El defensor del Pueblo de Formosa, Leonardo Gialluca, alertó que el Presupuesto nacional 2026 proyecta una reducción del 75% en la inversión en obra pública respecto de 2023, una decisión que impacta de manera directa sobre el estado de las rutas nacionales. Según advirtió, el escenario se agrava si se tiene en cuenta que dos de cada tres trazas se encuentran en mal estado, situación profundizada por la subejecución de cerca del 50% de los fondos asignados durante 2024 y 2025.
Gialluca señaló además que este diagnóstico coincide con un informe elaborado por la Federación del Personal de Vialidad Nacional, que documenta el estado crítico de la red vial argentina. El relevamiento advierte que el ajuste presupuestario y la falta de mantenimiento derivaron en una caída de la velocidad promedio de circulación, un incremento de los costos logísticos, pérdida de competitividad regional y un aumento de la siniestralidad vial.
Al comparar los presupuestos de 2023 y 2026, desde la Federación sostuvieron que "el ajuste es brutal y deliberado", y que el proyecto vigente consolida una caída real cercana al 75% en términos de inversión en infraestructura vial. En ese marco, advirtieron que al menos el 60% de la Red Vial Nacional se encuentra en estado regular o malo, aunque proyecciones conservadoras elevan ese deterioro a entre el 65% y el 70%, lo que afecta corredores estratégicos en todas las provincias.
Las consecuencias del desfinanciamiento
Gialluca cuestionó además la falta de mantenimiento preventivo en las rutas, una política que, indicó, aceleró el pasaje de fallas menores a colapsos estructurales, además de incrementar de manera exponencial los costos futuros de rehabilitación. También denunció que el Impuesto a los Combustibles Líquidos, que tiene asignación específica para obras viales y se cobra en cada carga de combustible, se recauda sin que los fondos sean efectivamente ejecutados.
La situación se agrava, explicó el funcionario, por el fuerte achicamiento de Vialidad Nacional. Desde la Federación señalaron que en los últimos dos años fueron despedidos más de 800 trabajadores técnicos y operativos, entre ellos ingenieros, laboratoristas, topógrafos, mecánicos y maquinistas especializados, y advirtieron que podrían perderse otras 900 fuentes laborales mediante retiros voluntarios.
En el caso particular del Distrito 22 de Vialidad Nacional en Formosa, la dotación quedó reducida a 86 agentes. De ese total, siete cumplen funciones en Jefatura, 17 en Administración, siete en Proyectos, 11 en Obras y 44 en Conservación. Dentro de este último grupo, sólo 25 realizan tareas operativas como corte de pasto, bacheo, manejo de equipos, plomería, electricidad, señalización y mantenimiento general, mientras que 19 se desempeñan en funciones administrativas. Ese plantel debe atender la totalidad de las rutas nacionales 11, 81, 86 y 95 que atraviesan la provincia.
Asimismo, sostuvo que el recorte abrupto del presupuesto, el desvío de los impuestos a los combustibles, la paralización de la obra pública y los despidos masivos conforman “un peligroso cóctel" que deriva en la falta de mantenimiento y rehabilitación de las rutas nacionales en Formosa. Según afirmó, esta situación no sólo pone en riesgo la seguridad vial, sino que también genera un elevado costo económico para el Estado, que es el que afronta por los contribuyentes.
MÁS INFO
El peligro de no mantener las rutas nacionales
Gialluca citó además el Informe Anual de Evaluación del Estado de Pavimentos 2023-2024, publicado por el Gobierno Nacional en diciembre de 2024, y advirtió que no se conocen aún los datos correspondientes al período 2024-2025. A esto se suma que el último relevamiento oficial sólo evaluó el 48,1% de los casi 41 mil kilómetros de la Red Vial Nacional, además de dejar sin información a más de la mitad de las rutas. En ese contexto, y ante la ausencia de obras de mantenimiento posteriores, las proyecciones hacia 2026 indican que el 70% o más de las rutas nacionales se encontrarían en estado regular o malo.
Finalmente, desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional denunciaron que las escasas tareas actuales se limitan a compras de asfalto y trabajos tercerizados con materiales de baja calidad, que se deterioran en pocos meses, una situación similar a la observada en las tareas de desmalezamiento.
Este esquema, advirtieron, incrementa la siniestralidad vial y eleva los costos para el Estado al tener en cuenta que cada víctima de un siniestro representa en promedio un gasto superior a los 62 mil dólares, además de incluir atención hospitalaria, intervenciones policiales y actuaciones judiciales.
Cerrar sesión