El director de Migraciones de Chile, Frank Sauerbaum, anunció un plan de fiscalización en empresas para reforzar el control migratorio en los primeros 90 días de gestión del gobierno de José Antonio Kast. Según argumentó el funcionario, la medida apunta a sectores con irregularidades laborales y es parte de las políticas antimgratorias que había prometido en campaña. El modelo chileno del ICE de Donald Trump.
El Gobierno chileno avanza con una batería de medidas para ordenar la situación migratoria, con foco en el ámbito laboral. Según explicó Sauerbaum, el plan contempla operativos coordinados en empresas y lugares de trabajo donde se detectan mayores irregularidades. En ese marco, el funcionario confirmó que se realizará una reunión en el Palacio de La Moneda con distintos organismos estatales para coordinar los controles. Participarán el Servicio de Impuestos Internos, la Dirección del Trabajo, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile.
El objetivo será desplegar operativos en terreno en sectores donde se detectan incumplimientos, especialmente en rubros como la construcción y la gastronomía. "Esto no va a ser una caza de brujas ni mucho menos, pero vamos a tratar de estar desplegados en las empresas en donde nosotros sepamos que se incurre con más frecuencia", aclaró en diálogo con La Tercera Sauerbaum, quien remarcó que la intención es reforzar el cumplimiento de la normativa vigente más que perseguir indiscriminadamente a trabajadores migrantes.
El diagnóstico oficial distingue entre sectores donde la migración funciona de forma ordenada y otros donde existen mayores problemas. En el ámbito agrícola, por ejemplo, Sauerbaum destacó el funcionamiento de la visa Mercosur. "Eso ha funcionado muy bien y tiene algunas mejoras que hacer, pero en general no hemos tenido problema con eso. Los bolivianos en general que vienen a la cosecha vuelven", declaró y contrastó: "La construcción, los restaurantes y una serie de otros rubros que sí efectivamente hay problemas".
El Gobierno frenó la expropiación de Colonia Dignidad
En paralelo a la agenda migratoria, el Ejecutivo anunció que dará marcha atrás con la expropiación de Colonia Dignidad. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que el Gobierno revocará el plan impulsado por la administración anterior de Gabriel Boric, bajo supuestas razones presupuestarias. Según argumentó, la expropiación implicaba un costo cercano a los 47.000 millones de pesos, recursos que —según el Ejecutivo— pueden destinarse a otras prioridades sociales, como la reparación de viviendas en mal estado. “Gobernar es priorizar”, sostuvo Poduje a La Tercera.
La antigua Colonia Dignidad fue un enclave fundado en 1961 que funcionó como centro de detención, tortura y exterminio durante la dictadura de Augusto Pinochet. En ese lugar operó la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), responsable de graves violaciones a los derechos humanos. Se estima que más de un centenar de opositores fueron asesinados allí y que muchos continúan desaparecidos.
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