En medio del debate nacional por la baja de la edad de imputabilidad, el Gobierno de Tucumán puso en marcha en las últimas semanas una reorganización del sistema de alojamiento para adolescentes en conflicto con la ley penal, que incluye el traslado de jóvenes desde el Instituto Roca hacia un nuevo dispositivo socioeducativo llamado Cura Brochero, ubicado en un sector del penal de máxima seguridad de Benjamín Paz. La medida, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Federico Masso, generó cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos que advierten posibles vulneraciones de derechos fundamentales.
Según informaron desde la cartera social provincial, el traslado de los adolescentes forma parte de una restructuración integral del sistema de alojamiento juvenil en la provincia, con el objetivo declarado de garantizar condiciones habitacionales, educativas y psicológicas adecuadas para los menores bajo medidas judiciales. El ministro Masso y la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Graciela Sare, mantuvieron reuniones con representantes de organizaciones de la sociedad civil, con quienes intercambiaron inquietudes respecto a la transición hacia el nuevo espacio.
En ese marco, Masso afirmó que el nuevo dispositivo seguirá dependiente de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y que se está trabajando para que cumpla con la legislación provincial, nacional y convenios internacionales que garantizan los derechos de niñas, niños y adolescentes. “Estamos llevando adelante una restructuración necesaria que prioriza la legislación vigente y el bienestar de cada uno de los menores alojados”, sostuvo el funcionario.
Según explicaron, el proceso incluye la adecuación del Pabellón 8 del Servicio Penitenciario de Benjamín Paz, donde se construyen oficinas modulares para equipos técnicos y administrativos, una entrada independiente y medidas que, según las autoridades, permitirán evitar el contacto visual con internos adultos. En enero, Masso junto a otros funcionarios recorrieron ese pabellón y detallaron que las adecuaciones buscan garantizar un entorno de reeducación y contención adecuado.
El alineamiento con Nación y la edad de imputabilidad
Sin embargo, la decisión de alojar a adolescentes en un sector de un penal de adultos también tuvo reacciones críticas de organizaciones de derechos humanos en Tucumán. El Destape se comunicó con la organización de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) parte de la Mesa No a la Baja de Edad de Punibilidad Tucumán, quienes calificaron a la medida como "regresiva en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes", además de vulnerar derechos de rango constitucional, como el principio de especialidad del régimen penal juvenil que establece que a los adolescentes infractores o presuntos infractores de la ley penal se les debe aplicar un sistema especializado, diferente del de los adultos.
Otro de los puntos de la crítica menciona que el artículo 37 inciso C de la Convención de los Derechos del Niño prohíbe expresamente el alojamiento de NNyA junto a personas adultas. "Esta prohibición no se subsana con la habilitación de un pabellón separado, tal y como lo anunció el gobierno de Tucumán", señalaron desde la organización.
Cabe destacar que el Complejo Penitenciario de Benjamín Paz se encuentra a aproximadamente 54 km de la capital y para la mayoría de estos adolescentes ese traslado significa "alejarlos de sus centros de vida y obstaculizar el sostenimiento de los vínculos familiares y afectivos", comprometiendo su desarrollo por una mirada punitiva. Del mismo modo, desde ANDHES aseguraron que el complejo presenta "graves deficiencias estructurales que afecta el acceso a derechos básicos, tales como el acceso al agua, la realización de actividades recreativas y socioeducativas".
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Con respecto al alineamiento del gobernador Jaldo con el Gobierno nacional, el organismo aseguró que la decisión de trasladar a adolescentes a un pabellón dentro de la cárcel de adultos "se inscribe claramente en el mismo clima político que viene marcando el debate por la baja de la edad de punibilidad". "Estamos ante un síntoma de un rumbo político que privilegia el encierro y el castigo por sobre la protección integral, la prevención y las respuestas socioeducativas que deberían estar en el centro de cualquier política para niños, niñas y adolescentes seria", afirmaron.
Por otra parte, desde el organismo subrayaron que, a día de hoy, existen herramientas legales para impugnar la medida, como el Hábeas Corpus Preventivo Colectivo que presentaron el pasado jueves, donde le solicitaron a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que le ordene al Poder Ejecutivo no trasladar a los adolescentes alojados en el Instituto Roca hacia el Complejo de Benjamín Paz.
"Esta medida tomada por el gobierno provincial no persigue solucionar los problemas de seguridad, ni podría hacerlo. Actualmente hay 10 adolescentes alojados en el Instituto Roca, las tasas de homicidios dolosos están en tendencia bajista y el universo de adolescentes que cometen delitos es significativamente menor al de adultos. Aquí no estamos ante una medida de seguridad, estamos ante una medida de demagogia punitivista, violenta, regresiva e ineficaz", concluyeron desde ANDHES.
Con el hábeas corpus ya presentado y el trasfondo del debate nacional por la baja de la edad de imputabilidad, la discusión sobre el traslado de adolescentes al complejo de Benjamín Paz quedará ahora en manos de la Justicia. En ese contexto, la decisión del gobierno de Osvaldo Jaldo no aparece aislada sino en sintonía con el rumbo que impulsa el Ejecutivo nacional en materia de política criminal juvenil.
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