El Gobierno presenta el superávit fiscal financiero como el eje central de su programa económico y como prueba del ordenamiento de las cuentas públicas. Sin embargo, un informe reciente del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA-CONICET muestra que ese resultado positivo se sostiene en cambios metodológicos y en un tratamiento contable de la deuda que altera la lectura del balance real del Sector Público Nacional No Financiero. Según el Informe de Coyuntura del IIEP, durante 2025 el Estado nacional mantuvo el ajuste iniciado el año anterior y alcanzó un superávit primario de 1,4% del Producto Bruto Interno.
El resultado primario, por definición, excluye el pago de intereses de la deuda. Cuando se descuentan los intereses registrados oficialmente —10,3 billones de pesos— el resultado financiero arroja un saldo positivo de 1,5 billones de pesos, equivalente a 0,2% del PBI. Ese número es el que el Gobierno exhibe como superávit fiscal financiero. Pero la diferencia entre el resultado primario y el financiero, equivalente a 1,2% del PBI, no incluye la totalidad de los intereses devengados por la deuda pública. El informe advierte que quedan fuera de ese cálculo los intereses correspondientes a instrumentos de corto plazo del Tesoro, en particular las Letras Capitalizables (LECAPs).
El motivo de la exclusión es metodológico. Las LECAPs capitalizan intereses y se cancelan al vencimiento por un monto total que integra capital más intereses. En términos contables, el pago se registra como amortización de deuda y no como gasto por intereses. De este modo, esos intereses se contabilizan “bajo la línea”, es decir, dentro de las fuentes y aplicaciones financieras, que no impactan en el resultado fiscal financiero. El informe explica que se trata de “una consideración metodológica técnicamente válida pero conceptualmente confusa”, ya que impide distinguir entre la devolución del capital y la remuneración del préstamo. En la práctica, esta decisión contable permite mostrar un resultado financiero positivo aun cuando el Estado está pagando intereses que no se reconocen como tales en el balance fiscal.
Durante 2024 y 2025, el Gobierno canceló LECAPs por un total de 156 billones de pesos, una cifra que supera el 18% del PBI. Esas letras habían sido emitidas a plazos promedio algo superiores a los nueve meses y, en su mayoría, a tasa fija. Utilizando la Tasa Efectiva Mensual de cada instrumento, cuya media ponderada fue de 3,8%, el IIEP estimó cuánto del monto pagado corresponde a capital y cuánto a intereses. El resultado de ese ejercicio indica que 46 billones de pesos de los pagos realizados por LECAPs pueden considerarse intereses, mientras que los 110 billones restantes corresponden a la devolución del capital original. En términos anuales, esa estructura equivale a una Tasa Efectiva Anual cercana al 55%.
Si esos 46 billones de pesos se imputaran como intereses y se restaran del resultado primario, el balance financiero pasaría de un superávit a un déficit de magnitud similar al registrado en 2023. El informe aclara que esa corrección, aunque más completa que la oficial, tampoco refleja con precisión la situación fiscal, ya que una parte relevante de lo que se denomina “interés” está asociada a la actualización por inflación del capital y no a una ganancia real para los acreedores. Por ese motivo, el IIEP propone un cálculo alternativo. En lugar de considerar como interés todo el incremento del valor nominal de las LECAPs, el informe actualiza el capital original por inflación, utilizando el coeficiente CER, y atribuye la diferencia entre ese valor actualizado y el monto efectivamente pagado a intereses reales.
Bajo este criterio, de los 156 billones de pesos cancelados, 142 billones corresponden a amortización de capital actualizado por inflación y 14 billones a intereses reales. En este escenario, la tasa pagada por encima de la inflación fue del 10%, equivalente a una Tasa Efectiva Anual real del 12%, consistente con la estructura de tasas e inflación observada durante la vigencia de los instrumentos. Aun con esta metodología más precisa, el resultado fiscal financiero deja de ser superavitario. El informe concluye que “una estimación precisa de este balance arroja un déficit de 1% del PBI”. El dato contrasta con la narrativa oficial y permite entender por qué, pese al ajuste y al superávit informado, la deuda pública no se redujo durante 2025 y se mantuvo estable.
El trabajo del IIEP no cuestiona la legalidad de los criterios contables utilizados por el Gobierno, pero sí su impacto sobre la interpretación del desempeño fiscal. Al registrar los intereses de las LECAPs bajo la línea, el Estado evita que una parte significativa del costo de la deuda se refleje en el resultado financiero, que es presentado como el principal ancla del programa de estabilización. En ese sentido, el informe introduce el concepto de “superávit deficitario” para describir un resultado positivo que depende de qué pagos se consideran gasto y cuáles se clasifican como operaciones financieras. La distinción no es menor: define si el Estado está generando recursos suficientes para cubrir el costo real de su endeudamiento o si, por el contrario, ese costo se posterga y se acumula en el stock de deuda.
Aunque el déficit estimado por el IIEP —del orden del 1% del PBI— representa el mejor saldo financiero de los últimos quince años, el informe subraya que la estabilidad de la deuda pública es consistente con ese resultado y no con un superávit pleno. La diferencia entre ambas lecturas no es técnica sino política: depende de qué se decide mostrar y qué queda fuera del balance. En un contexto en el que el superávit financiero se utiliza como señal de solvencia y como argumento frente a los mercados y los organismos internacionales, el análisis del IIEP pone en discusión el modo en que se construyen esos números. No se trata solo de cuánto se ajusta, sino de cómo se contabiliza la deuda y de qué manera ese registro condiciona la comprensión del estado real de las finanzas públicas.
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