El Gobierno de La Rioja manifestó un fuerte rechazo a la decisión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) de otorgar prioridad de uso a una empresa privada sobre una línea eléctrica de 500 kV considerada clave para el desarrollo energético regional. Desde la Provincia advirtieron que se trata de una infraestructura financiada con recursos públicos y no descartaron avanzar con acciones judiciales si la medida no se revisa.
El planteo fue formalizado ante el organismo nacional y será debatido en una audiencia pública convocada en los próximos días. La controversia gira en torno a la línea de extra alta tensión Nueva San Juan–Rodeo, actualmente operativa en 135 kV, cuya ampliación a 500 kV forma parte de un proyecto estratégico que busca integrar el sistema energético de las provincias cordilleranas.
Según explicó el secretario de Energía riojano, Alfredo Pedrali, la resolución del ENRE habilita a una empresa privada a utilizar con prioridad cerca del 90% de la capacidad remanente de la línea. “No se puede entregar a un privado una infraestructura que se construyó con el esfuerzo de todas las provincias”, cuestionó el funcionario en comunicación con medios locales, quien advirtió que la medida limita el acceso de terceros y condiciona el crecimiento productivo de la región.
La línea en cuestión fue financiada durante años con aportes del Estado nacional y de distintas provincias, a través del Consejo Federal de Energía. En ese marco, desde La Rioja consideran que otorgar exclusividad sobre su uso implica un perjuicio para las jurisdicciones que participaron en su financiamiento.
Pedrali señaló además que, de avanzar la medida, cualquier nuevo actor que desee conectarse al sistema deberá hacerlo a través de la empresa privada beneficiada, lo que podría encarecer los costos y restringir el acceso. “Esto nos deja en desventaja y nos quita la posibilidad de conectarnos y crecer”, afirmó.
El funcionario también advirtió que la decisión impacta directamente en proyectos provinciales que buscan integrarse al sistema eléctrico, como la conexión desde el sur riojano hacia Villa Unión y Jagué, pensada para fortalecer la matriz productiva local y vincularse con desarrollos mineros y energéticos de otras provincias.
En ese sentido, remarcó que la infraestructura fue concebida como parte de un anillo energético que permitiría interconectar el sistema del Cuyo con el NOA, aportando mayor estabilidad y ampliando las posibilidades de desarrollo. Sin embargo, la asignación de gran parte de su capacidad a un solo proyecto podría limitar ese objetivo.
El rechazo no se limita a La Rioja. En San Juan también surgieron objeciones, tanto desde el Ente Provincial Regulador de la Electricidad como desde autoridades municipales, que advirtieron sobre el impacto de la medida en la flexibilidad operativa y en el desarrollo de otros emprendimientos.
Frente a este escenario, el ENRE convocó a una audiencia pública en la que podrán participar distintos actores interesados. Desde el Gobierno riojano señalaron que esta instancia será clave para exponer los argumentos en defensa de la infraestructura pública.
No obstante, Pedrali anticipó que, en caso de que no haya modificaciones en la resolución, la Provincia evalúa avanzar por la vía judicial. “Vamos a defender la infraestructura que se construyó con fondos públicos y no vamos a permitir que se entregue a un privado para su uso exclusivo”, concluyó.
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