Australia anunció el sábado que duplicará la sanción máxima que puede imponer a las empresas tecnológicas que no hayan cumplido una innovadora prohibición del uso de las redes sociales por parte de menores, a medida que se acumulan las pruebas de que dicha prohibición ha tenido escaso efecto en el uso que hacen de ellas los adolescentes.
El Gobierno también reforzará las competencias de recopilación de información de su regulador de Internet, el Comisionado de Seguridad Digital (eSafety Commissioner), lo que le permitirá obligar a las empresas de redes sociales a aportar pruebas de las medidas que han adoptado para impedir que los menores de 16 años creen una cuenta.
Con estos cambios, la multa máxima por incumplimientos sistemáticos de la prohibición pasa de 49,5 millones de dólares australianos a 99 millones de dólares australianos (68 millones de dólares).
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El Gobierno reiteró que eSafety está investigando activamente el posible incumplimiento de cinco plataformas: Instagram y Facebook, de Meta; YouTube, de Google; Snapchat, de Snap y TikTok.
La prohibición australiana, en vigor desde hace seis meses, está siendo seguida de cerca por muchos países que desean imitarla debido a la preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud mental y física de los jóvenes. Este mes, el Reino Unido anunció que planea restricciones que van más allá, ya que también se verán afectadas las plataformas de videojuegos y de streaming en vivo.
"Me alienta el cambio de tono en el debate y el impulso global que hemos observado desde la introducción de la edad mínima para el uso de las redes sociales, pero está claro que las grandes empresas tecnológicas no están haciendo lo suficiente para cumplir la ley: sigue habiendo demasiados niños en las redes sociales", dijo el primer ministro Anthony Albanese en un comunicado.
El comunicado señala que, desde que se aplicó la prohibición, se han desactivado o restringido más de 5 millones de cuentas de menores de 16 años.
Sin embargo, numerosos estudios también han demostrado que los mecanismos de verificación de la edad —como tomarse una fotografía—, que han sido implantados por las empresas tecnológicas, son fácilmente eludidos por los menores y que, en muchos casos, nunca se les ha pedido que demuestren su edad.
Según un estudio publicado esta semana en la revista British Medical Journal, en el que se analizó a 408 adolescentes, el 85% de los australianos de entre 12 y 15 años seguían utilizando las redes sociales tres meses después de que entró en vigor la prohibición.
Dos tercios de los usuarios menores de edad seguían conectados tras declarar una edad superior a los 16 años o publicar una fotografía que la plataforma aceptó como de mayor de 16 años, según el estudio.
En abril, un organismo del sector que representa a los proveedores tecnológicos atribuyó los problemas a la hora de hacer cumplir la prohibición a la escasa implementación por parte de las plataformas de redes sociales de las herramientas disponibles para realizar controles de edad, más que a las limitaciones de la tecnología.
"A juzgar por las actualizaciones periódicas que recibo del Comisionado de Seguridad Digital, me queda claro que las plataformas de redes sociales están adoptando trucos sacados directamente del manual de las grandes empresas tecnológicas y haciendo lo mínimo imprescindible para salir del paso", dijo la ministra de Comunicaciones, Anika Wells, en el comunicado.
Además de otorgar al regulador la facultad de exigir información a las plataformas de redes sociales, las modificaciones previstas en la ley también le permitirán recabar información de terceros, como proveedores de servicios de verificación de edad o de tiendas de aplicaciones, para ayudar a contrastar las afirmaciones realizadas por las plataformas.
Un portavoz del primer ministro señaló que aún no se había decidido cuándo se presentarían al Parlamento las enmiendas a la ley, pero que el Gobierno se pronunciaría al respecto en breve.
Por otra parte, el sitio web de foros Reddit ha impugnado la prohibición ante el máximo tribunal de Australia, con el objetivo de revocarla alegando motivos de libertad de expresión. El Gobierno ha afirmado que se defenderá en el juicio.
(1 dólar = 1,4499 dólares australianos)
Con información de Reuters
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