El último Informe de Política Monetaria del Banco Central adelanta que el Gobierno profundizará en los próximos meses nuevos recortes en partidas sensibles del gasto público. El Presupuesto Nacional vigente consolidó un esquema de superávit primario, lo que permite, como publicó este medio, anticipar nuevas rondas de ajuste y que la motosierra volverá a concentrarse en rubros de impacto directo sobre ingresos y consumo.
“Hacia delante, se espera que continúe el proceso de consolidación fiscal y que el Tesoro Nacional cuente con más y mejores opciones de financiamiento de sus compromisos locales y externos”, en un contexto en el que el Proyecto de Presupuesto Nacional 2026, ya aprobado por el Congreso, “contemplaba una proyección de superávit primario de 1,5% del PIB para 2026”, una meta que además “fue validada por los analistas especializados según se reflejó en la mediana de las proyecciones del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM)”.
El informe oficial de la entidad que conduce Santiago Bausili advierte que la arquitectura del ajuste todavía presenta tensiones internas, ya que “dado que el PPN-26 fue aprobado sin la derogación de la ley de financiamiento educativo universitario ni de la ley de emergencia en discapacidad, será necesario recortar otros gastos, en particular aquellos cuyo ajuste no es automático, por un monto cercano a 0,5% del PIB”. En ese marco, el Banco Central enumera con precisión los sectores que quedarían bajo presión fiscal al señalar que “dentro de los rubros entre los cuales se podría concentrar el ajuste se encuentran los salarios, los subsidios, los planes sociales y los bienes y servicios”.
El informe asegura que, “en caso de aprobarse el Proyecto de Ley de Modernización Laboral, los recursos destinados al financiamiento de la seguridad social podrían reducirse”, lo que anticipa un nuevo ajuste del esquema de ingresos y egresos del sistema. Todo este proceso se completa, según el Banco Central, con un escenario financiero más favorable, ya que “por el lado del financiamiento, se espera que la Argentina continúe reduciendo su prima de riesgo, acercándose cada vez más a la de sus pares regionales”.
El recorte sin fin
En el primer año completo de implementación del programa económico, el Estado nacional alcanzó un superávit primario en torno al 1,8% del PIB y un superávit financiero cercano al 0,3%, un resultado explicado fundamentalmente por una fuerte contracción del gasto real, con caídas significativas en subsidios económicos, transferencias a provincias, obra pública y programas sociales.
Durante 2024, los subsidios energéticos y al transporte mostraron una reducción superior al 50% en términos reales, como resultado de la recomposición tarifaria y de la eliminación de esquemas de asistencia generalizada, mientras que el gasto en salarios públicos perdió poder adquisitivo frente a la inflación y las partidas destinadas a bienes y servicios registraron niveles históricamente bajos de ejecución. En paralelo, la inversión pública fue uno de los componentes más afectados, con una virtual paralización de proyectos de infraestructura a nivel nacional.
En 2025, el esquema se profundizó, aunque con un ritmo más moderado, y permitió al Gobierno sostener un superávit primario cercano al 1,4% del PIB, nuevamente apoyado en la contención del gasto social y económico. Los datos de ejecución presupuestaria mostraron nuevas caídas reales en planes sociales, una reducción adicional de los subsidios energéticos y una continuidad del deterioro salarial en el sector público, mientras que el gasto previsional solo logró evitar una contracción mayor por la actualización automática de haberes, en un contexto de menor cobertura de bonos y refuerzos.
Las previsiones que el Banco Central explicita en su informe para el año en curso no hacen más que proyectar una lógica que ya se expresó en los ejercicios anteriores: la consolidación fiscal se apoya en recortes persistentes sobre partidas no automáticas, incluso después de haber alcanzado superávits consecutivos. La discusión que se abre hacia adelante no gira únicamente en torno a la sostenibilidad financiera del esquema, sino también sobre la capacidad del modelo para absorber nuevos ajustes sin profundizar desequilibrios sociales y económicos que ya comenzaron a manifestarse en los indicadores de empleo, consumo y actividad.
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