La falta de inversión en obra pública de Corrientes, gobernada por Juan Pablo Valdés, incrementa la preocupación por el estado del Puente Paso López - ruta provincial 24-, cuya estructura presenta un nivel de desgaste que podría derivar en un colapso, en medio de la ausencia de la responsabilidad provincial para frenar su deterioro.
La situación fue advertida por el sector rural a través de Karina Tomasella, presidenta de la Sociedad Rural de Perugorría, quien alertó sobre el avance de la erosión en una de las cabeceras y explicó que el problema se origina en el desplazamiento del cauce del río Corriente, que con el tiempo socavo la base del puente. "La situación es crítica, está perdiendo contención una de sus cabeceras y esto puede llevar a una situación de colapso en cualquier momento", sostuvo.
Según su testimonio a medios locales, áreas que anteriormente eran transitables y firmes desaparecieron por completo bajo el agua, lo que dejó sectores de tierra totalmente perdidos. Esta situación genera una alarma que no es nueva, ya que la Sociedad Rural había advertido el retiro de la costa desde hace al menos cuatro años sin obtener respuestas definitivas hasta el momento.
Una delicada situación en un punto estratégico
La importancia de este paso es estratégica, tanto para la vida social como para la actividad económica de la región ya que es una vía fundamental para el transporte de producción bovina y arrocera. La pérdida de esta conectividad obligaría a los habitantes y productores a realizar un rodeo de aproximadamente 250 kilómetros para llegar a Goya, un trayecto que actualmente es de apenas 75 kilómetros.
Además, el puente resulta vital para garantizar el acceso de la población a servicios esenciales de salud y educación, lo que convierte su preservación en una prioridad comunitaria. Ante la inminencia del riesgo, se intensificaron las gestiones ante Vialidad, organismos municipales y otras instituciones para solicitar la intervención urgente de equipos técnicos especializados.
El objetivo es realizar una evaluación profunda que permita implementar medidas preventivas antes de que el daño sea irreversible. Desde las entidades rurales enfatizan que es técnica y económicamente más viable resolver la problemática de socavamiento en la actualidad que enfrentar la reconstrucción total de la estructura una vez colapsada.
Fin de la obra pública: un acuerdo entre Nación y la Provincia
La paralización de la obra pública nacional bajo la gestión de Javier Milei generó una crisis profunda en el sector de la construcción en Corrientes, donde la actividad hoy se limita a intervenciones menores en escuelas y comisarías. Según advirtió la UOCRA provincial, el freno total de proyectos estratégicos como la Autovía Ruta 12 y los recientes despidos en la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Santa Catalina evidencian la escasez de empleos de magnitud.
Esta situación se agrava por la brecha temporal entre los anuncios gubernamentales y la ejecución real de los proyectos, lo que llevó al gremio a solicitar una audiencia urgente con el gobernador Juan Pablo Valdés ante la falta de respuestas y la precariedad laboral vigente. Este escenario impactó de lleno en los indicadores sociales de la capital correntina, donde la tasa de desocupación sufrió un incremento drástico, que saltó del 1,9% a finales de 2024 al 6,1% al cierre de 2025.
El deterioro del mercado de trabajo afecta ya a unas 8.000 personas en un contexto donde la pobreza y la indigencia se mantienen en niveles críticos, que superaron incluso la media nacional. Aunque se registró una leve mejora estadística en la pobreza respecto a semestres anteriores, la indigencia permanece estancada en un 7,6%, lo que reflejó las dificultades de los sectores más vulnerables frente al modelo de ajuste aplicado tanto a nivel federal como provincial.
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