La crisis migratoria registrada en el enclave de Ceuta desencadenó una fractura geopolítica en la Unión Europea luego de que las autoridades de Italia ordenaron el cierre de sus fronteras marítimas y aéreas con España, llevando al límite el choque diplomático entre ambas naciones. El gobierno italiano adoptó la medida en coordinación con Francia, que dispuso un despliegue policial extraordinario para reforzar los controles en la frontera terrestre hispano-francesa.
La decisión de Roma profundiza la tensión desatada cuando la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, sugirió la suspensión de España del espacio Schengen tras el ingreso de unas 60.000 personas en la zona de El Tarajal, de las cuales la gran mayoría ya ha sido devuelta a Marruecos. Frente a la propuesta de exclusión comunitaria, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España convocó de urgencia al embajador italiano en Madrid, Giuseppe Buccino Grimaldi, para elevar una protesta formal contra lo que consideró una postura impropia de un país aliado y un ejercicio de demagogia partidista.
Desde la ciudad autónoma de Ceuta, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, salió al cruce de las críticas de la administración italiana exponiendo los datos oficiales elaborados por la agencia comunitaria Frontex entre los años 2021 y 2026. Según las estadísticas publicadas por el mandatario, Italia registró en dicho período un total de 478.600 ingresos irregulares, más del doble de los 234.760 contabilizados por España, figurando además las rutas de los Balcanes occidentales con 340.600 y Grecia con 259.800 accesos. "La solidaridad y la empatía son opcionales. El respeto a los tratados europeos y a los datos no. No es tiempo de dividir, es tiempo de seguir construyendo una UE fuerte y unida", replicó.
Sánchez defendió la eficacia del modelo migratorio español y remarcó la importancia de la contención en origen y la cooperación internacional. No obstante, las duras imágenes del desbordamiento fronterizo alicantaron una posición de rechazo en diversos gobiernos del bloque, donde varios socios respaldaron abiertamente las exigencias de rigor expresadas por Roma.
El endurecimiento de la postura italiana encontró un rápido eco en otras capitales de la Unión Europea. La primera ministra de Dinamarca, la socialista Mette Frederiksen, instó a las autoridades de Bruselas a evaluar todas las herramientas de sanción, incluyendo la suspensión temporal de la cooperación en el espacio de libre circulación. En la misma línea, el canciller austriaco, Christian Stocker, reclamó que no se permita la llegada de ningún migrante ilegal al continente y criticó los procesos de regularización de extranjeros por considerarlos un factor de atracción.
En paralelo a las negociaciones internacionales, el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, mantiene el operativo de control en Ceuta junto a las autoridades locales, mientras la diplomacia europea intenta tender puentes para evitar que la suspensión de las conexiones aéreas y marítimas decretada por Italia paralice el tránsito y las dinámicas comerciales en el sur de Europa.
Con información de EuropaPress.
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