El proyecto de Ley de Modernización Laboral avanza en el Congreso con una reforma profunda del marco regulatorio del trabajo en la Argentina y, aunque alcanza a múltiples sectores, su impacto sobre los empleados de comercio aparece como uno de los más relevantes. Se trata del gremio más numeroso del país, con una actividad regulada por normas de larga data —entre ellas la Ley 20.657 sobre establecimientos comerciales— y por convenios colectivos que, con el paso del tiempo, ampliaron derechos y condiciones laborales en un contexto económico cambiante.
La iniciativa oficial propone cambios que redefinen aspectos centrales de la relación laboral, como los horarios de trabajo, las modalidades de contratación, el esquema de indemnizaciones y el rol de la negociación colectiva y la actividad sindical.
Cuáles son los ejes de la reforma laboral
Uno de los ejes del proyecto es la derogación de leyes y decretos considerados obsoletos, con el objetivo de unificar y simplificar el régimen laboral. Si bien algunas normativas vinculadas a estatutos profesionales, teletrabajo y regulaciones históricas de sectores específicos quedan sujetas a análisis, el espíritu general apunta a reducir superposiciones normativas.
Aunque la Ley 20.657 no figura explícitamente entre las normas derogadas en los borradores conocidos, la reforma podría impactar de manera indirecta en disposiciones tradicionales sobre horarios comerciales, trabajo en feriados y límites de jornada. En un sector donde la apertura extendida, el trabajo nocturno y los fines de semana forman parte del funcionamiento habitual, este cambio abre mayores márgenes de organización para las empresas, pero también genera interrogantes sobre el nivel de protección efectiva para los trabajadores.
Indemnizaciones y actualización de créditos laborales
El proyecto introduce dos herramientas clave que afectan de manera directa a los empleados de comercio. Por un lado, los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que permitirán a las empresas constituir un fondo específico para afrontar obligaciones indemnizatorias. Para los trabajadores, esto implica que la indemnización no desaparece, pero sí cambia su forma de financiamiento y, eventualmente, los plazos de cobro.
Por otro lado, se establece la actualización de los créditos laborales por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Cualquier deuda laboral se ajustará por inflación, lo que busca preservar el poder adquisitivo de los montos adeudados y evitar litigios prolongados en los que el paso del tiempo licuaba las compensaciones.
En un sector caracterizado por una alta rotación y por conflictos individuales frecuentes, estos cambios apuntan a reducir la litigiosidad, uno de los objetivos centrales del Gobierno con la reforma.
Convenios colectivos y ultraactividad
Otro punto sensible para el gremio de comercio es la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos. Actualmente, muchos beneficios continúan vigentes aun cuando el convenio ha vencido. El proyecto propone restringir esa continuidad automática, lo que otorga mayor peso a las renegociaciones y a la relación de fuerzas entre el sindicato y las cámaras empresarias.
En un gremio con convenios históricamente amplios —que incluyen adicionales por presentismo, antigüedad, feriados trabajados, tareas específicas y sistemas de premios—, la reducción de la ultraactividad podría derivar en revisiones profundas y en la eventual pérdida de beneficios si no se alcanzan nuevos acuerdos en plazos acotados.
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