En medio del plan de ajuste del Estado del gobierno de Javier Milei, crecen las desvinculaciones de los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El organismo sufrió la pérdida de 12 operarios de la provincia de Catamarca tras el nuevo esquema de retiros voluntarios impulsado por la administración libertaria.
La cifra representa cerca del 10% de la planta local y encendió las alarmas dentro del INTA, donde advierten por el deterioro operativo, la falta de presupuesto y el riesgo de cierres.
La secretaria general de Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA), Priscila Antolini, confirmó que “a nivel nacional han sido 908 compañeros los que se han adherido” a nivel nacional a esta modalidad que busca profundizar el desguace de la ciencia y la tecnología.
“Todo el personal que se ha retirado generalmente es gente que tiene muchos años de servicio, mucha capacitación encima, mucho conocimiento y mucho contacto con los productores” , sostuvo.
Antolini explicó que el contexto interno empujó a muchos empleados a dejar sus cargos. “Estamos prácticamente sin actualizaciones de sueldo hace dos años”, afirmó. Además, describió que “no hay fondos”, que existen “edificios que no están en buenas condiciones” y “vehículos que tampoco están en buenas condiciones”.
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La dirigente sindical señaló que el ajuste impacta directamente en el trabajo territorial del instituto. “Es bastante frustrante para cada uno de los técnicos no poder desarrollar sus actividades con normalidad”, dijo en diálogo con La Mañana de El Esquiú (Radio El Esquiú 95.3). Y agregó: “El INTA se caracteriza por la transferencia de conocimiento al pequeño productor y para eso se necesitan fondos”.
El organismo cumple funciones estratégicas que el mercado no garantiza: desde la elaboración de "informes climáticos claves para el campo hasta el desarrollo de semillas o soluciones científicas para el combate de las plagas en cultivos". Sin estos técnicos, el pequeño y mediano productor queda a merced de las inclemencias climáticas y biológicas sin el respaldo del Estado.
Otro de los puntos que preocupa al gremio es el futuro de los predios y campos experimentales del organismo. Según indicó, desde Nación “han pedido informes acerca de cuál es el funcionamiento y cuáles son las tareas que se desarrollan en cada uno de los campos”.
El proceso tiene como cara visible a Juan Pablo Mansilla, “gerente estratégico” de Personal, pero detrás de esta ingeniería de recorte se encuentran las figuras centrales del equipo económico: el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, quienes cuentan con la aprobación del secretario de Agricultura, Sergio Iraeta para ejecutar la poda.
Ofensiva sobre el territorio
El plan del Ejecutivo no se agota en el recorte de personal, ya que el objetivo final es alcanzar los 1.200 despidos para una dotación que hoy ronda los 5.750 trabajadores. Sin embargo, la otra cara de la moneda es el patrimonio físico de la institución. El Gobierno nacional puso en la mira sobre las 101.500 hectáreas que posee el INTA en todo el país, con la intención manifiesta de rematar casi la mitad de esa superficie.
Desde el entorno presidencial se justifica la medida alegando que unas 47.500 hectáreas se encuentran "sin explotación por falta de infraestructura, problemas de tenencia o inaccesibilidad". No obstante, esta versión oficial fue cruzada por datos técnicos de la Asociación de Productores de Siembra Directa (AAPRESID), que mediante un relevamiento sostuvo que "no existen tierras en desuso" en el organismo científico.
Las sospechas sobre el verdadero móvil de este remate apuntan a una "devolución de favores” para empresarios inmobiliarios amigos de Milei que financiaron parte de su campaña presidencial, transformando el patrimonio público en un botín para el mercado de tierras.
“Hay intereses económicos de por medio”, denunció Antolini sobre los terrenos del organismo, especialmente aquellos ubicados en zonas estratégicas. Mientras tanto, el gremio permanece “en constante alerta y movilización” frente al avance del vaciamiento libertario.
