El costo oculto de la reforma laboral

La reforma laboral con media sanción en el Senado arrasa con derechos históricos de los trabajadores y, además, entrega beneficios extraordinarios al mundo empresarial vía la reducción de las cargas patronales y la liberación de recursos de las y los jubilados para pagar indemnizaciones de sus trabajadores.

La legión liberal-libertaria insiste en presentar la reforma laboral como un “incentivo” para crear empleo y formalizar trabajadores. La experiencia local e internacional enseña que esto no sucederá. También se sabe que la disminución de las cargas patronales no fomenta la contratación de personal. En los noventa, con Menem y Cavallo se presentó este mismo camino y el resultado fue desastroso en términos de creación de empleo, no así en mejorar, en el margen, la tasa de rentabilidad empresarial.

Como si no supiera nada de la historia económica argentina reciente o, simplemente, por exhibir ignorancia sin pudor, el ministro de Economía, Luis Caputo, se quejó en un tuit: “Les bajamos las cargas patronales un 85% para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. No salgo de mi asombro!”.

Lo asombroso es que el ministro desconozca las reglas básicas del funcionamiento de la economía de las empresas: con la caída de la actividad, el derrumbe del consumo por la depresión en los ingresos de la mayoría de la población, y la destrucción del mercado interno, gran parte del sector privado está asfixiado por deudas, stock sin vender, y evalúa ajustes en sus plantillas o directamente el cierre. No están evaluando contratar nuevos empleados y, por lo tanto, la rebaja de contribuciones patronales les resulta totalmente indiferente. Ahí está la trampa del “incentivo”: sin ventas, no hay empleo; hay transferencia de recursos.

Desfinanciar la seguridad social

La reforma laboral tiene un núcleo fiscal y distributivo: una renuncia de recursos públicos que pega de lleno en el financiamiento de la seguridad social. El relato engañoso de Milei acerca del “equilibrio fiscal” revela, en realidad, que la esencia del modelo liberal-libertario es ajuste a los trabajadores y a los jubilados, y beneficios para las empresas.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) calculó que el texto aprobado por el Senado tiene un costo fiscal directo inicial anual de 0,47 puntos del PIB: 0,41 puntos para Nación y 0,06 puntos para provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este costo es “equivalente a la mitad” del proyecto original. Pero sigue siendo casi medio punto del PIB de pérdida de recursos en un plan económico que postula el equilibrio fiscal como dogma.

La versión original implicaba un peor escenario. El reporte del IARAF estimó un costo fiscal directo inicial anual de 0,89 puntos del PIB (0,71 para Nación y 0,19 para provincias y CABA). La aprobada, luego de la negociación con el grupo de gobernadores sumisos al gobierno central, reduce esa cuenta.

Se incluía una baja de alícuotas del impuesto a las Ganancias para empresas, coparticipable, cuyo costo fiscal directo inicial anual había sido estimado en 0,22 puntos del PIB. En el texto aprobado esa rebaja se eliminó. Pero la lógica general de la reforma no cambió: el combustible del “incentivo” sigue siendo resignar ingresos ligados al trabajo y al consumo.

De hecho, la reforma mantiene la eliminación de ciertos impuestos internos. El IARAF la estima en 0,1 puntos del PIB, con pérdida de 0,04 puntos para Nación y 0,06 puntos para provincias y CABA. Ese 0,06% del PIB que se le resta a las jurisdicciones subnacionales tiene un significado político inmediato: se suma a un “equilibrio” nacional que, en los hechos, se construye tensando el federalismo fiscal, subejecutando partidas y paralizando la obra pública. La contracara es doble: se deteriora la infraestructura básica y, a la vez, se empuja a provincias y municipios a cubrir con recursos propios lo que el Estado nacional deja de financiar.

Las indemnizaciones de trabajadores despedidos las pagan los jubilados

Pero el corazón del costo está en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). La reforma laboral es escandalosa y esta iniciativa es doblemente escandalosa: se reduce el flujo de aportes y contribuciones que financia el sistema previsional y se desvía una porción hacia cuentas individuales para pagar indemnizaciones de trabajadores del sector privado. Las cuentas que se crearán alimentarán mientras tanto la bicicleta financiera y el frenesí endeudador de Caputo.     

En el proyecto original, el FAL implicaba una reducción de ingresos no coparticipables equivalente a 0,57 puntos del PIB. Con el texto aprobado, ese costo baja a 0,37 puntos del PIB en el escenario base y puede trepar a 0,46 puntos si el Poder Ejecutivo utiliza la facultad de ampliar la reducción. 

El articulado fija una contribución mensual obligatoria del 1% para grandes empresas y 2,5% para micro, pequeñas y medianas, y habilita a incrementarla hasta 1,5% y 3% “atendiendo al cumplimiento de las metas asociadas a las políticas de equilibrio fiscal”. 

A la vez, el circuito se monta con diseño administrativo: los aportes se canalizan vía la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como agente de derivación. Luego, las cuentas se abren en fondos administrados por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores, a elección del empleador. Si la cuenta no alcanza o si falta pago, el Estado se corre: el mecanismo queda “a riesgo” del propio sistema de cuentas.

El informe del IARAF analiza que con el FAL, las contribuciones del empleador pasan del 27% al 26% en empresas grandes y al 24,5% en PYMES; la carga laboral total sobre el salario bruto baja del 44% al 43% y al 41,5%, respectivamente. Se reduce, de este modo, la porción del costo laboral que financia la seguridad social, particularmente el componente con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), es decir, las jubilaciones del régimen público. Son fondos que salen del mismo lugar del que sale la jubilación de hoy y la de mañana.

El oficialismo intenta dominar el debate público a partir del eslogan sobre el mal llamado “costo laboral”. Las contribuciones patronales no son un “extra” inesperado. Son salario diferido: el mecanismo por el cual la sociedad financia jubilaciones, asignaciones, protección frente al desempleo y parte de la cobertura social. Reducirlas no elimina el gasto que sostienen; cambia quién lo paga o a quién se le recorta el derecho. En un tuit, Edgardo Rovira lo puso en términos directos: Argentina no está en la cima mundial de contribuciones patronales; está en un rango intermedio. Y bajar ese componente no garantiza ni precios más bajos ni más inversión productiva; lo inmediato es que crece el margen empresario mientras se debilita el financiamiento previsional.

Privatizar el sistema previsional

La reforma profundiza esa lógica con el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL). Para cada nuevo empleo bajo el régimen, las contribuciones del empleador bajan del 27% al 15% durante 48 meses. La carga laboral total sobre el salario bruto pasaría del 44% al 32%, una reducción de 12 puntos porcentuales durante cuatro años. El problema fiscal es evidente y el problema económico también: sin ventas, el “incentivo” no crea empleo; solo mejora el margen empresario y empuja a competir por menores costos, no por mayor productividad.

El propio IARAF denomina estas estimaciones como “costo fiscal directo inicial anual” porque el Gobierno argumenta que la baja de alícuotas podría derivar en mayor formalización y, por esa vía, compensar parte de la pérdida; y porque un mayor consumo, tras la eliminación de impuestos internos, podría aumentar la recaudación de otros tributos. Lo cierto es que la pérdida es concreta y cuantificable hoy; la compensación es una eventualidad que, en realidad, suele derivar en ajuste a las y los jubilados.

La pregunta clave es: ¿cómo se financiará el bache previsional si se recortan los aportes y contribuciones a la seguridad social? En un sistema de reparto, el flujo de aportes y contribuciones sostiene el pago corriente a jubilados. Si se lo recorta, el Estado queda ante tres salidas, todas socialmente regresivas: ajustar prestaciones, cubrir con recursos alternativos (más impuestos u otras fuentes) o endeudarse y licuar. La economía argentina ya transitó senderos parecidos cuando se recortaron contribuciones con la promesa de empleo: el resultado fue desfinanciar la seguridad social sin crear el mercado de trabajo prometido, y luego reemplazar recursos con deuda pública.

La otra alternativa es directamente la privatización del sistema previsional. Este es el horizonte de este experimento liberal-libertario. La reforma laboral no es modernización del mercado de trabajo: se convierte, entonces, en el proyecto de país con menos derechos para los trabajadores y la conformación de un sistema jubilatorio más débil, camino a la privatización.