La Universidad Nacional de Formosa atraviesa una profunda crisis institucional tras la decisión del rector Augusto Parmetler de suspender a tres decanos, medida que fue rechazada de manera contundente por los propios afectados, quienes denunciaron irregularidades en el proceso y persecusión política detrás de la resolución.
Los decanos suspendidos —Rafael Olmedo, Carlos Martínez y María Rosa Sanabria— cuestionaron la legalidad de su apartamiento y advirtieron sobre un “grave daño institucional” que, según sostuvieron, impacta no solo en las autoridades académicas, sino también en docentes, estudiantes y el normal funcionamiento de la universidad.
El conflicto tiene como eje la aplicación del artículo 73 del convenio colectivo docente, mediante el cual cerca de 400 docentes pasaron en 2023 de condición interina a ordinaria, accediendo a estabilidad laboral y derechos políticos dentro de la vida universitaria. Según remarcaron los decanos, este proceso fue avalado por distintas instancias administrativas y judiciales, incluyendo fallos de la Cámara Federal.
“Todo el procedimiento fue validado judicialmente. No se entiende que ahora se intente desacreditar algo que ya fue aprobado”, sostuvo Olmedo en comunicación con medios locales, quien calificó la situación como “triste y lamentable” y alertó sobre el impacto que genera poner en duda la situación de cientos de docentes.
En la misma línea, Martínez advirtió que la denuncia impulsada por el rector genera incertidumbre y afecta la credibilidad institucional. “Esto no solo nos involucra a nosotros, sino que pone en discusión la legitimidad de 400 docentes de la universidad”, afirmó.
Además, el decano de Recursos Naturales vinculó el conflicto a una supuesta disputa de poder interna. “Creo que nos ve como posibles competidores, pero ninguno de nosotros tiene aspiraciones de rectorado. Fuimos elegidos democráticamente para conducir nuestras facultades”, aseguró.
Por su parte, Sanabria describió una sesión extraordinaria del Consejo Superior que consideró irregular. Según relató, el encuentro se desarrolló con restricciones de acceso, presencia de seguridad privada y sin el tratamiento previo de los expedientes en comisiones. Asimismo, señaló que la sesión habría quedado sin quórum tras el retiro de 11 integrantes, lo que, a su entender, invalida cualquier decisión adoptada posteriormente.
Otro punto cuestionado por los decanos es la falta de notificación formal de las sanciones, lo que vulnera su derecho a defensa. En ese marco, confirmaron que iniciaron acciones judiciales, incluyendo una denuncia penal por abuso de autoridad contra el rector, y anticiparon que solicitarán la nulidad de la sesión en la que se resolvieron las suspensiones.
Falsedad ideológica y abuso de autoridad
Recientemente se realizó la presentación de una nueva denuncia, realizada ante la Justicia Federal, que solicita el apartamiento inmediato del rector Augusto Parmetler, del vicerrector Emilio Grippaldi y del secretario académico Alberto Barbosa, por presuntos delitos de falsedad ideológica, abuso de autoridad y coacción, en el marco de decisiones adoptadas en el Consejo Superior de la universidad.
Según el escrito, durante la sesión del 24 de abril de 2026, diez integrantes del cuerpo se retiraron dejando constancia formal de que no estaban dadas las condiciones institucionales para continuar, lo que habría provocado la pérdida de quórum. Sin embargo, sostienen que la sesión siguió adelante y que se tomaron decisiones de alto impacto, entre ellas las sanciones contra decanos.
En particular, se cuestiona la suspensión por 90 días del decano de Humanidades, Rafael Olmedo, así como el apartamiento preventivo de otros dos decanos. Para los denunciantes, estas medidas carecerían de respaldo legal y responderían a una estrategia para desplazar a sectores opositores dentro de la conducción universitaria.
“El rector se arrogó facultades que corresponden al órgano colegiado”, señala la presentación judicial, que además pone en duda la validez de algunos votos emitidos durante la sesión. En ese sentido, se mencionan posibles conflictos de interés e incompatibilidades de integrantes que habrían participado en doble rol dentro del proceso.
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