El proyecto de reforma laboral 2025 se aplicaría de forma inmediata a todas las contingencias futuras, como despidos, enfermedades o renegociaciones, modificando derechos y obligaciones tanto para trabajadores como para empleadores, sin importar cuándo se firmó el contrato.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, afirmó claramente que “los cambios contenidos en la reforma laboral son retroactivos y alcanzan a los trabajadores que tienen empleo actualmente”. Esto significa que, aunque los contratos se hayan iniciado bajo la legislación anterior, las nuevas normas regirán en el momento en que ocurra un evento laboral significativo, como la extinción de la relación laboral.
Cambian las indemnizaciones: el impacto de la reforma laboral
Uno de los puntos más relevantes de la reforma es la modificación en el cálculo de la indemnización por despido sin justa causa. Según el nuevo marco legal, la base para calcular esta indemnización se ajusta para que incluya únicamente la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada en los últimos seis meses, excluyendo conceptos no mensuales como el Sueldo Anual Complementario, vacaciones y premios no mensuales.
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Además, la reforma elimina la posibilidad de que los trabajadores realicen reclamos adicionales por daños y perjuicios más allá de la indemnización establecida en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Esto busca reducir la litigiosidad y otorgar mayor seguridad jurídica, ya que la indemnización del Artículo 245 de la LCT será la única reparación válida frente a despidos sin justa causa desde la entrada en vigor de la ley.
Otro cambio que afecta a los empleados actuales es la actualización de indemnizaciones en casos de reingreso. La ley elimina la tasa de interés pura del 3% anual que se aplicaba junto al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para deducir indemnizaciones previas, dejando solo la actualización por IPC, lo que favorece a los empleadores en estos casos.
La reforma laboral y los conflictos actuales
La reforma también impacta en los procesos judiciales en curso. Los créditos laborales pendientes se actualizarán aplicando intereses moratorios basados en la tasa del Banco Central, pero sin superar la suma del capital actualizado por IPC más una tasa del 3% anual. Por otra parte, los plazos para la caducidad de instancia se reducen a seis meses en primera instancia y tres meses en segunda o juicios sumarísimos, afectando los juicios en trámite.
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Un cambio significativo es la derogación total de ciertos estatutos laborales específicos, lo que implica que los trabajadores que estaban bajo esos regímenes pasarán a regirse por la Ley de Contrato de Trabajo general. Esta transición puede significar la pérdida de derechos o beneficios adquiridos bajo los estatutos previos.
También se eliminan artículos que protegían a los trabajadores en litigios, como el Artículo 275, que sancionaba conductas maliciosas del empleador con intereses agravados. La derogación de esta norma afecta a quienes inicien juicios después de la entrada en vigencia de la reforma.
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