Mayans rechazó la reforma de la Ley de Tierras: "Es un daño muy grande a la soberanía territorial argentina"

El senador nacional por Formosa y jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, expresó un fuerte rechazo al proyecto de reforma de la Ley de Tierras impulsado por el Gobierno nacional, que será debatido este jueves en la Cámara de Senadores. El legislador advirtió que la iniciativa representa un grave perjuicio para la soberanía territorial argentina y cuestionó la intención del oficialismo de flexibilizar las restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

La propuesta del Ejecutivo nacional, presentada en abril de este año, constituye una de las prioridades legislativas del presidente Javier Milei y busca modificar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, eliminando los límites establecidos para la compra de tierras rurales por ciudadanos y empresas extranjeras.

Al respecto, Mayans sostuvo que, de aprobarse la iniciativa, se estaría "rifando en cuotas el suelo de la República Argentina". "Es un daño muy grande a la soberanía territorial de nuestro país", afirmó el senador formoseño al referirse al alcance de la reforma. El legislador consideró que el objetivo del proyecto es impedir una futura intervención del Estado sobre estos recursos estratégicos, al eliminar las herramientas legales que actualmente regulan la extranjerización de las tierras.

Asimismo, fue categórico al cuestionar las políticas del Gobierno nacional y aseguró que la actual gestión "está robando los bienes que son del Estado nacional, así como también quedándose con las empresas". La sesión ordinaria del Senado fue convocada para este jueves al mediodía y será la última antes del receso invernal. No obstante, Mayans se mostró optimista respecto de las posibilidades de la oposición de impedir el tratamiento del proyecto.

Según indicó, el oficialismo y sus aliados podrían no reunir el quórum necesario para abrir el debate, lo que también impediría avanzar con otras iniciativas incluidas en el orden del día.

Uno por uno, los puntos más críticos de la reforma de la ley de tierras

El proyecto de ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” que impulsa Javier Milei y que se debatirá en el Senado busca derogar la norma sancionada en 2011 que establecía límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. En primer lugar, la iniciativa elimina el tope del 15% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, lo que abre la posibilidad de que se triplique la superficie en manos foráneas. En segundo lugar, habilita la adquisición de territorios estratégicos que hasta ahora estaban protegidos: lagos patagónicos de agua dulce, bosques nativos, cordillera con minerales críticos, acuíferos que abastecen a millones de personas y zonas de frontera sensibles.  

Además, el proyecto apunta a derogar el artículo 10 de la ley vigente, que prohíbe a extranjeros comprar tierras ribereñas de cuerpos de agua permanentes. Esto permitiría que se entreguen ríos y lagos para proyectos turísticos exclusivos, generación de energía o instalación de grandes centros de datos. A su vez, la reforma modifica el decreto/ley de 1944 sobre tierras en zonas de frontera: con la autorización de la provincia y el silencio administrativo del Estado nacional, se habilitaría la extranjerización de áreas limítrofes, lo que especialistas advierten podría facilitar el contrabando y el narcotráfico.  

Por otro lado, la iniciativa mantiene la prohibición de que Estados extranjeros o empresas con participación estatal directa adquieran tierras, pero deja vía libre a ciudadanos y sociedades privadas. Esto es relevante porque, según cifras oficiales, actualmente hay 13,2 millones de hectáreas en manos extranjeras, con predominio de ciudadanos de Estados Unidos, Italia y España, que concentran la mitad de la tierra extranjerizada.  

Finalmente, el proyecto se inscribe en un paquete más amplio de reformas impulsadas por el Gobierno, que incluye la ley de glaciares, el régimen de inversiones (RIGI), la ley de lobby y la ley de sociedades anónimas. En conjunto, estas medidas buscan flexibilizar regulaciones ambientales y patrimoniales para favorecer inversiones extranjeras, aunque críticos sostienen que implican la entrega de recursos estratégicos y un debilitamiento de los controles estatales.