A una semana de la marcha federal para exigir al Gobierno de Javier Milei que aplique la Ley de Financiamiento Universitario, Axel Kicillof se reunió con rectores nacionales alineados con el peronismo para analizar el escenario actual por la crisis educativa. El gobernador de la Provincia de Buenos Aires confirmó que participará el próximo 12 de mayo.
Tras dar señales de construcción política para el camino hacia el 2027, el mandatario bonaerense cuestionó una vez más el rumbo económico del Ejecutivo nacional y lo responsabilizó con el deterioro del sistema universitario. Así denunció un “ataque deliberado” contra la educación pública y apuntó contra el recorte de fondos. Además, adelantó que el PJ bonaerense convocará a la movilización del 12 de mayo.
El conflicto se intensificó tras la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario en 2025, aprobada por el Congreso y ratificada luego del rechazo al veto presidencial.
La crisis universitaria
Según datos difundidos en el ámbito universitario, el ajuste sobre las casas de estudio alcanza el 45%, lo que deja a muchas instituciones funcionando con recursos muy por debajo de lo necesario. A esto se suma la paralización de partidas clave, como las destinadas a investigación y becas, en un contexto donde el salario docente aparece como uno de los puntos más sensibles del conflicto agudizado por la falta de convocatoria a paritaria.
Un informe del Observatorio del Salario y Presupuesto Universitario advierte que, entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, la pérdida acumulada equivale a 11,4 sueldos actuales para los docentes por lo que la inflación licuó casi un año completo de ingresos en poco más de dos años. En esa línea, el índice de salario real cayó a 64 puntos, lo que implica una pérdida del 36% del poder adquisitivo desde noviembre de 2023, ubicándose en niveles históricamente bajos.
Desde el ámbito académico advierten que el incumplimiento de la ley no solo agrava la crisis presupuestaria, sino que también tensiona el funcionamiento institucional del país.
Tras la nula respuesta por parte del gobierno libertario, los rectores avanzan con una estrategia política y comunicacional para visibilizar el conflicto. La movilización contará con el apoyo de gremios docentes, no docentes, estudiantes y distintos sectores políticos, y buscará amplificar el reclamo por financiamiento y cumplimiento de la ley vigente. El objetivo es exigir la transferencia de fondos para salarios, becas y gastos de funcionamiento, en un contexto donde las universidades aseguran estar operando al límite.
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