciones Unidas sobre investigación de muertes potencialmente ilícitas. "La minuciosidad que se me recrimina no es un delito sino una competencia que surge del estudio y aplicación permanente de todos los protocolos de investigación forenses", afirmó.
En varios pasajes, la médica sostuvo que tanto el fiscal como otros operadores judiciales involucrados en la causa evidenciaron un desconocimiento profundo sobre los procedimientos técnicos que rigen este tipo de investigaciones. Llegó a calificar la hipótesis acusatoria de "absurda e ignorante". Uno de sus abogados fue más directo al resumir la audiencia: "Le explicó a Ulpiano Martínez los fundamentos del derecho y de la práctica forense aplicables a este tipo de casos".
El fiscal bajo la lupa
El expediente vuelve a colocar en el centro de la escena a Ulpiano Martínez, uno de los funcionarios judiciales más controvertidos de Bahía Blanca. Su rol en la investigación por la muerte de Facundo Astudillo Castro ya había generado fuertes críticas de organismos de derechos humanos, sectores políticos y la familia del joven, que cuestionaron el manejo de las hipótesis vinculadas al accionar policial y denunciaron irregularidades en el desarrollo de la pesquisa.
Creimer cuestionó además que el mismo fiscal la haya convocado a declarar en el juicio contra Marcos Herrero mientras, según afirmó, ya la tenía bajo investigación. Esa circunstancia, sostuvo, constituye una violación de garantías constitucionales elementales.
Más allá del caso en sí, la defensa subrayó las implicancias institucionales que tendría una condena por falso testimonio fundada en diferencias de criterio técnico o en interpretaciones científicas divergentes. Si ese camino prosperara, advirtieron los abogados, se abrirían cuestionamientos sobre pericias practicadas en múltiples causas —con posible impacto sobre sentencias ya firmes— y podría generarse responsabilidad internacional para el Estado argentino ante organismos de derechos humanos.
La propia Creimer utilizó una expresión provocadora para describir la situación: habló de "un peligroso agravio circense" y señaló que el caso es seguido "con preocupación" por distintos organismos nacionales e internacionales. Desde su defensa confirmaron que vienen remitiendo información sobre el expediente a foros académicos y especializados del país y del exterior.
Una trayectoria marcada por causas sensibles
A lo largo de su presentación, Creimer repasó también su historial profesional, que incluye intervenciones en expedientes de alto impacto vinculados a violencia institucional: los casos de Luciano Arruga, Franco Casco y Carlos Orellano, entre otros, además de participaciones en investigaciones internacionales sobre femicidios y violencia estatal.
Relató haber recibido amenazas y sufrido presiones judiciales como consecuencia directa de sus dictámenes en causas sensibles, incluidas presentaciones promovidas por el represor Miguel Etchecolatz tras integrar juntas médicas que determinaron que el genocida podía permanecer detenido en cárcel común.
"La única subjetividad que presenta esta causa es la interpretación de pretendidas pruebas y confabulaciones inexistentes", cerró Creimer al concluir su declaración.
La causa sigue generando repercusiones en los ámbitos judicial, académico y de derechos humanos, donde la preocupación se concentra en las consecuencias que tendría para el sistema pericial argentino la judicialización del contenido técnico de una pericia.
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