Destruir el Estado para achicar la Nación

A veces es necesario volver a las preguntas más elementales, por ejemplo: ¿cuáles son los objetivos de la política económica? Más allá de los gustos ideológicos, existe un lugar común entre quienes no se ven afectados personalmente por las políticas libertarias: afirmar que la actual política económica es exitosa.

Entre los empresarios y sus voceros, por ejemplo, prima la idea de que el súper ajuste de las cuentas públicas era una tarea que debía hacerse y que, para este objetivo, Milei era el instrumento necesario. Que el Presidente se haga el loco, que monetice como el último lumpen la institución presidencial, que sus funcionarios aprovechen el efímero paso por la función pública para hacerse rápido de algún capital, son apenas cuestiones de forma y absolutamente menores. Lo importante es que el trabajo sucio se haga, de la manera que sea. Ya vendrán los tiempos para emprolijar lo institucional y atender a los más perjudicados, algo que hasta podría ser la tarea futura de un peronismo domesticado y consensual. En este sentido, la alta burguesía local siempre fue pragmática. Sabe que muchos cambios estructurales en el Estado resultan prácticamente imposibles de revertir. Un ejemplo concreto fue el reendeudamiento macrista, con regreso al FMI incluido, que dejó condicionada la política local por varias generaciones. Y se consiguió en solo dos años.

Dicho de manera taxativa, el objetivo central, verdadero, de la actual política económica es reducir el peso y la injerencia del Estado en la economía, lo que supone reducir sus funciones en áreas clave como la educación y la salud, las que dejaron de considerarse estrictamente bienes públicos. A ello se suma algo especialmente grave y poco dimensionado, el abandono de la infraestructura básica. Desde esta perspectiva, la actual política económica es efectivamente exitosa, lo que no quiere decir que no haya consecuencias.

A los votantes menos informados les puede parecer fantástico que se reduzca la planta estatal. Desde alguna miseria, hasta pueden disfrutar de la depreciación continua de los salarios públicos. Pero la realidad es que el grueso de los salarios públicos no son burócratas administrativos, ni secretarios de Estado y ministros que se desplazan con chofer en autos oficiales, esos que fueron exitosamente estigmatizados como “la casta”. El grueso de los trabajadores públicos son otra cosa, son profesores, investigadores, maestros, médicos, enfermeros, militares y policías, en otras palabras: Educación, ciencia, salud y seguridad. Funciones básicas. Parece mucho que un ministro cobre poco más de siete millones de pesos, lo que es hipocresía pura y de vieja data, pero no parece poco que un médico súper especializado en un hospital público gane alrededor de dos millones, o que un maestro tenga un salario en torno al millón. Hasta pareciera estar bien pauperizar a quienes realizan estas tareas esenciales y de altísimo valor comunitario. Y ni hablar del abandono de la ciencia y las artes, que en un marco tan adverso parecen actividades puramente diletantes.

Y luego está el deterioro más silencioso, pero que tendrá efectos profundos y de largo plazo, que es el provocado por el abandono de la infraestructura. Lo que más suena es el abandono de las rutas, pero la administración mileísta no hace obras de ningún tipo. El Presidente decretó que eran “un robo” y procedió directamente al abandono. La única infraestructura en marcha es privada y se vincula a tuberías para sacar por mar la producción de Vaca Muerta, una razón de supervivencia de la actividad extractiva que más crece. Se abandonaron rutas, ferrocarriles, obras hidroeléctricas, líneas de alta tensión. No se construyen más escuelas, ni hospitales, ni viviendas. Todo sería un robo. Una mirada conspirativa, pero no tanto, es que la población se hartará de romper vehículos en caminos deteriorados y, por ejemplo, aceptará la privatización vía peajes como una salvación. La meta siempre será la misma: menos bienes públicos, más negocios privados.

Como no se puede decir “venimos a destruir las funciones básicas del Estado” se utiliza la excusa del combate contra la inflación, la que se explicaría exclusivamente por la monetización del déficit fiscal y la consecuente necesidad de reducir gastos. Como la inflación es una verdadera desgracia para quien vive de un salario, no fue difícil construir la voluntad de sacrificio en torno a su combate. Para que la sociedad acepte ajustes no existe nada más disciplinador que una inflación persistente durante el tiempo suficiente, que siempre funcionó como herramienta para desplazar a los gobiernos populares que disgustaban. A la vez, estos gobiernos populares siempre supieron pisar el palito de no saber mantener a raya los precios, enseñanza histórica que deberían grabarse a fuego. En el futuro nada debería ser más innegociable que mantener a raya la inflación.

Pero la pregunta inicial sigue en el aire ¿cuáles deberían ser los “verdaderos” objetivos de la política económica? Una respuesta unívoca desde la economía del desarrollo es: mejorar las condiciones de vida de las mayorías. En este punto existe un consenso teórico extrapartidario. Para llegar al bienestar, que supone crecer y desarrollarse, la estabilidad macroeconómica es indispensable y ordenadora: se necesita que el sistema de precios funcione enviando a los actores económicos las señales correctas y se necesita tener moneda propia. A su vez esto demanda tener orden en las cuentas públicas, es decir una relación ordenada entre ingresos y gastos estatales. Y para completar también se necesita un aparato estatal eficiente en el uso de los recursos públicos. De lo que se trata es de generar un entorno que brinde las condiciones para el desarrollo de la actividad privada. La construcción de infraestructura energética y vial, por ejemplo, resulta fundamental para que las empresas produzcan con costos competitivos. Sin embargo, esta macroeconomía estable no es un elemento aislado, un fin en sí mismo. Tiene un “para qué” que es el crecimiento y el desarrollo.

La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero no suficiente. Si se mira solamente esta dimensión se corre el riesgo de repetir la zoncera noventista de “estamos mal, pero vamos bien”, o la afirmación del grueso de los economistas oficialistas de la primera Alianza post menemista que aseguraban que “los fundamentals están bien”, mientras se profundizaba la recesión. En el presente la zoncera se mantiene intacta bajo la forma de “la micro está mal, pero la macro está bien”.

La realidad es bien distinta. La macro se mantiene relativamente ordenada porque se mantuvo el flujo de endeudamiento externo y se mantiene un buen desempeño de los sectores exportadores, lo que permitió sostener la apreciación cambiaria. En contrapartida, el cambio de los precios relativos, tanto el dólar barato como la disparada de los servicios, fue letal para muchas actividades. Si se mira la macro, el último año, 2025, parece una maravilla, en tanto mostró un crecimiento del 4,4 por ciento. Si en cambio se mira lo que hay adentro, se observa, como reseñó el último informe semanal de la consultora SurAmericana, que solo seis sectores sobre un total de dieciséis explicaron alrededor del 90 por ciento de la expansión.

No hace falta detenerse mucho en el detalle de los números, solo ocurrió lo previsible. Se recuperó fuerte el agro después de la sequía y crecieron los sectores energéticos y mineros. Al mismo tiempo cayeron la industria, la construcción y el comercio. Dicho de otra manera, crecieron los sectores exportadores y se derrumbaron todos los que generan empleo y vinculados al mercado interno. Esta dinámica explica la consolidación de la anomalía de una economía que crece al mismo tiempo que se deteriora el mercado de trabajo y, por extensión, del consumo de rubros como los alimentos. La conclusión preliminar es que, visto desde la perspectiva de la economía del desarrollo, la política económica no cumple el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las mayorías, lo que a su vez explica el creciente malestar social y la caída de los índices de aprobación de la gestión gubernamental. Mientras se mantiene un núcleo duro de esperanzados, las mayorías ya asumen que la situación económica empeorará.

El problema de fondo es que el oficialismo realmente cree que “la macro está bien”, lo que implica una discusión más fina sobre cuán sostenibles son los números del presente. Pero el problema no está solo allí, sino en una creencia bastante peor: el gobierno también cree que “la micro”, que no es otra cosa que la economía de las familias y las empresas, se arreglará sola, algo que jamás sucederá. Más bien ocurrirá todo lo contrario: sin cambios en la política económica la micro solo profundizará su deterioro. Dicho de otra manera, no solo no se arreglará sola, sino que empeorará estructuralmente.-