"Me endeudé para comprar comida": el ahogo financiero de las familias de personas con discapacidad 

Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el colectivo de las personas con discapacidad se convirtió en uno de los blancos más claros y sostenidos del ajuste. La puesta en marcha de supuestas auditorías masivas sobre miles de pensiones, los recortes a las prestaciones y tratamientos, las demoras en la entrega de medicamentos, y un discurso oficial violento que redefine los derechos como “gastos”, a sus titulares como “privilegiados” y a sus vidas como extinguibles y sin valor, fueron algunos de los gestos métricamente orquestados por el ejecutivo.

Todo este escenario de violencia material y simbólica se complementa con el incumplimiento sistemático de la Ley de Emergencia en Discapacidad que inauguró esta semana un nuevo paso a partir del debate en el Congreso de la Nación de un Presupuesto 2026 que directamente estipula derogar la norma, incluso después de haber sido, tras el veto presidencial, reaprobada por diputados y senadores con más de dos tercios de los votos.

En ese contexto, el Informe de la Encuesta Federal sobre Discapacidad y Endeudamiento, realizado y publicado por Movida Ciudad, logra poner números y estadísticas para armar una foto certera de las características sociodemográficas, laborales y financieras de los hogares, y entender cómo viven cotidianamente las familias argentinas con personas con discapacidad. En el documento se observa con claridad que el ajuste y la baja en el poder adquisitivo tiene como consecuencia el endeudamiento, pero también el deterioro de la salud física y mental, con la imposibilidad de proyectar y con más sobrecarga para quienes cuidan.

Cuando el ajuste se convierte en deuda

El relevamiento fue realizado sobre 214 hogares de la Ciudad de Buenos Aires y Cordoba, mayormente, y otras provincias como Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Río Negro, Neuquén, Corrientes, Tierra del Fuego, San Luis, Salta, Misiones, Mendoza, Chubut y Catamarca. Los resultados muestran un dato contundente: el 88% de las familias con personas con discapacidad está endeudado. Y no hablamos de créditos para financiar proyectos grandes como una vivienda, un vehículo, bienes de consumo durable o computadoras, sino de deudas contraídas para sostener lo básico. Al desagregar los datos el texto indica que el 41% se endeudó para comprar alimentos, el 33% para pagar tarjetas de crédito y casi un 30% para refinanciar deudas previas o comprar medicamentos. La deuda deja de ser una elección y se convierte en una imposición para garantizar la subsistencia.

La financiarización aparece como el lado B del retiro estatal y la política de ajuste que pretende el gobierno libertario. El 27% afirma que se endeuda con bancos a través de tarjetas de crédito, el 17% lo hace con billeteras virtuales y plataformas, y el 21% acumula deudas con familiares o amistades, lo que muestra una combinación de deuda formal e informal. Más de la mitad de los hogares endeudados tiene dos o más acreedores simultáneos, y el 63% desconoce la tasa de interés que paga. La supuesta “libertad” del mercado se traduce, en la práctica, en mayor opacidad, dependencia y negocio para unos pocos.

La situación de salarios profundiza el cuadro: el ingreso promedio de los hogares encuestados es de $1.289.900, pero la mediana baja a $925.000, lo que implica que la mitad de las familias vive con menos de ese monto mensual. En hogares donde habitan tres personas, en los que el 91% convive con al menos una persona con Certificado Único de Discapacidad, estos ingresos resultan claramente insuficientes para cubrir cuidados, tratamientos y gastos cotidianos sin recurrir a deuda o financiamiento externo.

Mujeres y tareas de cuidado: la sobrecarga invisible de quienes sostienen los hogares

Otro punto clave a analizar es quiénes sostienen esta situación catastrófica. Según la información que surge de la encuesta, el 94% de las personas que respondieron son mujeres, y el 80% se identifica como cuidadora. Además, el 73% se reconoce como jefa de hogar, confirmando que en la mayoría de los casos la misma persona concentra el cuidado, la administración de la economía doméstica y la responsabilidad de la organización. En casi la mitad de los hogares relevados, una sola persona genera ingresos para familias de dos, tres o más integrantes.

Luci Cavallero, socióloga, investigadora de la Universidad de Buenos AIres, y una de las coordinadoras del informe, explica que el cuidado sigue estando feminizado, y sobre todo en las poblaciones más vulnerables: “no solamente está feminizado, sino que en muchos casos además esas mujeres son jefas de hogar, es decir que los ingresos dependen del trabajo de esas mujeres que tienen que extender su jornada laboral hasta dividirla en varias partes". Ingresa entonces lo que se define como la doble jornada laboral, o triple en el caso de los barrios populares donde las mujeres además suman tareas sociales y comunitarias. “La feminización absoluta del cuidado se ve muy claramente en poblaciones como las personas con discapacidad y cómo estos procesos de shock neoliberal y de ajuste estructural terminan recargando trabajo sobre las mujeres que cuidan”, advierte.

Cuando el Estado se corre, la deuda avanza

Lejos de aliviar esa carga y acompañar las demandas de un colectivo hiper vulnerabilizado, el Estado bajo el paradigma liberal libertario se retira cada vez más, complicando la situación de las familias. En el 74% de los casos las personas con discapacidad de los hogares encuestados no cobran Pensión no Contributiva por invalidez laboral (PNC) y entre quienes sí cobraban, el 8% dejó de hacerlo en el último año. Paralelamente el 66% de los hogares relata que dejó de percibir otros beneficios en el último año, y el 60% perdió más de uno. Medicamentos, prestaciones médicas y terapias son los derechos recortados con mayor frecuencia. Pero la particularidad que tiene este tipo de colectivos es que cualquiera de esas cuestiones es esencial para la vida, no pueden relegarse por lo que el ajuste no reduce necesidades o consumos sino que los traslada al endeudamiento privado, y en el peor de los casos al abandono y la desesperación.

Para la socióloga y referente feminista se observa una relación directa entre los recortes del Estado, el retiro en las prestaciones de servicios públicos, y el endeudamiento: “lo que el Estado deja de proveer, se transforma rápidamente en un negocio financiero. Y esto lo podemos ver cuando en la población de cuidadores de personas con discapacidad hay un intento de paliar ese ajuste mediante deuda para seguir sosteniendo las terapias, las medicaciones".

Las estrategias para afrontar esta situación exponen el nivel de deterioro social: el 76% de las familias reduce la compra de alimentos o cambia a opciones más baratas, mientras que casi un 30% interrumpe tratamientos, terapias o deja de comprar medicación para poder pagar otras obligaciones. En el grupo etario de 60 a 69 años, más de la mitad reconoce haber tenido que suspender tratamientos. El ajuste, de esta manera, se inscribe directamente sobre los cuerpos de los más débiles en la pirámide social. “Dejar de hacer o interrumpir tratamientos a partir de las políticas del Estado Nacional es una situación compleja que deja en evidencia el nivel de crueldad y deshumanización con el que estamos conviviendo", denuncia Cavallero.

Estrés financiero: el desgaste psíquico y mental del endeudamiento

El impacto subjetivo completa una foto de total fragmentación social del colectivo: el 87% de quienes respondieron denuncia un deterioro en su salud mental en el último año que se advierte en casos de ansiedad (89%), angustia (83%) e insomnio (63%) como síntomas generalizados, especialmente entre mujeres cuidadoras endeudadas, y otras sensaciones físicas como el ahogo, la irascibilidad (30%) y la taquicardia (25%) relacionados con el estrés cotidiano. La deuda no solo empobrece sino que agota y genera un estado permanente de dependencia, sacrificio e incertidumbre. De alguna manera se convierte en un dispositivo político de disciplinamiento que recae mayormente en mujeres.

“La deuda es parte de los mecanismos que están individualizando los costos del ajuste, impidiendo o, mejor dicho, absorbiendo un malestar en las familias y en las personas por lo que implica una economía en ajuste permanente. Eso tiene necesariamente impactos en la salud mental, la pérdida de la posibilidad de imaginar un futuro, sobre todo porque el futuro está absolutamente asociado y atravesado al pago de la deuda – explica Cavallero– trae también situaciones de ira, fragilización de los vínculos familiares y comunitarios porque está pasando cada vez más que la gente se presta dinero entre sí en los barrios y luego las relaciones se ven afectadas por el impago. Es decir, la deuda es mucho más que una cuestión de insustentabilidad económica".