La polémica en torno a Marcos Galperin generó repudio por la burla hacia una persona en condiciones vulnerables, pero su comentario contra una jubilada que gana la mínima es aún peor si se tiene en cuenta lo que el dueño de Mercado Libre oculta: las exenciones impositivas que le regala el Estado.
La controversia se desató días atrás, cuando el empresario reaccionó con un emoji de risa a un video en el que una jubilada relataba las dificultades para cubrir sus gastos básicos. El gesto fue ampliamente criticado en redes sociales y reavivó el debate sobre desigualdad y sistema previsional.
Quién cuesta más: Galperin o la jubilada
El economista Nicolás Dvoskin publicó un hilo en redes sociales en el que cuestionó con dureza al fundador de Mercado Libre y puso el foco en el impacto fiscal de los beneficios que recibe su compañía.
Dvoskin centró su crítica en el funcionamiento del sistema previsional argentino y buscó desarmar la idea de que se sostiene únicamente con aportes de los trabajadores. Según explicó, actualmente cerca de la mitad del financiamiento de la ANSES proviene de contribuciones y la otra mitad de recursos tributarios. En ese sentido, sostuvo que el sistema dejó de autofinanciarse para fines de los 70 y que el esquema “contributivo puro” es, en sus palabras, “un mito”.
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El economista también remarcó que el financiamiento mixto no es una excepción local, sino una característica extendida a nivel global, incluso en países desarrollados. Afirmó que ningún sistema previsional moderno funciona exclusivamente bajo lógica de mercado y que la intervención estatal es estructural.
En ese marco, apuntó directamente contra Galperin al señalar que las exenciones impositivas que benefician a Mercado Libre implican una merma de unos 15 millones de dólares anuales en la recaudación destinada a la seguridad social. Según su cálculo, ese monto equivale a aproximadamente 3.800 jubilaciones mínimas. “Galperin le cuesta al Estado 3.800 veces más que la jubilada de la que se burló”, concluyó.
La intervención reorienta la discusión hacia el rol de las grandes empresas en la estructura de financiamiento del Estado, sumando un enfoque económico a una polémica que hasta ahora se había centrado principalmente en la actitud del empresario.
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