Tras la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que La Rioja y el Gobierno nacional abran la semana próxima una instancia formal de negociación para abordar la deuda histórica de coparticipación que la Nación mantiene con la provincia, desde la gestión riojana crece la expectativa por la importancia del tratamiento de este reclamo histórico.
El asesor general de Gobierno, Pedro Goyochea, confirmó en diálogo con Radio La Torre que la provincia y el Estado nacional dieron inicio formal al proceso de conciliación previsto en el artículo 360 del Código Procesal Civil y Comercial. Explicó que fue La Rioja la que solicitó este mecanismo y que la Nación aceptó avanzar, lo que valoró como “un paso significativo luego de dos años sin diálogo”.
Cabe destacar que el avance se produjo tras una audiencia realizada días atrás en Buenos Aires, donde el tema central fue el reclamo riojano por el punto de coparticipación que la provincia perdió en 1988 y que, según los cálculos del Ministerio de Hacienda local, representa hoy una deuda estimada en 1.600 millones de dólares entre capital e intereses.
Durante tres días, equipos legales de la provincia trabajaron en la preparación de la audiencia, que finalmente se realizó en un clima que Goyochea calificó como “muy favorable”, con representantes de ambas jurisdicciones participando bajo supervisión de la Corte Suprema. La reunión permitió fijar una hoja de ruta para intercambiar información, revisar los montos reclamados y evaluar alternativas de acuerdo.
El funcionario destacó que la apertura del proceso de conciliación implica, en los hechos, un reconocimiento institucional de la existencia del reclamo. Hasta ahora, señaló, los intentos por la vía administrativa “no habían prosperado” y no existían canales de negociación abiertos con la Nación.
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De cara a los próximos pasos, Goyochea detalló que ya se puso en marcha el trabajo técnico entre los equipos de la provincia y del Ministerio de Economía nacional. La agenda incluye el intercambio de documentación y la revisión conjunta de la metodología utilizada para determinar la deuda. En caso de alcanzarse un entendimiento, el acuerdo deberá ser homologado por la Corte Suprema.
Si bien no hay plazos fijados, el asesor recordó que un proceso similar entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación demoró alrededor de tres meses hasta la sentencia, por lo que consideró razonable esperar tiempos acotados, sin dilaciones prolongadas.
La Corte Suprema, además, convocará a una nueva audiencia para analizar los avances de la conciliación y los eventuales puntos de acuerdo o desacuerdo que permanezcan abiertos. Goyochea subrayó que el diálogo se desarrollará de manera presencial y también a través de reuniones virtuales, con el objetivo de acelerar el ritmo de trabajo técnico y evitar demoras innecesarias.
Por último, expresó su confianza en el resultado del proceso: sostuvo que, si se logran definir “estrategias claras” y mecanismos de cálculo consensuados, el desenlace puede ser “previsible” y permitir ordenar un reclamo que La Rioja sostiene desde hace décadas. Según planteó, la instancia abierta ante la Corte representa “una oportunidad histórica” para que la provincia y la Nación alcancen una solución institucional a la deuda por coparticipación.
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