Los legisladores europeos aprobaron el martes cambios en el sistema de asilo de la Unión Europea, allanando el camino para la expulsión rápida de los solicitantes de asilo rechazados, lo que pone de relieve el auge de las políticas antiinmigración en la última década.
El texto, que requiere la aprobación formal definitiva de los 27 gobiernos miembros de la UE, supone un endurecimiento de la política migratoria del bloque que ha tomado forma desde la llegada de más de un millón de refugiados y migrantes en 2015-2016.
La medida suscitó duras críticas de grupos humanitarios, que afirmaron que podría dar lugar a violaciones de los derechos humanos y a una disminución de los derechos de asilo en virtud de la convención de 1951 que prohíbe la devolución de los solicitantes de asilo a países en los que podrían correr riesgo.
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El Parlamento Europeo aprobó cambios en el reglamento sobre los procedimientos de asilo para introducir una serie de países considerados "seguros" a los que podrían ser devueltos los solicitantes de asilo rechazados. La lista incluye naciones como Egipto y Túnez, cuyos historiales en materia de derechos humanos han sido objeto de escrutinio.
En virtud de las nuevas normas, los países de la UE pueden rechazar una solicitud de asilo si la persona podría haber recibido protección en un país que el bloque considera seguro.
Los legisladores también acordaron un reglamento para establecer normas a escala de la UE sobre el retorno de los migrantes, incluidas las obligaciones de quienes reciben órdenes de retorno por primera vez.
Los migrantes que no abandonen voluntariamente el territorio podrían enfrentarse a penas de prisión por falta de cooperación, según las nuevas normas, que también permitirán a los países de la UE crear "centros de retorno" fuera del bloque, como los establecidos por Italia en Albania.
Los cambios se derivan de un conjunto de normas y procesos de la UE para conocido como Pacto de Migración, aprobado en 2023, pero cuya plena aplicación no está prevista hasta junio de 2026.
La retórica antiinmigración ha aumentado en toda la UE desde que más de un millón de personas, principalmente de Siria, llegaron a través del Mediterráneo en 2015. Ese sentimiento ha impulsado el apoyo público a los partidos nacionalistas de derecha, lo que ha llevado a los gobiernos a adoptar políticas migratorias cada vez más restrictivas centradas en los retornos.
Con información de Reuters
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