La confirmación del Fondo Monetario Internacional de que el Gobierno de Javier Milei impulsará una reforma previsional que afectará a los actuales y futuros jubilados volvió a colocar en escena uno de los compromisos más sensibles del acuerdo firmado con el organismo. Entre los cinco ejes que aparecen detallados en el Staff Report de junio pasado figura uno que hasta ahora había permanecido prácticamente fuera del debate público: la "unificación y simplificación" de los más de 200 regímenes jubilatorios que conviven en la Argentina.
La referencia no es menor. Mientras el Ejecutivo evita precisar el contenido del proyecto que planea enviar al Congreso, el documento del Fondo incorpora esa modificación junto con la integración de la PUAM al sistema general, la creación de un esquema proporcional según los aportes realizados, el aumento del empleo formal y una futura adecuación de la edad jubilatoria. El objetivo declarado es construir un sistema que el organismo considera más sostenible desde el punto de vista fiscal.
Sin embargo, detrás de esa formulación técnica aparece un universo muy heterogéneo de trabajadores que hoy acceden a condiciones jubilatorias distintas porque el propio Estado reconoció, mediante leyes específicas, que sus actividades presentan características particulares. Entre los sectores más visibles aparecen los docentes, los docentes universitarios, los investigadores científicos, los trabajadores de Luz y Fuerza, los magistrados y funcionarios judiciales y los integrantes del Servicio Exterior, todos alcanzados por regímenes especiales administrados por la ANSES.
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Los trabajadores con regímenes especiales: futuros jubilados en la mira
Los docentes constituyen probablemente el caso de mayor impacto político. El régimen especial les permite acceder a la jubilación con requisitos distintos al régimen general y contempla un mecanismo específico para calcular el haber inicial, además de una movilidad propia. Los docentes universitarios cuentan con un esquema similar, mientras que los investigadores científicos mantienen un régimen que reconoce la carrera desarrollada en organismos nacionales de ciencia y tecnología. Los magistrados y funcionarios judiciales, por su parte, conservan un sistema diferenciado reformado por la Ley 27.546, mientras que los trabajadores de Luz y Fuerza perciben un suplemento previsto por convenios específicos y los funcionarios del Servicio Exterior mantienen reglas particulares para el acceso al beneficio.
La eventual revisión de esos regímenes representa un desafío político para el Gobierno porque involucra a sectores con fuerte capacidad de organización sindical e institucional. CTERA, CONADU, los gremios universitarios, las asociaciones de magistrados y los sindicatos del sector energético han defendido históricamente esos esquemas como parte de los derechos laborales adquiridos y no como privilegios previsionales.
Pero el alcance de la discusión podría ser todavía mayor. Además de esos siete regímenes especiales, el sistema previsional mantiene 45 regímenes diferenciales destinados a trabajadores expuestos a tareas penosas, riesgosas o insalubres. Allí aparecen, entre otros:
- choferes de transporte colectivo
- conductores de cargas
- petroleros de exploración y perforación
- mineros
- ferroviarios
- trabajadores portuarios
- personal embarcado
- recolectores de residuos
- operarios metalúrgicos
- personal sanitario que trabaja con pacientes infectocontagiosos
- empleados de cámaras frigoríficas
- trabajadores agrarios y vitivinícolas
La diferencia entre ambos universos resulta central. Los regímenes especiales responden generalmente a carreras profesionales o funciones específicas reguladas por leyes particulares. Los diferenciales, en cambio, fueron creados para compensar el desgaste físico producido por actividades que implican riesgos permanentes o condiciones laborales excepcionales. En muchos casos permiten jubilarse a los 50, 52 o 55 años porque el Estado entendió que esas tareas no podían desarrollarse hasta la edad prevista para el régimen general.
Hasta ahora el Gobierno no aclaró si la "simplificación" mencionada por el Fondo implicará una armonización administrativa o una modificación concreta de esos beneficios. Tampoco explicó si todos los regímenes serán revisados bajo un mismo criterio o si se distinguirá entre aquellos creados para reconocer condiciones de trabajo riesgosas y los que responden a funciones específicas dentro del Estado.
Esa falta de precisiones alimenta la preocupación de los gremios. Aunque el documento del FMI no enumera qué regímenes deberían modificarse, la referencia a la "unificación y simplificación" del sistema previsional abre la puerta a una discusión que involucra a cientos de miles de trabajadores. El interrogante ya no pasa únicamente por un eventual aumento de la edad jubilatoria o por la creación de un sistema proporcional de aportes. También alcanza a la continuidad de beneficios que forman parte de la historia previsional argentina desde hace décadas y que fueron incorporados precisamente porque el propio Estado reconoció que no todas las actividades laborales generan el mismo desgaste ni pueden ser tratadas bajo las mismas reglas.
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