El fantasma de la AFJP sobrevuela la reglamentación de la reforma laboral y la puesta en marcha de un fondo de despido financiado por los propios trabajadores. La creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los pilares de la Reforma Laboral promovida por el gobierno de Javier Milei --actualmente en una disputa judicial a partir de distintas presentaciones de gremios y asociaciones-- podría convertirse en un nuevo fondo en el sistema financiero al que el equipo económico que conduce el ministro de Economía, Luis Caputo, podría hacer uso para financiarse. El esquema, previsto para implementarse en la segunda mitad de 2026, se financiará con aportes empresariales destinados a cubrir futuras indemnizaciones por despidos. En ese proceso, se proyecta la acumulación de un volumen de recursos que, según estimaciones oficiales y privadas, podría alcanzar entre 3.000 y 5.000 millones de dólares anuales.
De acuerdo con cálculos de la consultora Adcap Grupo Financiero, el sistema podría canalizar unos 120.000 millones de pesos mensuales, considerando una base de aproximadamente 6 millones de trabajadores formales y un aporte cercano al 1% de la masa salarial. Con ese ritmo, el FAL podría equiparar en pocos meses el tamaño de algunos fondos consolidados y, hacia 2027, representar cerca de un tercio de los fondos comunes de inversión de renta fija en pesos.
“Si la regulación entrara en vigencia en julio de este año, estimamos que hacia mayo del próximo año los FAL alcanzarían en tamaño a los Fondos Comunes de Inversión de cobertura CER”, proyectó la firma Adcap. La posibilidad de contar con un flujo sostenido de recursos de largo plazo es vista como una oportunidad para ampliar el mercado de capitales local, históricamente limitado en volumen y profundidad, y de que el Gobierno consiga fondos frescos.
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El analista Gastón Lentini planteó que los FAL pueden ser “excelentes herramientas” para fortalecer ese mercado, al incorporar nuevos jugadores institucionales y ampliar el horizonte de inversión. En esa línea, recordó que, a nivel global, los grandes inversores suelen ser fondos previsionales, aseguradoras y bancos de inversión. En Argentina, ese rol lo cumplieron durante años las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, un antecedente que vuelve a aparecer en el debate.
El fantasma AFJP
Las AFJP, vigentes entre 1994 y 2008, administraron fondos previsionales privados que terminaron fuertemente expuestos a la volatilidad financiera y a decisiones de inversión cuestionadas. Su disolución y la estatización del sistema previsional se apoyaron, entre otros argumentos, en el uso de esos recursos en operaciones de corto plazo y en la exposición a crisis que deterioraron los ahorros de los afiliados.
El FAL no es un sistema previsional, pero comparte una lógica central, que es la acumulación de recursos vinculados al trabajo que serán administrados por actores financieros. El Fondo será administrado principalmente por los empleadores a través de cuentas individuales, bajo un sistema de gestión privada supervisado por la Comisión Nacional de Valores, aunque todavía falta la reglamentación para conocer cuáles serán las entidades que administrarán esos recursos que deberían tener como fin el pago de indemnizaciones por despidos en el sector privado.
Con el objetivo del pago de las indemnizaciones, el volumen podría convertir el FAL en una de las principales fuentes de financiamiento del mercado local. La normativa deberá establecer qué instrumentos estarán habilitados, quiénes podrán administrar los fondos y bajo qué criterios de supervisión. La Reforma Laboral fija que las indemnizaciones se ajustarán por inflación más un 3%, lo que podría orientar las inversiones hacia activos atados al CER.
En ese escenario, los analistas prevén carteras compuestas mayormente por bonos y letras ajustados por inflación, con distintos plazos y niveles de liquidez. Desde Adcap señalaron que podrían combinarse instrumentos de corto vencimiento con otros más largos que ofrezcan rendimientos superiores. “Podrían mantener un adecuado nivel de liquidez y, al mismo tiempo, un retorno positivo respecto a la inflación”, sostuvieron.
Más allá de cuál sea la ingeniería financiera que habilite la reglamentación posterior del esquema de "ahorro", la magnitud de los recursos en juego y su origen abren preguntas sobre el destino final de esos fondos. En particular, sobre el grado de exposición al financiamiento del propio Estado y a dinámicas especulativas. La experiencia de las AFJP aparece como un espejo incómodo. En aquel período, buena parte de los fondos terminó invertida en títulos públicos, lo que generó un circuito en el que el ahorro previsional financiaba al Estado, con riesgos evidentes en contextos de crisis. La posibilidad de que los FAL sigan un camino similar no está descartada, sobre todo en un mercado donde el Tesoro suele ser el principal emisor de instrumentos.
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