El Gobierno porteño limitará el aumento de las patentes que él mismo habilitó

Luego de la difusión de boletas del impuesto automotor con incrementos que en algunos casos superaron el 100% interanual, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció este jueves que enviará a la Legislatura porteña un proyecto de ley para poner un tope a la suba de las patentes. La iniciativa llega después de una ola de reclamos en redes sociales y de la publicación de notas periodísticas que expusieron el impacto de los nuevos valores en miles de contribuyentes.

Según informó el Ejecutivo porteño a través de un comunicado oficial, el objetivo del proyecto es que “ningún aumento sea mayor a la inflación registrada en 2025”. Además, se resolvió prorrogar los vencimientos previstos para el inicio del calendario fiscal, ya que, de acuerdo con la terminación del dominio, muchos contribuyentes debían comenzar a pagar el impuesto en las primeras semanas de febrero.

El anuncio, sin embargo, se produjo cuando las boletas ya estaban disponibles en la página de la Administración General de Ingresos Públicos (AGIP) y en los sistemas de home banking. En numerosos casos, los valores reflejaban subas muy por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un impacto particularmente fuerte en vehículos con más de diez años de antigüedad.

Aunque el proyecto aún no fue enviado a la Legislatura y no se conocen detalles adicionales más allá de lo difundido oficialmente, el Gobierno confirmó que quienes hayan recibido aumentos superiores a la inflación solo deberán abonar hasta ese tope. Todavía no se precisó qué índice se tomará como referencia: el IPC nacional del Indec, que marcó un 31,5% en 2025, o el índice de inflación de la Ciudad, que fue levemente superior, con un 31,8%.

Uno de los puntos centrales del conflicto tiene que ver con el cambio en el criterio de valuación fiscal de los vehículos. Para el ejercicio 2026, la Ciudad decidió dejar de utilizar como referencia los valores de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA) y pasar a la tabla elaborada por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Según explicó el Gobierno porteño, la decisión respondió a “inconsistencias y desactualizaciones” en la base anterior, y permitió ajustar los valores al “precio real del mercado automotor”.

Ese cambio, sin embargo, no fue acompañado por un tope legal en el Presupuesto 2026. A diferencia de lo ocurrido en 2025 —cuando, en un contexto de alta inflación, la Legislatura había votado un límite del 130% para el aumento de las patentes—, este año se mantuvo el esquema de alícuotas progresivas sin ningún mecanismo que amortiguara el impacto de la actualización de las valuaciones. El resultado fue que, en determinados modelos, especialmente los más antiguos, la valuación fiscal se duplicó y arrastró con ella el monto del impuesto.

De acuerdo con datos oficiales de AGIP, el impacto alcanzó al 16% del padrón automotor, es decir, a unos 171.427 vehículos sobre un total de 1.058.310 empadronados en la Ciudad. Otro 16% registró aumentos por debajo de la inflación, mientras que el resto mantuvo su tramo dentro de la escala y no superó el IPC. Aun así, los casos de subas extremas concentraron la atención pública y dejaron en evidencia la ausencia de previsiones en el diseño del esquema tributario.

El comunicado oficial insistió en que “no hubo un aumento del impuesto”, sino una actualización de las valuaciones, una distinción técnica que no logró desactivar el malestar de los contribuyentes. Frente a ese escenario, el Ejecutivo optó por retroceder parcialmente y anunciar un límite que no había sido discutido durante el tratamiento del Presupuesto.

El esquema vigente contempla siete tramos de valuación, con alícuotas promedio que van del 1,6% al 6%, y una alícuota efectiva promedio del 3,5% para todo el padrón. Según el propio Gobierno, el 81% de los vehículos se concentra en los tres tramos más bajos. Sin embargo, la experiencia de este año dejó en evidencia que, sin topes explícitos, las decisiones administrativas sobre las valuaciones pueden traducirse en aumentos difíciles de justificar para los contribuyentes, aun cuando se los presente como simples “actualizaciones técnicas”.