Reforma laboral y coparticipación: el costo fiscal y las provincias que lideran las pérdidas

Este miércoles el Gobierno buscará avanzar en el Senado con uno de los cambios más regresivos de la historia del mercado laboral argentino. En ese sentido, el proyecto de reforma laboral del oficialismo incluye -advierten especialistas y la oposición- una reforma impositiva encubierta que tendrá un fuerte impacto en la recaudación y en las finanzas provinciales: el monto para distribuir entre provincias sufriría un recorte de 3.187 billones de pesos.

Bajo el slogan de austeridad y orden fiscal, la iniciativa solo garantiza una batería de beneficios para las grandes empresas que, lejos de reducir el gasto, recortan recursos clave del Estado en sus diferentes niveles. De esta manera, la reforma laboral es también una reforma tributaria: reduce Contribuciones Patronales, modifica el Impuesto a las Ganancias que pagan las sociedades y elimina tributos coparticipables, con un costo fiscal elevado y sin evidencia alguna de que esas medidas vayan a traducirse en más empleo registrado. “Es falso que las leyes laborales creen o destruyan puestos de trabajo”, señalaeon expertos, que recuerdan que la formalización depende del consumo y de la actividad económica, hoy en retroceso.

En ese marco, El Destape accedió a un informe que expone con números el impacto del proyecto sobre las provincias. Según esa estimación, todas las jurisdicciones perderán recursos, aunque de manera desigual: la provincia de Buenos Aires encabeza el ranking de las más perjudicadas, seguida por Santa Fe y Córdoba. La encerrona es evidente: si los mandatarios del interior deciden rebelarse ante el ajuste sobre sus cajas, la sanción definitiva de la reforma podría quedar en riesgo.

Impacto fiscal: cómo afecta a las provincias

Entre los ejes que la oposición buscará instalar en el debate de la reforma laboral de este miércoles en el Senado aparece con fuerza el impacto fiscal del proyecto. Al respecto, diferentes centros de estudio señalaron que la iniciativa no sólo implica un retroceso significativo en materia de derechos para la clase trabajadora, sino que además incorpora cambios impositivos de carácter regresivo. Detrás del discurso oficial, advierten, la reforma laboral del Gobierno encubre un ajuste inédito que terminará trasladando el costo a las provincias.

En ese sentido, un informe presentado por la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), el sindicato de trabajadores del ARCA, estimó que los cambios tributarios incluidos en la reforma laboral conllevarán una pérdida en la recaudación total anual equivalente al 1,3% del PBI. Por su lado, desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) analizaron el costo fiscal de las principales medidas tributarias contenidas en el proyecto de ley y destacaron que “por vía fiscal y tributaria los trabajadores, la comunidad y los estados provinciales transfieren más de 5.500 millones de dólares al capital concentrado”.

Si se pone la lupa en la pérdida fiscal por medida hay que considerar, por un lado, que el proyecto desvía tres puntos de Contribuciones Patronales al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), es decir que pasan de la Seguridad Social a un fondo privado que estaría encargado de las indemnizaciones, aliviando la carga de los empleadores que ya no se harìan cargo de los despidos. Para el IPYPP esto implica una pérdida de recursos estatales en torno a 2.500 millones de dólares anuales, en sintonía con lo estimado por el centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETYD –UNSAM). En términos del producto equivale al 0,5% PBI, según AEFIP.

Por su parte, actualmente las Contribuciones Patronales a la Seguridad Social se abonan según la Ley 27.541 que define un 20,40% para las empresas del sector servicios y un 18% para el resto de las empresas. En su artículo 163 el proyecto de reforma reduce estos porcentajes al 17,40% y al 15% respectivamente. Este beneficio para el empleador, es otra pérdida significativa estimada en más de 2.000 millones de dólares (0,5% PBI, según el informe de AEFIP). Se suma la rebaja del 1% de las Contribuciones destinadas a las obras sociales, que no impactan en la recaudación, pero sí tendrán un efecto enorme en todos los servicios de salud de los trabajadores, ya sean prepagas u obras sociales sindicales (el recorte representa el 0,2% del PBI).

En este escenario, el punto que más inquieta a las provincias es el impacto fiscal de la medida, ya que, advierten especialistas, genera un desbalance en las cuentas públicas sin garantizar un aumento del empleo registrado en el sector privado que permita, en el corto y mediano plazo, compensar las pérdidas. Esto porque la formalización laboral responde al nivel de consumo y a la dinámica de la actividad económica antes que a cualquier cambio normativo. 

Al respecto, entre los impuestos coparticipables la reforma fija la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias que pagan las sociedades en 3 puntos (lo que representa un 10% menos de la alícuota) para los dos tramos superiores. Esto equivale a una pérdida de más de 2.200 millones de dólares (IPYYP). En términos de producto representa el 0,3% del PBI. Se suma la derogación de impuestos internos (gravan seguros, servicios de telefonía celular y satelital, objetos suntuarios, vehículos automotores y motores, embarcaciones de recreo o deportes, y aeronaves) también coparticipables (0,042% PBI).

Sobre ello, el informe al que accedió El Destape detalló las pérdidas que enfrentará cada provincia, punto que está en el centro de las negociaciones del Ejecutivo con los gobernadores. En concreto, “el monto para distribuir entre provincias que estaría afectado es de 3.187 billones considerando un índice de apropiación de 0.5736 de la masa coparticipable involucrada en el proyecto de Ley conformada por los ítems de ganancias y los impuestos internos”, detallaron desde AEFIP.

Así las cosas, las pérdidas alcanzan a las 24 jurisdicciones y suman varios billones de pesos, con efectos desiguales pero generalizados sobre las economías provinciales: encabeza el ranking la provincia de Buenos Aires, con una pérdida estimada de $397.258 millones. Le siguen Santa Fe, que pierde $161.673 millones y Córdoba, con un recorte de $160.628 millones.

En un segundo escalón aparece Chaco, con una pérdida de $90.244 millones, seguida por Entre Ríos, que resigna $88.328 millones, y Tucumán, con $86.063 millones. Más atrás se ubican Mendoza (-$75.436 millones), Santiago del Estero, (-$74.739 millones) y Salta (-$69.338 millones). Aparecen luego Corrientes, con una pérdida de $67.247 millones y Formosa que resignaría $65.854 millones.

Por su parte San Juan aparece con una pérdida de $61.150 millones; Misiones (-$59.756 millones), Jujuy (-$51.394 millones) y Catamarca (-$49.826 millones). Más abajo se ubican Río Negro, con $45.645 millones y la Ciudad de Buenos Aires, afectada en $44.621 millones. Les siguen San Luis (-$41.289 millones), y La Rioja ($37.457 millones). Cierran el listado La Pampa, con una pérdida de $33.972 millones, Neuquén, con $31.397 millones, Chubut y Santa Cruz, ambas con pérdidas de $28.609 millones, y finalmente Tierra del Fuego, con $22.311 millones.

De esta manera, el ajuste aplicado por el Gobierno nacional golpearía a todas las jurisdicciones, aunque con efectos desiguales según el tamaño de sus economías. A continuación, el detalle completo, ordenado de mayor a menor impacto relativo:

En dicho panorama, crecen las voces que cuestionan desde el impacto laboral, fiscal y hasta constitucional de la reforma del oficialismo. De hecho el proyecto fue rechazado por El Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y de la Justicia Social, que congrega a más de un centenar de organizaciones del mundo laboral de Latinoamérica: “Nada, absolutamente de los contenidos de este proyecto es admisible y compatible con ninguno de los Tratados, Convenios Internacionales de la OIT, la Constitución Nacional Argentina, los principios generales y específicos del derecho internacional y nacional del trabajo y de la seguridad social y su inserción en el conjunto de los Derechos Humanos. Nada tiene de ‘moderno’ su contenido; por el contrario, su aprobación nos retrotraerá al siglo XIX”, señalaron. 

Por su lado, desde el IPYPP que dirige el economista Claudio Lozano sostuvieron que “la reforma laboral es también reforma tributaria y toda reforma tributaria debe ser tratada originalmente por la Cámara de Diputados. El Senado de la Nación al debatir el proyecto de Reforma Laboral está violando la Constitución Nacional”, alertaron.

Recaudación y empleo: estado de situación provincial

La coyuntura económica de las provincias no sólo está atravesada por el impacto fiscal que tendrían los cambios de la nueva reforma laboral sino por la ya sostenida pérdida de los fondos que Nación envía a las provincias a través de la Coparticipación Federal. 

Según los últimos datos a enero de este año, las transferencias automáticas de recursos de origen nacional distribuidas las provincias y CABA totalizaron 5,85 billones de pesos, dando cuenta de una caída real –considerando el impacto de una inflación estimada del 2,5% para enero- del 6,7% interanual. A su vez, contra el mes previo también mostraron un retroceso, aunque más leve (-0,7% real mensual).  En consecuencia, según la consultora Politikon Chaco, las transferencias automáticas de enero se convirtieron en el segundo peor enero desde, al menos, 2017, ubicándose únicamente por encima del registro de ese mes de 2024 (+4,9%).

Así las cosas, los envíos por Coparticipación Federal de Impuestos exhibieron una caída real del 8,0% interanual que se explicó, principalmente, por la fuerte merma del IVA (-11,8% interanual), sumado a que también mostraron bajas los impuestos Internos (-16,1%) y los Otros Coparticipados (-42,8%). Por su parte, el conjunto de Leyes y Regímenes especiales mostraron un incremento real del 9,0% interanual, variación positiva impulsada casi en su totalidad por la suba en los fondos provenientes por el Monotributo (+118,6%) por el contrario, dentro de este grupo, se vieron caídas en Bienes Personales (-14,3%), IVA de la Seguridad Social (-11,8%) y en el impuesto a los Combustibles (1,1%). 

La contracción de recursos se da a la par de una destrucción sistemática del aparato productivo con la consecuencia pérdida de puestos de trabajo en todas las regiones del país. En detalle, la destrucción de empresas se evidencia en los distintos territorios. Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), en términos absolutos se concentra en los principales centros económicos: Buenos Aires (-5.621), Córdoba (-3.696) y CABA (-2.409) que lideran la caída.

Sin embargo, el mapa de variación relativa muestra también un desplazamiento del impacto hacia el norte y el extremo sur del país: Chaco (-11,62%), La Rioja (-10,98%), Tierra del Fuego (-9,79%) y Catamarca (-9,79%) presentan las contracciones más severas respecto de su stock previo. “Esto evidencian una erosión del tejido empresarial más pronunciada en las provincias con parques productivos más pequeños”, alertaron los especialistas.

En relación, aparece sobre la mesa el magro resultado en materia de empleo privado provincial desde el cambio de gestión -y a pesar de las modificaciones que introdujo la Ley Bases (como la extensión del período de prueba, o el “blanqueo laboral”) que también se puede ver a nivel territorial: la caída del empleo industrial -concentrado en los grandes centros urbanos, Buenos Aires (-62.560), CABA (-28.820) y Santa Fe (-12.530)- no es compensado por las provincias mineras/petroleras del sur. A pesar de haber tenido un “blanqueo” que condonó deudas a los empleadores que no tenían registrados a sus empleados -o los tenían registrados de manera deficiente- desde el cambio de gestión se perdieron más de 180 mil puestos privados registrados en el sector privado, y la tendencia no cambia.

Por último, detrás del discurso de "modernización" y "austeridad", la reforma laboral del Gobierno aparece como un engranaje central de un ajuste más amplio que combina recorte de derechos, caída de la recaudación y un traslado del costo a las provincias. Lejos de impulsar el empleo o fortalecer las economías regionales, el proyecto profundiza la asfixia fiscal en un contexto de desplome de la actividad y destrucción de puestos de trabajo. La pregunta que atraviesa el debate es si los gobernadores estarán dispuestos a convalidar, con su apoyo político, una iniciativa que debilita sus propias finanzas y erosiona las bases del desarrollo territorial.