La Justicia de primera instancia de Formosa dictó un fallo favorable al Estado provincial en una causa por desmonte ilegal con daño ambiental y condenó al senador nacional Francisco Paoltroni a pagar una multa superior a 101 millones de pesos, además de intereses y costas judiciales.
La información fue confirmada por la fiscal de Estado de la provincia, Stella Zabala, quien explicó que la sanción había sido impuesta inicialmente por el Ministerio de la Producción y Ambiente de Formosa tras constatarse una infracción vinculada a la normativa ambiental. Sin embargo, ante el incumplimiento del pago por parte del legislador, el Gobierno provincial inició la correspondiente ejecución judicial.
En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), Zabala detalló que durante el proceso judicial la defensa del senador presentó diversos planteos para intentar evitar la sanción económica. Entre ellos, invocó inmunidad parlamentaria, falta de legitimación e inconstitucionalidad de la norma que respalda la multa. No obstante, todos estos argumentos fueron rechazados por la Justicia.
“La inmunidad parlamentaria no corresponde en este caso”, aclaró la fiscal de Estado. Según explicó, ese tipo de protección legal está contemplada para resguardar la libertad de expresión de los legisladores en el ejercicio de sus funciones, pero no para eludir obligaciones civiles o administrativas.
“La inmunidad es para no ir preso por sus dichos en el recinto o en el ejercicio de su función legislativa, pero no para evitar el pago de deudas o multas como cualquier ciudadano”, sostuvo Zabala al referirse al alcance de esa figura constitucional.
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La funcionaria también remarcó que el senador y productor agropecuario había sido debidamente notificado de la sanción administrativa y contó con instancias previas para regularizar la situación antes de que la provincia recurriera a la vía judicial. “El monto de la condena en primera instancia es de 101 millones de pesos, más los intereses que correspondan y las costas del juicio”, precisó.
Desde la Fiscalía de Estado señalaron que este tipo de acciones judiciales forman parte del procedimiento habitual cuando una persona sancionada por una infracción administrativa no cumple con el pago de una multa impuesta por la autoridad competente. En esos casos, el Estado provincial tiene la facultad de recurrir a la Justicia para exigir su cumplimiento.
Zabala anticipó además que es probable que la defensa del senador apele la decisión judicial en las próximas instancias del proceso. “Seguramente lo va a apelar y nosotros defenderemos la decisión también en esa instancia, porque estamos convencidos de que es lo que corresponde”, afirmó.
Finalmente, la fiscal subrayó que el objetivo del Estado provincial es hacer cumplir la normativa vigente y proteger el derecho ambiental, un principio que se encuentra consagrado en la Constitución y que establece la obligación de preservar los recursos naturales y el equilibrio ecológico.
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