Sobre más de ocho millones de investigaciones penales registradas en 17 jurisdicciones del país durante tres años, las falsas denuncias representan apenas el 0,09 por ciento del total. El dato surge del informe “Análisis del Consejo Federal de Política Criminal sobre falsas denuncias” y desarma el principal argumento utilizado por la senadora Carolina Losada y quienes la acompañaron en el dictamen de la Comisión de Asuntos Penales del Senado para agravar las penas a quienes denuncien violencia por razones de género y violencia sexual contra niños y niñas. Lejos de acreditar un fenómeno criminal de escala, el relevamiento concluye que no existe evidencia estadística que justifique agravamiento de penas ni nuevas figuras penales.
El informe, elaborado por el Consejo Federal de Política Criminal —espacio integrado por procuradores y fiscales generales del país—, releva más de ocho millones de investigaciones penales preparatorias tramitadas entre 2022 y 2024 en 17 jurisdicciones argentinas. El resultado es contundente: las causas por falsas denuncias representan menos de una cada mil investigaciones penales.
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Pero además el documento aclara algo central para comprender la dimensión política de este debate: una denuncia archivada, una absolución o una causa sin condena no equivalen a una denuncia falsa. Para que exista ese delito debe acreditarse que hubo intención deliberada de mentir y de imputar falsamente un crimen a otra persona. Esa diferencia jurídica, básica para cualquier operador judicial, suele desaparecer en el discurso mediático y parlamentario que instala la idea de una maquinaria de acusaciones inventadas.
El informe también señala otro dato significativo: las pocas causas existentes por falsas denuncias suelen estar vinculadas a delitos económicos, fraudes, conflictos patrimoniales o estafas, y no a denuncias de violencia de género o abuso sexual. Es decir, el problema que se intenta instalar públicamente no encuentra correlato en las estadísticas criminales.
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El argumento central del relevamiento apunta justamente ahí: no existe ningún fenómeno criminal de magnitud que justifique reformas punitivas específicas. Y, al mismo tiempo, advierte que ese tipo de iniciativas pueden producir efectos regresivos sobre el acceso a justicia, especialmente en delitos donde la subdenuncia ya es estructural. ¿Cómo se explica entonces la insistencia de Losada en este proyecto? ¿Cuánto tiene que ver quien la asesora, Andrea Guacci, esposa de Diego Guacci, entrenador de la selección de fútbol femenino de adolescentes denunciado por acoso reiteradas veces?
Al contrario, si algo atraviesa históricamente los delitos sexuales y las violencias por razones de género es la dificultad para denunciar. El miedo, la dependencia económica, la vergüenza, la revictimización judicial y social, la exposición pública y la desconfianza institucional siguen siendo barreras concretas para quienes intentan acceder a protección estatal.
En ese contexto, instalar la idea de que denunciar puede transformarse en una amenaza penal adicional funciona como un mecanismo de disciplinamiento. El problema deja entonces de ser jurídico para volverse político y cultural: producir miedo a denunciar. Por eso es que en esta semana, Carolina Losada fue denunciada en la Justicia Federal por llevar adelante “un plan de coacción e intimidación a profesionales de la psicología y otras disciplinas para disuadirlas de atender a niñas, niños y adolescentes víctimas de abusos sexuales de todo tipo (intrafamiliar, en un ámbito institucional, trata de personas, explotación sexual infantil y pornografía infantil)”, como dice el escrito que firman referentes feministas, de los Derechos Humanos, académicas, activistas.
Entre las firmas aparecen nombres con fuerte peso histórico y simbólico: Taty Almeida, Madre de Plaza de Mayo; Nelly Minyersky, una de las juristas más importantes del feminismo local; la socióloga Dora Barrancos; el ex juez Carlos Rozanski; la filósofa Diana Maffía; entre otras organizaciones de derechos humanos, especialistas en infancias y profesionales de salud mental.
La denuncia sostiene que la campaña alrededor de las “falsas denuncias” ya produce efectos concretos sobre psicólogas, trabajadoras sociales y profesionales que intervienen en casos de abuso sexual infantil, y advierte sobre un clima de intimidación destinado a desalentar tanto las denuncias como los tratamientos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.
El documento incluso describe esta ofensiva como parte de un backlash antifeminista que busca reinstalar viejos prejuicios alrededor de las denuncias de violencia sexual: la sospecha sobre las víctimas, la idea de que las mujeres manipulan a sus hijos e hijas para denunciar y la noción de que las políticas de género generaron privilegios injustos contra los varones.
Los números del Consejo Federal de Política Criminal son una prueba fundamental que estaba pendiente en nuestro país: sobre más de ocho millones de investigaciones penales, las falsas denuncias representan apenas el 0,09 por ciento. El problema estadísticamente relevante no parece ser entonces el de las denuncias inventadas sino el de las enormes dificultades que todavía enfrentan las víctimas para denunciar violencias reales y sostener judicialmente esos procesos sin quedar expuestas a nuevas formas de revictimización.
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