La fiscal de Estado de Formosa, Stella Maris Zabala, desmintió las versiones que señalaban que la Justicia había frenado la ejecución de la condena contra el senador Francisco Paoltroni y aseguró que tanto la multa millonaria como el proceso judicial continúan plenamente vigentes.
La funcionaria explicó que la confusión surgió a partir de la concesión de un recurso de apelación presentado por la defensa del legislador, una instancia habitual dentro del proceso judicial. Sin embargo, remarcó que esto no implica ningún cambio en la situación de fondo ni suspende la condena.
“El fallo sigue firme, no hay ninguna modificación en la condena”, afirmó Zabala en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), quien además señaló que la Fiscalía de Estado aún no fue notificada formalmente de esta instancia, lo que demuestra que el expediente sigue su curso normal.
La causa se originó en una sanción administrativa por desmonte ilegal que, al no ser abonada, derivó en una ejecución judicial impulsada por el Estado provincial. En primera instancia, la Justicia rechazó los planteos de la defensa de Paoltroni, incluidos los intentos de ampararse en la inmunidad parlamentaria, y confirmó una multa superior a los 101 millones de pesos, además del embargo sobre sus haberes.
En este punto, Zabala fue contundente al explicar que los fueros no aplican en este tipo de situaciones. “La inmunidad parlamentaria protege la función legislativa, no el incumplimiento de obligaciones personales”, sostuvo, marcando un límite entre la actividad política y las responsabilidades individuales.
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Desde la Fiscalía remarcaron que el uso de recursos judiciales es un derecho, pero advirtieron que no debe interpretarse como un freno a la condena ni como un cambio en la situación del senador. Por el contrario, indicaron que la deuda sigue vigente y acumulando intereses mientras el proceso avanza hacia instancias superiores.
Asimismo, la funcionaria alertó sobre el riesgo de instalar interpretaciones erróneas que confundan a la opinión pública o generen precedentes que habiliten a funcionarios a eludir obligaciones legales. Aunque desde el entorno del senador se difundieron versiones que relativizan el alcance del fallo, desde el Gobierno provincial insistieron en que se trata de un proceso judicial basado en la normativa ambiental vigente.
La causa de Paoltroni
El marco normativo vigente en Formosa establece que los desmontes requieren de un Permiso de Cambio de Uso de Suelo, regulado por la Ley Provincial 1.660 de Ordenamiento Territorial, en concordancia con la Ley Nacional 26.331 de Protección de Bosques Nativos. Este procedimiento exige la presentación de estudios técnicos, ambientales y sociales antes de iniciar cualquier intervención productiva.
Desde la cartera productiva explicaron que estos permisos incluyen declaraciones juradas, evaluaciones sobre el impacto ambiental y social, y un seguimiento posterior mediante controles, incluso con tecnología satelital, para garantizar el cumplimiento de lo autorizado.
En este contexto, el ministro de la Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, aseguró que las infracciones atribuidas al senador no constituyen un hecho aislado, sino que forman parte de una conducta reiterada en el tiempo. Según detalló, en 2017 y 2018 Paoltroni, en su rol de socio de la firma CONAGRI S.A. y apoderado de terceros, llevó adelante desmontes sin autorización en establecimientos ubicados al sur de Estanislao del Campo y Brouchard.
Las superficies intervenidas alcanzaron las 1.173 y 340 hectáreas respectivamente, y derivaron en sanciones económicas que, si bien fueron reducidas en su momento, continúan impagas. Las multas aplicadas ascendieron a $563.000 y $345.000 pesos, montos que, actualizados a valores actuales, representarían cerca de 59 millones de pesos.
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