La UOM va a la Corte para impugnar la intervención judicial

Abel Furlán busca que la Corte desarme la intervención que ordenó la Cámara laboral. En un raid de presentaciones judiciales, exigió también dejar afuera la obra social metalúrgica de los alcances del funcionario nombrado por el tribunal del Trabajo. 

07 de junio, 2026 | 20.28

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) acudió a la Corte Suprema para impugnar la intervención judicial dispuesta por la Cámara de Apelaciones del Trabajo tras declarar inválida la elección en la seccional Campana, gobernada por Abel Furlán, y desatar un efecto dominó que privó de legalidad su reelección al frente del sindicato nacional. En paralelo el gremio se presentó ante la Sala VIII del tribunal en un intento por blindar la obra social metalúrgica (Osuomra) del alcance de la intervención a cargo del abogado Alberto Biglieri. Lo hizo en respuesta de un párrafo en el que los propios camaristas habían deslizado que entre sus labores estaba incluida la normalización de la entidad de salud.

La estrategia judicial de Furlán incluye otros dos recursos: por un lado, una queja ante el Tribunal Superior de Justicia porteño por “denegación del recurso de inconstitucionalidad” que había presentado también con el propósito de desarmar la intervención, basado en la aparente “violación de las garantías de juez imparcial, debido proceso y defensa en juicio”. Y, por otro, un recurso extraordinario federal que apunta directo contra la sentencia definitiva de la Sala VIII que invalidó las elecciones nacionales de la UOM.

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Las presentaciones apuntan en particular contra la imparcialidad de los camaristas Víctor Pesino y Dora González, los mismos que dieron validez a la reforma laboral del Gobierno. Les atribuyen manifiesta enemistad contra la organización y dan cuenta del beneficio que obtuvo por ahora Pesino de un pedido de prórroga de mandato al Senado por parte del Ejecutivo. Ese planteo se formalizó al día siguiente del fallo que habilitó la vigencia plena de la reforma laboral. Furlán señala que los camaristas habían sido recusados por la UOM durante el proceso previo a la intervención y que a pesar de eso rechazaron el planteo “sin fundamento suficiente” y quedaron habilitados para dictar sentencia. Según el gremio, se trata de “un vicio de origen” que invalida el accionar posterior.

Para el equipo legal metalúrgico, las decisiones de la Cámara laboral “vulneran garantías constitucionales fundamentales y afectan la libertad y autonomía sindical consagradas tanto en la Constitución nacional como en los convenios internacionales del trabajo ratificados por Argentina”. Las presentaciones se concretaron la semana pasada mientras se desarrolla en Ginebra la Conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un foro que la UOM espera volcar a su favor. Hasta ahora el sindicalismo consiguió más triunfos afuera que adentro: la Corte Internacional de Justicia se pronunció por la protección del derecho de huelga, uno de los que más ataca en la Argentina la reforma laboral, y la propia OIT se apresta a cerrar su conferencia con pronunciamientos contrarios a leyes de flexibilización, en particular del trabajo en aplicaciones.

El 22 de mayo, la Sala VIII intervino la UOM y nombró a Biglieri. El abogado acudió a la sede central del sindicato el viernes en compañía de un equipo que integran, entre otros, el fugaz ex secretario de Trabajo libertario Omar Yasín y el ex superintendente de Salud Sandro Taricco, ambos con tránsito como funcionarios en el gobierno de Cambiemos. Esos arribos alimentaron el temor de la dirigencia metalúrgica en torno de un acuerdo entre el pope siderúrgico Paolo Rocca (Grupo Techint) y Mauricio Macri, en particular por el alineamiento de Biglieri al operador macrista Daniel Angelici.

También la semana pasada, Furlán y sus abogados se presentaron ante la Sala VIII para impugnar un fragmento de la sentencia de intervención que faculta a Biglieri a “llevar a cabo todas las acciones indispensables para el normal funcionamiento de la Obra Social sindical” lo que a juicio de los camaristas “incluye el cumplimiento de la total y completa atención de sus afiliados”. Para el gremio, Osuomra es una entidad ajena al sindicato, con estatuto y conducción propias y órganos de control diferenciados. En esa línea, advierten que el párrafo “incurre en un evidente exceso jurisdiccional al alterar de forma manifiesta el principio de congruencia y la cosa juzgada, avanzando sobre un tercero ajeno a la litis”.