La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional encendió luces de alerta en el Nordeste Argentino (NEA), región que agrupa las provincias de Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes. Más allá de los cambios en las relaciones de trabajo, el proyecto plantea un impacto fiscal directo sobre las provincias y el sistema de Seguridad Social, con una fuerte reducción de recursos coparticipables y previsionales. Según advierten especialistas y gremios técnicos, el costo de la iniciativa recaería principalmente en los Estados provinciales y en los trabajadores, mientras el alivio se concentraría en el sector empresario bajo el argumento de fomentar la formalización laboral.
El proyecto promovido por el Ejecutivo que encabeza Javier Milei incluye modificaciones tributarias que reducen la recaudación de impuestos clave que integran la masa coparticipable. Entre ellos figuran el Impuesto a las Ganancias aplicado a sociedades, los impuestos internos sobre servicios de telefonía celular y satelital y los tributos vinculados a los seguros. Como las provincias reciben por ley el 59% de esa masa, cualquier recorte se traduce de manera inmediata en menos recursos para financiar salud, educación, infraestructura y políticas sociales.
Ajuste, provincia por provincia
De acuerdo con un relevamiento elaborado por la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip), las pérdidas proyectadas para las provincias del NEA son significativas. Formosa aparece con un recorte calculado de $65.800 millones, mientras Corrientes dejaría de percibir $67.247 millones de pesos. Misiones sufriría una disminución de recursos coparticipables cercana a los $59.756 millones y Chaco lidera el ranking del mayor impacto con $90.244 millones.
Para economías provinciales con alta dependencia de los fondos nacionales, estos números representan un golpe de magnitud. Distintos gobernadores y equipos técnicos advirtieron que el recorte limitaría la capacidad de respuesta de los Estados subnacionales en un contexto económico ya tensionado por la caída de la actividad y del consumo.
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Uno de los puntos más cuestionados de la reforma es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo destinado a cubrir indemnizaciones por despido. El fondo se financiaría mediante una reducción de tres puntos porcentuales en las contribuciones patronales: del 20,4% al 17,4% para el sector servicios y del 18% al 15% para el resto de los empleadores privados.
Si bien la medida implica un alivio para las empresas, Aefip advirtió que genera un desfinanciamiento directo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), administrado por la ANSES. Desde el gremio sostienen que se trata de una “reforma tributaria encubierta” que debilita los ingresos previsionales y, en consecuencia, compromete la sustentabilidad del sistema jubilatorio.
El diputado nacional y exgobernador de Chaco, Jorge Capitanich, calificó la iniciativa como un “ataque directo a los trabajadores”, según informó Perfil, y estimó que el desvío de fondos hacia el FAL podría restarle al sistema jubilatorio unos 4.300 millones de dólares. Incluso comparó la medida con un intento de “volver a las AFJP, pero en cuotas”, y cuestionó su constitucionalidad al señalar que las modificaciones impositivas deberían discutirse de manera específica en el Congreso.
Desde el Gobierno nacional, en cambio, relativizaron el impacto fiscal y sostienen que el costo debe interpretarse como una inversión necesaria para reducir la informalidad laboral. Según el oficialismo, la baja de cargas patronales permitiría incorporar a millones de trabajadores al sistema formal, generando a mediano plazo una mayor base de aportantes.
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