La Fiscalía de Bolivia emitió este miércoles una nueva orden de captura contra el expresidente Evo Morales, quien fue acusado de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado y otros delitos por su presunta participación en las protestas y bloqueos de rutas que se extendieron entre mayo y junio en distintas regiones del país. En sus redes, el ex jefe de Estado aseguró que quienes impulsan las causas buscan responsabilizarlo "de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia" y aseguró que no se va a dejar "intimidar".
La medida fue firmada por el fiscal Brayan Melgar y, según confirmaron medios bolivianos, también incluye cargos por atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
La investigación judicial sostiene que Morales habría tenido un rol en las movilizaciones que durante siete semanas impulsaron campesinos del departamento de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), junto con sectores afines al exmandatario. La principal exigencia de esas protestas era la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Los cortes de rutas afectaron especialmente al occidente y al centro del país y provocaron graves problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades bolivianas. De acuerdo con los datos oficiales, las protestas dejaron al menos 16 personas fallecidas. 13de esas muertes estuvieron relacionadas con la imposibilidad de recibir atención médica a tiempo debido a los bloqueos. Además, las autoridades estimaron pérdidas económicas superiores a los 3.000 millones de dólares.
La denuncia fue presentada a comienzos de julio por dirigentes cívicos de Santa Cruz, el principal polo económico de Bolivia. Posteriormente, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, se sumó a la acción judicial. La causa también alcanza al máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana, Marco Argollo, y al líder campesino Vicente Salazar, quien permanece detenido de manera preventiva desde el 6 de julio en el marco de otra investigación vinculada con los mismos episodios.
La respuesta de Evo Morales
En sus redes sociales, el expresidente cuestionó la decisión de la Fiscalía y aseguró que no se dejará "intimidar" ante estas medidas. "Hoy el gobierno emite una nueva orden de aprehensión en mi contra, acusándome de supuestos delitos de terrorismo y alzamiento armado. Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción", comenzó el mensaje que publicó en su cuenta de X.
"Nuestra posición siempre ha sido clara: estamos del lado de quienes sufren el ajuste, la escasez de combustible, el alza del costo de vida, la inseguridad y el avance del narcotráfico. Con procesos y persecución política no resolverán los problemas que ellos mismos han provocado; solo intentan desviar la atención con un nuevo titular", continuó y agregó: "No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos".
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