El Tribunal de Apelación de París condenó a la máxima referente de la derecha dura francesa, Marine Le Pen, por el delito de malversación de fondos públicos. Si bien la sentencia le impuso una pena de 15 meses de inhabilitación efectiva para ejercer cargos públicos —un plazo que técnicamente le permite llegar a tiempo para competir en las elecciones presidenciales de abril de 2027—, la obligación de cumplir un año de prisión domiciliaria con control de tobillera electrónica deja su candidatura en el limbo.
El tribunal la halló culpable, junto a otras once personas y a su partido político (Agrupación Nacional), del desvío de más de 2,8 millones de euros pertenecientes al Parlamento Europeo. Los fondos, que debían destinarse exclusivamente al pago de asesores parlamentarios en Bruselas, fueron utilizados de forma ilegal para financiar los sueldos de empleados que trabajaban directamente en la estructura partidaria interna en Francia. Además de la pena de prisión y la inhabilitación, Le Pen deberá pagar una multa de 100.000 euros. "Un responsable político tiene que ser ejemplar en el cumplimiento de las normas", sentenció la presidenta del tribunal parisino al leer el fallo, fundamentando el castigo a la dirigente de 57 años.
En primera instancia, en marzo de 2025, Le Pen había sido condenada a cinco años de inhabilitación de cumplimiento inmediato, lo que la dejaba totalmente afuera de la carrera presidencial. Tras apelar, los jueces de segunda instancia recalcularon los plazos: fijaron la inhabilitación en 45 meses, pero dejaron 30 de ellos "en suspenso" (condicionados a que no vuelva a cometer delitos). Al reducirse la pena firme a solo 15 meses, los tiempos legales le permiten presentarse a las urnas dentro de diez meses.
Sin embargo, el verdadero escollo para la dirigente no es la matemática legal, sino la logística de la campaña electoral. Al ser sentenciada a tres años de prisión (dos de ellos en suspenso), Le Pen deberá cumplir un año bajo el régimen de prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Las condiciones de circulación por el territorio francés quedarán bajo el estricto criterio de un juez de ejecución de penas. La propia Le Pen había advertido la semana pasada que no aceptaría ser candidata si no podía recorrer el país y hacer campaña "libremente", algo que el dispositivo electrónico le impedirá casi por completo.
El factor Bardella: ¿Se activa el plan de sucesión?
El fallo judicial acelera de forma dramática los tiempos políticos de la oposición francesa. Se espera que la propia dirigente brinde mayores precisiones sobre su futuro político y aclare si mantendrá su postulación en una entrevista televisiva pautada para la tarde de este mismo martes en la cadena privada TF1.
Ante la posibilidad de que Le Pen decida bajarse de la carrera debido a las restricciones ambulatorias, todas las miradas apuntan ahora a su "delfín" y heredero político, Jordan Bardella. El joven dirigente y actual presidente formal del partido se anticipó al escenario judicial y buscó llevar tranquilidad a sus filas: "Hemos anticipado todos los escenarios; estoy tranquilo y dispuesto a asumir las consecuencias de la decisión", manifestó, dejando en claro que la estructura está lista para un recambio de liderazgo si la tobillera electrónica termina de marginar a Le Pen.
Con información de la Agencia Deutsche Welle.
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