Retenciones, Ganancias, reformar el Monotributo y más ajuste fiscal: los pedidos del FMI

El nuevo informe del FMI sobre la economía argentina dejó algo más que elogios al equilibrio fiscal alcanzado por el gobierno de Javier Milei. Se da en el marco de la revisión del “Artículo IV” y de la segunda evaluación del acuerdo firmado con la Argentina.

27 de mayo, 2026 | 14.45

La propuesta del Fondo Monetario Internacional (FMI) no se circunscribe solo al ajuste del gasto público o de las metas de superávit fiscal. El documento deja ver una orientación más profunda sobre el sistema tributario argentino, con impacto directo sobre trabajadores registrados, pequeños contribuyentes y provincias, mientras se propone aliviar la carga impositiva sobre sectores exportadores y grandes empresas. La baja de retenciones previo a la aprobación del desembolso del FMI es prueba de ello. 

El informe sostiene que la reforma integral podría generar ingresos adicionales equivalentes al 3,3 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), con aproximadamente la mitad de esos recursos destinados a las provincias. El dato adquiere relevancia en momentos en que distintos gobernadores vienen denunciando una fuerte caída de transferencias nacionales y parálisis de obras públicas.

Cabe señalar que el gobernador bonaerense Axel Kicillof había advertido meses atrás que la ejecución de fondos nacionales para infraestructura en la provincia apenas alcanzaba el 3 por ciento, en medio del freno generalizado de partidas y proyectos.

El planteo del FMI aparece entonces sobre una doble tensión: por un lado, la necesidad oficial de sostener el superávit fiscal y garantizar los pagos de deuda; por otro, el deterioro de las cuentas provinciales y el impacto social del ajuste. En ese contexto, el organismo propone ampliar la capacidad recaudatoria del Estado sin alterar la lógica general del programa económico.

Uno de los principales focos del documento es el impuesto a las Ganancias. Según el Fondo, la recaudación actual de ese tributo equivale al 1,8 por ciento del PBI, un nivel inferior al promedio regional y al de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El informe cuestionó directamente los cambios introducidos durante 2023, cuando el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, elevó el mínimo no imponible y dejó fuera del tributo a la mayoría de los trabajadores formales.

“El umbral de exención se mantuvo por encima del nivel vigente antes de 2023”, señaló el organismo, que además destacó que actualmente menos del 1 por ciento de los asalariados formales tributa Ganancias. Frente a esa situación, el FMI recomendó que al menos el 20 por ciento de los trabajadores vuelva a quedar alcanzado por el impuesto.

La sugerencia implica en los hechos una ampliación sustancial del universo de asalariados alcanzados. El documento propuso “reducir el umbral de ingresos”, armonizar deducciones y simplificar escalas de alícuotas. Según las estimaciones del organismo, esa reforma permitiría incrementar la recaudación en 0,4 puntos del PBI.

La discusión sobre Ganancias se produce además en un contexto de deterioro salarial. En ese escenario, la posibilidad de que una mayor proporción de trabajadores vuelva a pagar Ganancias reabre una disputa política y sindical que había marcado buena parte de los últimos años.

El FMI reconoció que el régimen simplificado permitió formalizar actividades y ampliar la cobertura previsional y de salud para millones de pequeños contribuyentes. “El sistema genera fragmentación, limita el crecimiento de las empresas y produce saltos bruscos en la obligación tributaria”, sostuvo el documento. Bajo esa lógica, el organismo sugirió avanzar hacia una convergencia entre ambos esquemas, reduciendo diferencias de alícuotas y contribuciones sociales.

El Monotributo se transformó durante años en una herramienta de supervivencia económica frente al crecimiento de la informalidad y la precarización laboral. Para amplios sectores, pasar al régimen general implica enfrentar cargas impositivas y previsionales imposibles de sostener en un mercado interno debilitado y con caída del consumo.

El FMI, sin embargo, interpreta esas diferencias como un problema de eficiencia recaudatoria. El organismo estimó que una reforma del régimen podría aportar entre 0,4 y 1 punto adicional del PBI. También recomendó profundizar mecanismos digitales de control y administración tributaria.

Otro de los capítulos centrales del informe es el IVA. El organismo calculó que los beneficios, exenciones y tratamientos especiales asociados a ese impuesto representan alrededor del 1,2 por ciento del PBI. Frente a eso, propuso avanzar hacia una unificación de alícuotas, acompañada por compensaciones focalizadas para hogares vulnerables.

El FMI detrás de las retenciones

El organismo sostuvo que una reducción de un punto porcentual en las retenciones a la soja podría incrementar producción y exportaciones en torno al 0,5 por ciento. Incluso afirmó que la eliminación total de esos derechos de exportación generaría un aumento cercano al 10 por ciento en las ventas externas del complejo oleaginoso y cerealero, con ingresos adicionales por unos 5.000 millones de dólares anuales.

La propuesta retoma uno de los reclamos históricos de las entidades agropecuarias y de sectores exportadores. Sin embargo, implica resignar una de las principales herramientas de captación de renta extraordinaria y administración del mercado interno. En un país atravesado por recurrentes crisis externas y restricciones de divisas, la discusión sobre las retenciones excede lo tributario y toca directamente el modelo de acumulación y distribución del ingreso.

El Fondo insistió además en que la reforma tributaria deberá coordinarse entre Nación y provincias. El punto aparece en momentos de fuerte conflicto entre la Casa Rosada y los gobernadores por la caída de recursos coparticipables, el freno de obras y la reducción de transferencias discrecionales.

El propio informe reconoce que buena parte de la recaudación adicional iría a las provincias. Sin embargo, la discusión vuelve a quedar atravesada por el ajuste nacional. Mientras el Gobierno busca sostener el equilibrio fiscal mediante recortes de gasto y paralización de inversión pública, las provincias enfrentan mayores demandas sociales con menos recursos disponibles.