El acuerdo secreto entre la administración Milei y Joe Lewis –vía Hidden Lake SA- para dar de baja una acción de lesividad que había iniciado por el propio Estado en 2023 se llevó acabo con la excusa de permitirle al empresario inglés la finalización de las obras para la interconexión de su central hidroeléctrica al sistema mayorista. No existía ninguna causal de urgencia para homologar esta conciliación durante la feria judicial de enero salvo la necesidad de mantenerla en la opacidad.
El Destape accedió al documento de conciliación firmado entre los representantes de Hidden Lake y el Ministerio del Interior el 14 de enero; el rechazo del fiscal Fabián Omar Canda que en su dictamen del 15 de enero sostuvo que no debía abrirse la feria; y la sentencia del juez Walter Lara Correa que decidió saltear a la titular del contencioso administrativo federal número 4, Rita María Teresa Ailín, y estampar su firma para dejar sin efecto el litigio.
“La opción de conciliar el proceso es una cuestión de mérito, oportunidad, conveniencia y competencia de los funcionarios con facultad de resolver, de manera que, de ser así, debería instruirse en tal sentido y en forma expresa…El Ministerio del Interior desiste de la acción de lesividad declarando que nada tiene que reclamar contra Hidden Lake”, puede leerse en el documento al que accedió El Destape. Dentro de la administración Milei, el aval político para cerrar el litigio lo tuvo que dar, con su firma, el ministro Diego Santilli. A pesar de ser un tema de interés público, el expediente sigue "reservado".
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El acuerdo llegó dos meses antes de que Milei designase a Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia y de que enviase al Senado el pliego de Carlos Mahiques para que continúe con sus funciones en la Cámara de Casación Penal. Ambos participaron del viaje a Lago Escondido junto a otros jueces y fiscales con todo pago por el Grupo Clarín. En los Tribunales Federales reinan “los huemules del lawfare”.
El abogado en representación de Hidden Lake es Jaime Cibils Robirosa, quien fuera presidente de Correo Argentino durante el período presidencial de Mauricio Macri además de ser su letrado personal y José Luis Ariel Bianco, representante legal de la empresa de Lewis desde 2009. Cibils Robirosa también impulsó el nuevo procesamiento de Ricardo Nissen, ex titular de la IGJ, justamente por haber dictaminado en 2022 que dicha sociedad era una cáscara vacía cuya única finalidad era resguardar la figura de Lewis.
El acuerdo develado El Destape fue rubricado en un momento específico. La administración Milei está construyendo un corpus normativo para el saqueo sistemático de los recursos naturales –en el marco del RIGI, los cambios en la ley de tierras, glaciares y minerales críticos- bajo la mirada de los Estados Unidos y con un fuerte esquema de militarización de los territorios con la conformación del Comando Unificado de Seguridad Productiva y actividades de espionaje a la medida de Peter Thiel, el dueño de Palantir.
Paga de favores entre Milei, Weretilneck y Lewis
De acuerdo a la documentación a la que accedió El Destape, el acuerdo entre Hidden Lake SA y el Ministerio del Interior se firmó el 14 de enero de 2026 y al día siguiente, los abogados de la empresa, Jaime Cibils Robirosa y José Luis Ariel Bianco, solicitaron la apertura de la feria judicial que fue rechazada por Fabián Omar Canda, a cargo de la Fiscalía en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal N°7.
“Las razones de urgencia que autorizan la requerida habilitación son aquellas que entrañan un riesgo previsible e inminente de verse frustrados determinados derechos, en el caso de no prestarse el servicio jurisdiccional…Por eso opino que el Tribunal no debería hacer lugar a la habilitación de la feria”, suscribió Canda en su dictamen del 15 de enero.
La urgencia era política, en un intento del Ministerio del Interior a cargo de Diego Santilli para congraciarse con el gobernador Alberto Weretilneck y la propia empresa Hidden Lake. El motivo de fondo para echar por tierra la demanda que había iniciado el propio Estado por la apropiación fraudulenta de las 12.000 hectáreas en zona de seguridad de frontera se explica por el negocio hidroeléctrico de Lewis.
Además de apropiarse del Lago Escondido y de los pasos públicos, Lewis construyó una pequeña central hidroeléctrica junto a la empresa Pampa Energía, como parte de su diversificación de negocios a través de la estructura de Tavistock Group.
La central se había inscripto bajo la sociedad Patagonia Energía, con una autorización para el uso del agua por 30 años. La empresa nunca pagó el cargo correspondiente a la provincia. El 25 de julio de 2025, la secretaría de Energía, a cargo de María Carmen Tettamanti, emitió la Resolución 324 por la cual autorizó el traspaso de dicha central hidroeléctrica a la empresa Hidden Lake SA, una cáscara societaria que hasta entonces no contaba con ningún movimiento económico según la denuncia realizada por el ex titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, recientemente procesado por su actuación en este caso.
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La urgencia era política y económica. Lewis tenía comprometida una obra para la ampliación de su negocio energético que no estaba dispuesto a desembolsar hasta tanto no le resolvieran la acción de lesividad iniciada por el propio Estado. Así consta tanto en el dictamen del fiscal Canda como en la sentencia del juez Lara Correa.
“La homologación del acuerdo es la condición sine qua non para destrabar y concretar una inversión de infraestructura crítica para garantizar electricidad para la comunidad de todas las localidades que integran la Comarca Andina. Hasta la definitiva homologación firme de cualquier solución conciliatoria, no podemos embarcarnos en la obra de interconexión y finalizarla antes del invierno. Debemos asegurarnos la provisión de los materiales antes del 25/30 de enero”, señalaron desde Hidden Lake. La sentencia de Lara Correa llegó el 28 de enero.
Lo esgrimido por los representantes de Lewis y que fuera volcado dentro del expediente por el magistrado –que actuó por encima de la jueza Rita María Teresa Ailín quien había iniciado una instancia de medidas de prueba- podría interpretarse como un mensaje cuasi extorsivo, acuñado en connivencia con el Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck y el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, ex contador de Lewis: O nos resuelven la demanda o se cae nuestra inversión.
“Convalidar la ilegalidad de origen que tuvo la compra de la estancia Lago Escondido es contrario al interés público y un paso más de la entrega deliberada de la soberanía nacional a capitales extranjeros que está llevando a cabo el gobierno nacional. Este es el motivo por el cual decidieron esconder este acuerdo espurio”, sostuvo –en diálogo con El Destape- el abogado Juan Martín Palumbo, quien lleva adelante el litigio por el acceso libre al Lago Escondido junto a la legisladora provincial Magdalena Odarda.
La arquitectura de una estafa
“Yo compré lo que me dejaron comprar y aquí estamos todos”. Así habla Joe Lewis en una breve entrevista que le hizo el periodista Gonzalo Sánchez para su libro La Patagonia Vendida (Editorial Marea, 2006). En su texto, el periodista avanzó un poco más en las estrategias furtivas del empresario británico.
“Además de controlar el acceso al lago, pesa sobre el británico la sospecha de que estaría buscando apoderarse de la naciente de varios ríos de la zona. Hidden Lake SA encargó estudios de mapeo satelital sobre áreas que serían de su interés: una de ellas es la ladera sudoeste del Cerro Carreras, donde nace el río Pilcaniyeu”, escribió Sánchez.
Sobre el Cerro Carreras, Weretilneck otorgó este año permisos de cateo a la empresa Tamar Mining que opera bajo el paraguas de Meridion del Plata y fue operadora local para la prospección de aguas subterráneas de la empresa israelí Mekorot (utilizada por el Estado de Israel en su avanzada de apartheid en Gaza). La legisladora Odarda impugnó el acuerdo con Mekorot rubricado en 2023.
Hidden Lake SA nació como una empresa cáscara. La cronología del desfalco quedó documentada en un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y de la Procuración del Tesoro, en la época de Carlos Balbín, antes de ser echado por Mauricio Macri.
- El 17 de junio de 1994 se constituyó la empresa HR Properties Buenos Aires, con asiento legal en la Capital Federal. Dicha compañía suscribió 12.000 acciones divididas entre Alfredo Rovira y Miguel Gesuiti.
- Dos años después, se incorporó como titular de la empresa el abogado Lisandro Alfredo Allende. En su carácter de presidente de Properties S. A, el 19 de junio de 1996, solicitó ante la “Comisión Nacional de Zona de Seguridad”, la autorización para la compra de 8063 hectáreas en el paraje “EL FOYEL”, Provincia de Río Negro, en plena área de seguridad de frontera. Luego se le agregaron otras 2000 hectáreas.
- La autorización fue otorgada por el director de la Unidad de Proyectos de Radicación el 2 de julio de 1996, a nombre de Properties SA.
- En el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Río Negro, la escritura de ese campo había quedado inscripta bajo la sociedad Hidden Lake S. A., con fecha 30 de agosto de 1996. Según determinó la Defensoría del Pueblo, primer organismo público que impulsó la causa penal contra Lewis en 2010, ese cambio estatutario se había realizado en mayo de 1996, dos meses antes de que se autorizara la venta a Properties.
- Los accionistas de Hidden Lake SA habían pasado a ser Rovira, con 11.999 acciones y el hijo de Joe Lewis, de nombre Charles Lewis, con una sola acción a nombre de la empresa británica Lago Corp.
Yo compré lo que me dejaron comprar. Resuenan las palabras de Lewis. El Estado abandonó una demanda que había iniciado el propio Ministerio del Interior en 2023 a cambio de nada. Según el acuerdo homologado el 14 de enero, Hidden Lake solo se comprometió a pagar los honorarios de los abogados y desembolsar una inversión que ya tenía comprometida –y que adeudaba- para la construcción y ampliación de la represa hidroeléctrica. El acuerdo de conciliación fue un favor político de la administración Milei hacia el británico Joe Lewis.
Del fallo del juez Lara Correa sobresale un dato más. Para empalmar los deseos de la administración Milei, la Procuración del Tesoro modificó lo que en su momento había plasmado el procurador Balbín.
“El vicio en la causa de la primera autorización conferida a Hidden Lake en su carácter de continuadora de HR Properties fue leve, de modo que la nulidad a que dio origen era relativa”, transcribió el magistrado.
No fue una falta leve sino el mecanismo por el cual Lewis consiguió la aprobación de un permiso para adquirir 12.000 hectáreas en zona de seguridad de frontera con la utilización de empresas cáscaras para simular una nacionalidad argentina y ocultar al verdadero dueño de esas tierras, Lewis.
El actual gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, lo describió de manera sencilla pero no menos obscena, durante un reportaje para el Canal 10 y la radio LU 19 de la provincia: “Nadie niega que Lago Escondido es de (Joe) Lewis, pero la sociedad propietaria de Lago Escondido es argentina y cumple la ley. Y las otras tierras que están en manos (sic) de los Emiratos Árabes o de Qatar, están a nombre de sociedades argentinas”.
La militarización de los territorios
El Poder Económico le encargó a Milei la construcción de un plexo normativo para el saqueo de los recursos naturales que alimentarán la industria bélica y tecnológica, en principio, de los Estados Unidos. Los cambios en la protección de los glaciares o la eliminación de hecho de la ley, que ponía restricciones a la compra de tierras por parte de personas extranjeras y prohibía el uso de testaferros, van en ese sentido.
En el caso de la ley de tierras, su eliminación no hará más que consolidar una situación vigente: la entrega de una parte del territorio a empresarios británicos, qataries y de los Emiratos Arabes Unidos (EAU) en La Patagonia, puntualmente en la provincia de Río Negro. Lewis le vendió una pista de aterrizaje que poseía sobre la costa de la provincia a capitales de los EAU.
Tanto Qatar como EAU forman parte del proyecto de Donald Trump denominado Pax Silica, una alianza de países para consolidar una cadena de suministros vinculada a la inteligencia artificial y la instalación de sus megas datas centers. La presencia de Peter Thiel en la Argentina no es azarosa.
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