En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Trata de Personas, el Gobierno de Formosa llevó adelante una jornada de capacitación y formación destinada a fortalecer las acciones de prevención, investigación y asistencia integral a las víctimas de este delito. Durante el encuentro también se destacó la puesta en marcha del Programa de Restitución de Derechos, una herramienta que brinda acompañamiento económico, laboral y social a las personas afectadas.
La actividad se realizó este jueves en el salón de usos múltiples del Instituto Superior de Formación Policial, ubicado en el barrio San Antonio de la ciudad de Formosa, y fue organizada de manera conjunta por el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Policía de Formosa y el Ministerio Público Fiscal Federal.
La capacitación reunió a integrantes de la plana mayor policial, representantes de las fuerzas provinciales y funcionarios de distintos organismos, entre ellos los ministerios de Cultura y Educación y de Desarrollo Humano, con el objetivo de fortalecer el trabajo articulado frente a un delito considerado de alta complejidad.
Durante la apertura, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González, remarcó la importancia de profundizar la coordinación entre las distintas instituciones y de actualizar la formación de los agentes a partir de la reciente implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal.
"Este escenario exige un trabajo constante de coordinación y capacitación entre todos los estamentos. La trata es un delito complejo, dinámico, que no reconoce fronteras ni jurisdicciones; por ello, la articulación entre el Estado provincial, el nacional y las fuerzas de seguridad es una exigencia de base para garantizar la efectividad de las políticas públicas", afirmó.
El funcionario sostuvo además que la lucha contra la trata requiere una estrategia integral que combine acciones preventivas, participación ciudadana, formación permanente de las fuerzas de seguridad y una firme decisión política para combatir este tipo de delitos.
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En ese contexto, recordó que recientemente la provincia firmó un convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación destinado a garantizar el reconocimiento y la restitución de los derechos de las personas que fueron víctimas de trata, brindándoles herramientas para su recuperación e inclusión.
Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos, María Sylvina Arauz, explicó los alcances del Programa de Restitución de Derechos, cuya adhesión fue suscripta por el ministro González junto al Ministerio de Justicia de la Nación.
La funcionaria indicó que el programa ya se encuentra vigente y contempla una asistencia económica equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil durante tres meses, con posibilidad de prorrogar ese beneficio por otros tres meses. Posteriormente, prevé el pago de medio salario hasta completar un año de acompañamiento para las víctimas cuyos casos se encuentren judicializados.
Asimismo, detalló que la asistencia no se limita al aspecto económico, sino que incluye capacitaciones e inserción laboral, cobertura sanitaria, acceso a la educación y la restitución del derecho a la identidad mediante el Registro Civil, con el propósito de favorecer la recuperación integral de quienes atravesaron estas situaciones.
Finalmente, las autoridades recordaron a la comunidad la importancia de denunciar cualquier sospecha de trata o explotación de personas. Para ello se encuentran habilitados la Línea Nacional 145, gratuita, anónima y disponible las 24 horas, el 911 de la Policía de Formosa y las dependencias específicas de la fuerza provincial, además de las delegaciones de la Subsecretaría de Trabajo y los equipos de inspección que desarrollan tareas en todo el territorio provincial.
Desde el Gobierno provincial señalaron que la capacitación permanente y el trabajo coordinado entre los distintos organismos constituyen herramientas fundamentales para prevenir este delito, fortalecer la protección de las víctimas y mejorar la capacidad de respuesta del Estado frente a una problemática que requiere un abordaje integral y sostenido.
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