La Policía Federal Argentina (PFA) recuperó más de 200 documentos históricos vinculados a distintos próceres de la Argentina, entre ellos José de San Martín. Estos iban a ser vendidos de manera ilegal a través de una casa de subastas.
El material se ofrecía a través de un sitio web público y su precio base partía desde los u$s 100.000, según informó la PFA. Como los elementos forman parte del patrimonio histórico nacional, fueron secuestrados y quedaron a disposición del juez que interviene en la causa.
La investigación comenzó a partir de una serie de tareas de prevención impulsadas por el Ministerio de Seguridad que se realizan de manera habitual con el objetivo de combatir el tráfico ilícito de bienes culturales. Para hacerle frente a este delito, se realizan monitoreos y verificación de sitios de subastas y plataformas de compra y venta online.
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Cómo fue el rescate de documentación histórica
El rescate de la documentación se dio mientras personal del Departamento Protección del Patrimonio Cultural de la PFA realizaba tareas de monitoreo. Los agentes detectaron un sitio web público que ofrecía un lote compuesto por más de 200 documentos históricos, entre los que había recortes periodísticos, libros, fotografías y documentación variada vinculada a instituciones y organismos del Estado Nacional y Provincial de nuestro país.
La venta era realizada por una casa de subastas ubicada sobre la calle Rodríguez Peña al 1700 de la Ciudad y el precio de base del lote era de u$s 100.000.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, a cargo del juez Ariel Lijo y a través de la Secretaría N° 7 de Diego Fernando Arce, ordenó realizar una presentación en el lugar, donde se recuperaron cartas y documentos relacionados con el General José de San Martín, Juan Manuel de Rosas, Juan Martín de Pueyrredón, Carlos María de Alvear y Gregorio Aráoz de Lamadrid, entre otros.
¿Cómo sigue la causa?
Por orden del magistrado, la documentación fue trasladada a una dependencia policial en calidad de depósito judicial, además de la realización de una serie de pericias. Por sus características, tipografía, sellos y fecha, las piezas secuestradas estarían alcanzadas por la Ley 15.930, que regula la protección de aquella documental que se encuentra bajo la órbita del Archivo General de la Nación (AGN)
De acuerdo a la normativa, el AGN es el encargado de reunir, ordenar, conservar, mantener y organizar la documentación pública y el acervo gráfico y sónico, pertenecientes al Estado Nacional, y que integren el patrimonio del archivo, o la documentación privada que le fuera entregada para su custodia.
¿A qué se considera un documento histórico?
Según la ley, se consideran documentos históricos a:
- Los de cualquier naturaleza relacionados con asuntos públicos expedidos por autoridades civiles, militares o eclesiásticas, ya sean firmados o no, originales, borradores o copias, como así también sellos, libros y registros y, en general, todos los que hayan pertenecido a oficinas públicas o auxiliares del Estado y tengan una antigüedad no menor de 30 años.
- Los mapas, planos, cartas geográficas y marítimas con antigüedad de, por lo menos, 50 años.
- Las cartas privadas, diarios, memorias, autobiografías, comunicaciones y otros actos particulares y utilizables para el conocimiento de la historia patria.
- Los dibujos, pinturas y fotografías referentes a aspectos o personalidades del país.
- Los impresos cuya conservación sea indispensable para el conocimiento de la historia Argentina.
- Los de procedencia extranjera relacionados con la Argentina o hechos de su historia, similares a los enumerados en los incisos anteriores.
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