Tras el envío al Congreso del proyecto de reforma electoral impulsado por el Gobierno nacional, que propone la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cambios en la Boleta Única Papel y nuevas reglas de financiamiento partidario, desde Formosa advirtieron que las modificaciones podrían afectar el funcionamiento democrático en Argentina.
La iniciativa, que además incorpora el criterio de “Ficha Limpia” para impedir candidaturas con condena confirmada en segunda instancia y flexibiliza las restricciones para la difusión de encuestas y publicidad durante la veda, fue cuestionada por la jueza del Tribunal Electoral Permanente, Sandra Moreno. “Es perjudicial para la democracia en general, para los partidos políticos y también para el ciudadano”, sostuvo en declaraciones a Agenfor.
En relación con las PASO, la magistrada recordó que ya habían sido suspendidas de manera excepcional y consideró que su eliminación implicaría perder una instancia relevante de participación política. “Son internas de los partidos que permiten proponer varios candidatos, y es la ciudadanía en general, no solamente los afiliados, la que vota”, explicó.
La importancia del proceso electoral y su modificación
Moreno sostuvo además que las PASO funcionan como un “termómetro” de la gestión nacional, ya que permiten medir el nivel de respaldo al oficialismo y observar qué fuerzas políticas llegan mejor posicionadas con sus propuestas.
Por otra parte, señaló que la iniciativa del presidente Javier Milei también apunta a modificar la Boleta Única para cargos nacionales, sistema que incorporará la categoría presidencial el próximo año. Según explicó, se busca sumar un casillero para votar lista completa al seleccionar al primer candidato.
“Quieren agregar un casillero que permita que cuando se vota al primero de la lista, ya se vota completo”, indicó la magistrada, y advirtió que esa modalidad podría generar confusión entre los electores, ya que hasta ahora el esquema vigente permite combinar opciones de distintos espacios según cada categoría.
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Moreno advirtió además que la iniciativa “no solamente propone un desfinanciamiento” mediante la reducción de aportes a los partidos, sino que también eleva los requisitos para competir por la Presidencia. Según explicó, el proyecto exige representación en diez distritos para presentar una candidatura, cuando actualmente el piso requerido es de cinco. En la misma línea, señaló que también se busca modificar el porcentaje de adhesiones o afiliados necesarios para constituir una fuerza política, lo que, a su entender, perjudicaría a los espacios más pequeños o con menor nivel de representación.
Respecto del criterio de Ficha Limpia, sostuvo que el oficialismo pretende impedir candidaturas de personas con condena confirmada en segunda instancia por delitos dolosos. Para la magistrada, se trata de otro cambio sensible dentro de una reforma que impacta sobre las reglas de competencia electoral.
“Esta reforma electoral va a perjudicar a la democracia en general y a la vida de los partidos políticos”, sostuvo Moreno, al rechazar los argumentos del Gobierno libertario, que justificó la iniciativa en la necesidad de reducir gastos. “Se sabe que para el ejercicio de los derechos y la democracia esto no puede considerarse un gasto, sino una inversión”, afirmó la jueza.
En ese sentido, cerró con una advertencia histórica: “Pensemos en los años de dictadura, cuando no hubo democracia y se violaron derechos humanos y constitucionales, y en el perjuicio que eso significó para todo el país”.
Las modificaciones que pretende el proyecto
La propuesta de Reforma Electoral Integral busca transformar el sistema de votación nacional mediante la eliminación de las PASO y cambios en el financiamiento. Bajo este nuevo esquema, la selección de candidatos retornaría a las estructuras internas de los partidos, mientras que se establecería la cláusula de Ficha Limpia para impedir que personas con condenas por corrupción confirmadas en segunda instancia puedan postularse a cargos públicos.
En el aspecto económico, el proyecto plantea elevar significativamente el tope de aportes privados a las agrupaciones políticas, pasando del 2% al 35%, y reduce a la mitad el presupuesto obligatorio destinado a la formación de dirigentes. Dado que el oficialismo cuenta actualmente con 95 diputados y 21 senadores, la iniciativa requiere del consenso con otros bloques para alcanzar la mayoría absoluta de 129 representantes y 37 senadores necesaria para su aprobación en el Congreso.
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