La caída del salario en términos reales, la crisis del empleo y la desregulación financiera, especialmente de las tasas de interés a partir de la Ley Bases, crearon la tormenta perfecta: deuda masiva para todos y para todo, y a cualquier precio. El endeudamiento de las familias para gastos corrientes, que pudimos evitarlo en la Argentina durante la la pandemia de COVID-19, hoy es una realidad que ahoga a muchos hogares trabajadores. Si bien el cuadro general es conocido, cabe aquí identificar características particulares: quiénes se endeudan, para qué se y sobre todo, quién otorga la deuda y a qué tasa.
La expansión de préstamos personales viene principalmente por fuera del sistema bancario. Entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 la cantidad de adultos que contrajeron deudas con los proveedores no financieros de crédito (principalmente apps y fintechs) se incrementó en 2,2 millones de personas. El 53% son mujeres y más de la mitad son adultos jóvenes (18 a 39 años), una proporción 20 puntos superior a la de la banca tradicional. Y esto que muchos llaman inclusión financiera, muchas veces es aprovecharse de los que menos tienen y más desesperados están.
Las tasas de interés para préstamos personales subieron sostenidamente tras la desregulación: en bancos pasaron del 80% al 104% anual entre principios de 2024 y marzo de 2026, mientras que las entidades no bancarias cobraron entre 40 y 130 puntos porcentuales más, evidenciando el alto costo de endeudarse fuera del sistema financiero formal. En consecuencia, según datos del BCRA, la mora (mayor a 90 días) en el pago de las deudas individuales a los bancos pasó de 2,5% en diciembre de 2024 a 11,2% en marzo 2026, mientras que en el caso de las entidades no bancarias la mora pasó del 8% en diciembre 2024 al 30,1% en marzo 2026. Este fenómeno afecta mucho más a los sectores más jóvenes, alcanzando el porcentaje de mora en los adultos menores a 25 años el 39% de irregularidad.
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Esto es conducente con la promoción de una cultura financiera que promueve la gestión de Bausili y Caputo. Un ejemplo es la desregulación en la Comisión Nacional de Valores que permite el acceso de adolescentes mayores de 13 años a los fondos comunes de inversión abiertos y modificó el alcance y los requisitos para sus operaciones en el mercado de capitales, sin ningún programa real de educación financiera.
Vemos que hay nuevos usureros que se visten de algoritmos para estafar a las mayorías. El sobreendeudamiento familiar tiene una salida estructural: la recomposición salarial y la creación de empleo que requiere una política fiscal expansiva y políticas de producción y desarrollo. Pero también requiere políticas paliativas a corto plazo. Estas medidas paliativas de ninguna manera pueden ser un salvavida de los nuevos algoritmos usureros, por dos motivos: los recursos públicos no pueden orientarse a sanear balances de quienes se abusaron de las necesidades de los que menos tienen y segundo porque hace muchas décadas que las regulaciones financieras buscan reducir el riesgo moral entre quienes otorgan los créditos.
Desarrollo este último punto. Si la generación de créditos morosos tarde o temprano es rescatada por el sector público, entonces las mismas fintech nunca tendrán incentivos para gestionar sus riesgos y ser efectivamente parte del engranaje de un sistema financiero sólido y saneado. Si un banco público, el fondo de garantías de sustentabilidad o cualquier otro fondo público paga las deudas de las familias a las fintech sin que estas asuman ningún costo, el problema seguirá y se agravará a costas de las arcas públicas.
Dejo acá una contrapropuesta. Crear una Agencia de Desendeudamiento de las Familias podría ser una opción para distribuir más justamente el costo de la crisis de sobreendeudamiento. Hoy las entidades financieras - bancarias y no bancarias - venden su cartera de créditos en mora por un valor menor al 10% del monto total adeudado. Es decir, por cada $100 que no pueden cobrar después de 180 o 365 días, venden ese crédito a una empresa por el valor de $10 (a veces solo por $6) y descuentan el 35% del impuesto a las ganancias del capital. Una agencia de desendeudamiento permitiría comprar la deuda de las familias mayor a 365 días por un valor del 10% como máximo. Así, los bancos y sobre todo las fintech absorberían más del 50% de la pérdida y asumirían su cuota de responsabilidad del problema. Al mismo tiempo, la agencia del Estado podría aplicar modelos de renegociación y recupero de crédito a niveles mucho menores de tasa y con discrecionalidad para comprender si se trata de personas con vulnerabilidad social.
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