Tras cuatro años de estado de emergencia, el gobierno de El Salvador promulgó este martes un proyecto de ley que permitirá aplicar cadenas perpetuas a menores de 12 años por "delitos graves", categoría en la que entran casos como homicidios, terrorismo o violación. La medida, impulsada por el presidente Nayib Bukele, ya fue criticada por la oposición salvadoreña por las posibles violaciones a los derechos humanos que implicaría esta legislación. Desde San Salvador confirmaron que entrará en vigor a partir del 26 de abril.
Desde que llegó a la Casa Presidencial de San Salvador, Bukele mantiene una política de mano dura contra los sectores que considera ligados a la delincuencia. Prorrogó casi 50 veces el estado de emergencia en el país desde 2022 y mantiene detenidas, de acuerdo a los informes de diferentes organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, al 1,9% de la población, una de las tasas más altas del mundo. Además, desde 2023, el presidente ordena ejecutar los llamados "juicios colectivos", un tipo de procedimiento judicial que permite juzgar hasta 900 personas a la vez.
La nueva ley de cadena perpetua para niños menores de 12 años fue aprobada durante el mes de marzo como parte de una enmienda constitucional que impulsó el presidente Bukele. Y no tuvo mayores sobresaltos en la Asamblea Legislativa salvadoreña, que está controlada mayoritariamente por el oficialista Nuevas Ideas, el partido fundado por el mandatario.
Durante el debate, Bukele apuntó en sus redes sociales contra los opositores de la enmienda y los acusó de ser ser "demasiado indulgentes" con los delitos violentos.
"Ya veremos quién apoya esta enmienda y quién se atreverá a argumentar que la Constitución debería seguir prohibiendo que los asesinos y violadores permanezcan en prisión", escribió Bukele el 17 de marzo en su cuenta personal de X.
Las críticas que Bukele recibió desde el exterior
Tras la aprobación de la ley, algunas organizaciones como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) expresaron su "profunda preocupación" ante la posibilidad de que los niños pudieran ser condenados a cadena perpetua. Advirtieron además que el encarcelamiento "podría tener graves consecuencias a largo plazo" para el desarrollo de los niños y adolescentes, además de afirmar que es "improbable" que tales medidas "reduzcan la delincuencia en general".
"La imposición de cadenas perpetuas y medidas de detención excesivamente prolongadas a niños y adolescentes constituyen una contradicción con las normas consagradas en la Convención sobre los Derechos del Niño", escribió UNICEF en un comunicado conjunto con el Comité de los Derechos del Niño, un organismo de control de la ONU. "Estas normas mínimas exigen que los niños en conflicto con la ley sean tratados de manera que se priorice su rehabilitación y reintegración", agregaron al final.
Desde distintas entidades de derechos humanos le pidieron reiteradamente a Bukele y al gobierno salvadoreño en las últimas semanas que pongan fin al estado de emergencia y a las medidas conexas contra el crimen, argumentando que "violan los derechos humanos fundamentales".
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Crecen las denuncias por delitos de lesa humanidad en El Salvador
El mes pasado, el Grupo Internacional de Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos durante el Estado de Emergencia en El Salvador (GIPES) publicó un documento en el que denunciaron la existencia de crímenes de lesa humanidad durante los últimos cuatro años, es decir, desde la implementación del estado de emergencia.
El grupo se basó en comentarios del propio Bukele, quien reconoció que "al menos 8.000 detenidos eran inocentes".
"Las cifras hablan por sí solas", afirmó José Guevara, uno de los expertos miembros del comité y que fue parte del informe. "No se trata de casos aislados, sino de una política en la que se cometen delitos a gran escala y de forma sistemática", agregó Guevara.
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