Tuvo poca cobertura en los medios argentinos pero las repercusiones pueden impactarnos de lleno. El jueves por la noche, Donald Trump dio un mensaje televisado en el que sentó las bases para manipular o impugnar las elecciones de medio término que deben celebrarse en Estados Unidos en noviembre.
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El presidente norteamericano sigue teniendo serios problemas de popularidad, es incapaz de dar cierre a una guerra que todavía no pudo explicar y afecta la economía doméstica a través de la suba del precio de combustible, y tiene muchas chances de ser apartado de su cargo y hasta enjuiciado si queda en minoría legislativa.
En ese contexto, Trump insistió con que las elecciones de 2020, en las que fue derrotado por Joe Biden, estuvieron fraguadas por China. Por eso, advirtió, “las elecciones de este año están comprometidas” y resulta necesario tomar “medidas urgentes” para garantizar los resultados en noviembre.
Entre esas medidas, la Casa Blanca anunció que va a confiscar los datos de los votantes en los estados que considere “en riesgo”. El mandatario también acusó a algunos medios de comunicación de “ser parte de la conspiración para manipular las elecciones” y sugirió que podría revocar sus licencias.
Los documentos desclasificados no sólo no tienen elementos que respalden la narrativa oficial sino que, por el contrario, confirman que China no realizó maniobras de interferencia pero que Rusia, al mismo tiempo, sí lo hizo… para beneficiar a Trump, algo que los demócratas vienen denunciando consistentemente desde 2016.
Desde el año pasado que el mandatario viene hablando sobre “cancelar”, “nacionalizar” o “intervenir” en las elecciones, principalmente en estados demócratas. También amenazó con desplegar a sus grupos de tareas de ICE en los centros de votación, lo que va a desincentivar el voto de algunos sectores demográficos.
Igual afuera que adentro. Trump intentará hacer en Estados Unidos lo que viene haciendo en el resto del continente: distorsionar la voluntad popular por todos los medios que sean necesarios para encolumnar a todo el hemisferio en los planes imperiales y bélicos de Washington y Silicon Valley.
Ya lo hizo en Argentina, con dólares y extorsión financiera; lo hizo en Colombia con campañas sucias y amenazas de bombardeos; lo está haciendo ahora mismo en Brasil. El jueves la secretaría de Estado anunció una nueva suba de aranceles que contradice lo acordado recientemente durante la visita de Lula.
“Que no haya confusión acerca del motivo”, tuiteó el secretario de Estado, Marco Rubio. “El presidente Lula y su gobierno no negociaron de buena fe. Sus políticas económicas son malas para los norteamericanos y para los brasileños. Lula puso su ego sobre el bienestar del pueblo de Brasil y estos aranceles son el precio por eso”.
Inmediatamente se subió a la operación el candidato opositor Flávio Bolsonaro, que compartió el posteo de Rubio y agregó: “Lula no está en condiciones de ser el presidente. Estamos en un avión sin piloto. El Biden brasileño está gruñón, irresponsable y se ha convertido en un peligro para nuestra nación”.
En el afán de doblegar la democracia, cuando no pueden hacerlo mediante maniobras de manipulación electoral pasan de pantalla para hacerlo “por las malas”. Pasó en el Capitolio en 2021, en Brasilia en 2023, en Venezuela en enero y está pasando ahora mismo en Cuba. Vale todo para aplicar la doctrina Donroe.
Una vez que se llega a este punto, cuando la democracia ya no es vaciada de forma insidiosa y subterránea sino que empieza a volar por los aires a plena luz del día, el aparato represivo debe endurecerse muchísimo. Eso también lo estamos observando en tiempo real. ICE, Palantir, la nueva/vieja SIDE al servicio de este plan.
El jueves se celebró en Washington la Cumbre contra el Resurgimiento del Terrorismo Político de Izquierda. El gobierno argentino estuvo representado por el canciller Pablo Quirno. El norteamericano por el secretario Rubio, el asesor de Seguridad Nacional Stephen Miller, y el secretario de Finanzas, Scott Bessent. Palo y zanahoria.
El encuentro se inscribe como la continuidad y expansión continental de dos medidas tomadas por la administración Trump en septiembre pasado: el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional número 7 y la declaración del movimiento Antifa como una Organización Terrorista Doméstica, la primera de ese tipo.
La denominación de Organización Terrorista Extranjera es una categoría jurídica que el gobierno norteamericano utilizó después del 11S para actuar en todo el mundo sin límites ni supervisión. Bajo esa premisa se habilitaron asesinatos (por ejemplo Osama Bin Laden), secuestros (Nicolás Maduro) y bombardeos sin control judicial ni legislativo.
Lo problemático es que “Antifa” no es una organización sino un adjetivo que define únicamente una postura contraria al fascismo, lo cual dice mucho de quienes ven a esa identidad como un enemigo, pero al mismo tiempo hace que cualquiera que se oponga a las políticas trumpistas pueda ser apuntado por el aparato represivo.
El Memorando 7 ordena priorizar investigaciones sobre “identidades e ideologías” bajo el paraguas del “autodenominado antifascismo”, incluyendo anticapitalismo, anticristianismo y “hostilidad hacia valores tradicionales de familia, religión y moral”. Resulta bastante claro ver hacia dónde apunta la mira.
Además, las protestas políticas que caigan en esa etiqueta no son investigadas como incidentes aislados sino como el resultado de “campañas organizadas” para moldear políticas públicas e influir en las decisiones del sistema político, lo que, de acuerdo al texto, “impide el funcionamiento de una sociedad democrática”.
Asimismo instruye al departamento de Justicia para que use “todas las herramientas disponibles” para arrestar y procesar a quienes “promuevan violencia organizada, intimidación violenta y conspiraciones contra derechos”, incluyendo financistas, coordinadores y planificadores. La persecución del activismo político disidente.
Conceptualmente es una medida que recorre el mismo espinel que acá transitó la ley Anti Mafias impulsada por Patricia Bullrich y aprobada en el Congreso: un mecanismo para criminalizar la organización y expresión política en todas las formas que resulten molestas al poder bajo el paraguas de la lucha contra el delito organizado.
El fascismo neoliberal ha sabido utilizar los mecanismos democráticos que quedan en pie para impulsar la demolición de esos mismos pilares. Usó las conquistas del pueblo contra el propio pueblo. Cuando ya no necesitan o no pueden sostener esa ficción, se ve su verdadera naturaleza.
Las elecciones de noviembre en Estados Unidos pueden ser un (otro) parteaguas en este deslizamiento posdemocrático y tendrá, sin lugar a dudas, enormes repercusiones en la Argentina de 2027. La dirigencia opositora, pero sobre todo el pueblo argentino, debe saber a qué va enfrentarse y estar preparado para lo que tiene por delante.
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