Que digan dónde están. Que lo digan “las Cámaras Federales del país, los juzgados del fuero, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, la Unidad Especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, y la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación”, ordenó el Juzgado Criminal y Correccional Nro 2 a cargo del juez Sebastián Ramos, el mismo que el 24 de marzo de este año recibió un hábeas corpus colectivo de medio centenar de hijos e hijas de personas desaparecidas que preguntaban no sólo por sus padres y madres sino por todas las víctimas del Terrorismo de Estado.
Tres meses después de esa presentación, que se realizó a las 3.15 de la madrugada, a la misma hora en que se produjo el golpe de Estado de la dictadura más cruenta de la historia argentina, las primeras medidas efectivas para contestar la pregunta que guía esta acción judicial colectiva empezaron a ordenarse en un hecho inédito: todas esas dependencias judiciales y dependientes del Poder Ejecutivo deberán contestar sobre las identidades de las víctimas que hayan registrado, las acciones que se están llevando a cabo y los resultados de las actuaciones iniciadas vinculadas con la desaparición de personas en el período 1976/1983.
Por primera vez, de manera centralizada, se indagará y reunirá información de cada hábeas corpus presentado a lo largo de estos años y sus respuestas o rechazos, cada programa, cada ley y cada actor que pudiera tener registro de personas desaparecidas, o haya hecho alguna diligencia que pueda colaborar en contestar la pregunta histórica, la que se actualizó este año del cincuenta aniversario del Golpe: ¿Dónde están? Deberán contestar por el pasado y también por el presente de las acciones que se hicieron y las que están pendientes, las que todavía se pueden llevar a cabo.
Sobre todas las víctimas, respuesta para toda la sociedad, esa fue la razón de la acción colectiva y ese fue el reconocimiento de la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional que obligó al juez Ramos a ordenar las primeras medidas para que la pregunta deje de ser retórica. Que se diga de una vez dónde están.
(Fernando, con su mamá)
¿Había buscado antes el Estado a las personas desaparecidas? ¿Había reunido la información circulante en distintas dependencias, en distintos juicios, en denuncias que no llegaron a los estrados, por ejemplo? No. Este movimiento de papeles, historias, testimonios y expedientes -por ahora- es inédito y da cuenta de que no hay presente que pueda sostenerse cuando intenta cerrar preguntas abiertas.
“Es histórico que una herramienta como el hábeas corpus, que fue diseñada como una medida individual, se tomara en términos colectivos y se le diera curso”, dice Fernando Iglesias, quien fuera vocero de la primera presentación de un hábeas corpus colectivo el 24 de marzo de 1996, a las 3.15 de la madrugada, cuando se cumplieron 20 años del Golpe y la agrupación HIJOS tenía menos de un año de vida. Fernando también es vocero ahora, tres décadas más tarde, cuando decenas de hijos e hijas de desaparecidos volvieron a reunirse para revitalizar la lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad -que no se acabó- y también las luchas actuales contra el gobierno neofascista de Javier Milei.
“Para mí es muy significativo, muy movilizante que se haga lugar a este pedido, que se muevan engranajes del Estado para darnos respuesta con el trasfondo de una movilización política contundente como la del último 24 de marzo”, dice Fernando, quien casi al mismo tiempo que tuvo que ir con sus compañeros y compañeras a la audiencia que pidió la Sala de Casación para entender por qué y quiénes pedían por todas las víctimas, se desdoblaba para estar presente en el juicio por la causa Automotores Orletti-Pomar. Base Pomar es donde estuvo secuestrada su madre desaparecida, un Centro Clandestino de Detención y Tortura en el barrio de Parque Patricios que dirigía una patota de la SIDE, ligada al Plan Cóndor, que siguió activa hasta hace pocos años.
“Recién a los 48 años del Golpe Militar tuve el primer dato de dónde había estado mi mamá por la desclasificación de un cable de la CIA. Y en este 50 aniversario, en abril, pude declarar por primera vez frente a un tribunal oral”, dice el vocero de la acción colectiva, que cuenta con la representación jurídica de Luis Zamora, Marcela Dal Santo, Sebastián Blanchard y Silvia Pelozo. Fernando tenía diez años cuando secuestraron a su madre, Carmen Candelaria Román, delante de él y de su hermano Pablo, más chico. Los dos quedaron solos y encerrados durante casi una semana, rodeados de barricadas que se habían hecho con latas de cocina, comiendo lo que quedaba en la heladera. Ahora para él, como para el medio centenar de hijos e hijas de desaparecidos que firmaron el hábeas corpus, como para toda la sociedad, un nuevo camino hacia la verdad podría abrirse.
“Obviamente contamos con la oposición de este gobierno, con sus mentiras y artilugios discursivos sobre la verdad completa, pero seguiremos intentando”, dice Iglesias. Porque él sabe, como lo saben sus compañeros y compañeras y cada persona que marcha los 24 de marzo y abrazó a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Por eso Fernando insiste en que quede escrito que son muchos y muchas quienes se están reencontrando a través de una historia común de lucha contra la impunidad y también “contra este gobierno que reivindica la represión y también su programa económico, político, cultural”. La victoria es también seguir juntos.
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