Raisha Correa: "Una sociedad puede recibir migrantes y seguir siendo racista" 

El presidente de la Nación hizo su última (mala) jugada del Mundial 2026, aprovechó una supuesta campaña contra el país y sus ciudadanos para volver a modificar la Ley de Migraciones —que ya había modificado en 2025 para pasar la Dirección Nacional de Migraciones del ámbito del Ministerio de Justicia al de Seguridad, toda una declaración política— y agregar una nueva causal de expulsión o prohibición de entrada al país para personas migrantes: "Difundir mensajes de odio, incitar a la violencia contra el pueblo o ciudadanos argentinos por motivos de nacionalidad, o realizar actos de ultraje contra los símbolos patrios".

Sin mayores definiciones sobre cómo se aplicaría ni cómo se registrarían esos mensajes, el aliento a la xenofobia quedó otra vez servido en bandeja como un guiño más en su alianza genuflexa con Donald Trump y otros gobiernos de las extremas derechas a nivel global. Pero ¿cuánto puede afectar a personas concretas esta nueva (y arbitraria) razón para ser expulsadas del país? ¿Cuánto hay de gesto megalómano en el uso del DNU y cuánto de disciplinamiento sobre una población ya suficientemente estigmatizada? 

Raisha Correa es abogada peruana e investigadora de los movimientos de las ultraderechas, integra el Equipo de Investigación Política de la revista Crisis y forma parte del Registro de Ataques de las Derechas Argentinas Radicalizadas (RADAR), que empezó a funcionar después del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, al momento de la entrevista dudó en decir su nombre completo porque ella también es migrante y no queda claro cómo podría aplicarse el nuevo DNU, que entró en vigencia el último día de julio, ya que en esa indefinición se aloja parte de su poder disciplinador. 

—Como investigadora, sostenés una vigilancia sobre las acciones de determinados actores de la extrema derecha, además de ser parte de RADAR, donde se registran agresiones que también pueden ser digitales. Desde esa perspectiva ¿cómo leés el nuevo decreto que modifica otra vez la Ley de Migraciones? ¿Qué vino primero: la supuesta "campaña antiargentina" o la intensificación de la xenofobia que se incentiva en los países donde gobiernan las extremas derechas? 

—El decreto no puede analizarse aisladamente. Forma parte de un conjunto de medidas que amplían las herramientas de vigilancia y de control, sobre todo contra los cuerpos racializados. Y sobre la supuesta campaña antiargentina, nosotros tratamos de romper un poco con la idea de que necesariamente hubo una coordinación centralizada, alguien moviendo todos los hilos para generar caos. Lo que vimos es que también hay una lógica propia de las plataformas. Las redes sociales, sobre todo en los últimos años, tienden a expandir los discursos que generan mayor interacción. Mientras más se consume una narrativa, más rentable resulta. Hoy las redes tienen una lógica económica muy marcada: premian aquello que produce circulación, indignación o enfrentamiento. 

Lo que sí vimos con mucha claridad es que las milicias libertarias supieron capitalizar esa supuesta campaña. No sabemos si la originaron, si la potenciaron o simplemente aprovecharon una dinámica que ya estaba en marcha. Fueron ellos los primeros en instalar la idea de que había una campaña organizada contra Argentina. Todo el tiempo repetían que "el mundo nos odia", que "todos están contra los argentinos". Al principio sonaba casi como una teoría conspirativa, pero esa narrativa fue creciendo. 

—Y pareciera que pudo más el nacionalismo que detenerse a pensar cuánto hizo el ecosistema libertario de redes para hacer exhibición obscena de racismo. 

— Totalmente. Hubo muy poco análisis sobre cuánto colaboraron las milicias digitales de Milei en la consolidación de una imagen pública racista de Argentina. Parte del progresismo terminó entrando en esa discusión en los términos que proponían los libertarios. Mucha gente empezó a convertir la campaña antiargentina en un gran problema público y hubo una especie de unidad nacional inesperada. Empezaron a aparecer comentarios diciendo que ahora todos los argentinos estaban unidos, que la cuestión Malvinas volvía a reunir al país. Era llamativo porque, de repente, personas de espacios políticos completamente opuestos estaban diciendo prácticamente lo mismo. 

—Casi todos salieron a decir que Argentina no es un país racista.  

—A mí eso me decepcionó porque una cosa es denunciar una supuesta operación en redes y otra muy distinta es negar que exista el racismo. Además, empezó a repetirse una idea que el propio Gobierno instala en el DNU: que la Argentina es un país hospitalario, abierto y respetuoso de los extranjeros. De la noche a la mañana pareció borrarse el conflicto con la presencia migrante. Una ficción cómoda para el contexto, pero completamente alejada de la realidad. De inmediato, surgieron viejas consignas xenófobas: la amenaza de arancelar la universidad y la salud, la prohibición de opinar sobre un país que no es nuestro y la invitación de volvernos a nuestros países. Es decir, mientras algunos defendían esa supuesta hospitalidad, al mismo tiempo se reforzaba la idea de que quienes nacieron en otro país tienen menos derechos. 

Creo que los libertarios tienen una enorme capacidad para leer el clima social en las redes. Lo hicieron con la reforma migratoria. Antes de anunciarla ya circulaban posteos sobre hospitales "llenos de extranjeros", universidades "copadas por migrantes", personas que "vienen a aprovecharse" de los servicios públicos. Primero instalan esa conversación y después aparece la medida. Es una estrategia comunicacional para medir consensos antes de avanzar políticamente. 

Y lo que más me preocupa es que existe un consenso social sobre la cuestión migrante que casi nadie quiere reconocer. Cuando revisábamos los comentarios en redes encontrábamos personas de casi todos los espacios políticos sosteniendo que en Argentina no existe el racismo que se denuncia. No era un discurso exclusivo de la extrema derecha. 

—Y así se desestima un poco este DNU (681/2026), como pasa con otras medidas relacionadas con su famosa batalla cultural, como si fueran bombas de humo. Se dice que es un mamarracho, pero muchas de sus medidas lo son y, sin embargo, afectan vidas concretas, como pasó con los adolescentes trans. 

—Así es. La oposición suele reaccionar a este tipo de medidas como maniobras de distracción sin efecto real porque muchos lo discuten desde el plano legal. Pero lo legal no es el único problema. Hay un efecto discursivo al cuál no se presta atención. Las maniobras del gobierno también operan para disputar espacios y construir sentidos. Es parte de su batalla cultural. Este es un eje central que sostenemos desde RADAR: la dinámica digital se materializa en hechos concretos sobre la vida cotidiana. Antes de que exista este DNU, hubo un escenario que dejó el terreno fértil. 

Este decreto no es “sólo humo”, actúa como dispositivo de disciplinamiento sobre  los migrantes y también sobre las personas argentinas racializadas que muchas veces son extranjerizadas. La discusión del racismo exclusivamente contra los migrantes, también invisibilizó esta discusión sobre el racismo interno, porque existe un perfilamiento racial contra argentinos por su color de piel o su apariencia. 

—Claro, lo vemos en las políticas de seguridad, en las cárceles. Si alguien ve a una persona de piel oscura, automáticamente supone que es pobre. Es un reflejo muy instalado, igual que hablar de “negros de alma”, asociando un color a la maldad o a la falta de educación. 

—Claro. Y alcanza con mirar quiénes son las principales víctimas del gatillo fácil: son chicos racializados. Es algo muy evidente. Argentina tiene una enorme capacidad para construir memoria crítica sobre otros temas, pero el racismo permanece casi fuera de discusión. Nosotros escribimos sobre esto en Radar. Hay una dimensión histórica vinculada a la forma en que se construyó la identidad nacional y también una idea muy fuerte de integración: como los migrantes viven acá, se concluye que no puede haber racismo. Pero la integración no elimina el racismo. Que muchas personas migrantes vivan en un país no significa que ese país no produzca jerarquías raciales ni formas cotidianas de discriminación. Y por eso creo que el DNU encuentra un terreno fértil. Cuando ya existe un consenso sobre cómo debería comportarse un "buen migrante", no hacer ruido y someterse resulta mucho más fácil para avanzar con políticas de control. 

—De hecho, los controles migratorios son siempre sobre determinadas personas: racializadas, migrantes de países limítrofes o de Perú. 

—Eso demuestra que el problema no es el migrante en abstracto. Lo que se construye es la figura del "mal migrante": el migrante pobre, el que trabaja en la economía popular, el que vende en una feria, el que trae otras formas de organizar el espacio público. Cuando mapeamos los operativos de control migratorio vimos un patrón muy claro: casi siempre se concentran en lugares donde existe un fuerte comercio migrante. Constitución, Liniers, La Plata, las ferias. No es casual. 

—Las ferias son, además de fuente de trabajo —informal, sí, pero la mayor parte del trabajo es informal en este momento de nuestro país—, lugares de socialidad ancestrales. 

—Sí, lo que se busca es intervenir sobre las condiciones materiales que sostienen esas comunidades. Si destruís las ferias o desalojás a los vendedores ambulantes no sólo afectás una actividad económica: debilitás las redes sociales que sostienen la vida migrante. 

Y, además, es muy fácil convertir esas prácticas en ilegalidad. Basta con no tener un permiso, una habilitación o un trámite al día para que una persona pase a ser presentada como alguien que incumple la ley. En ese sentido, las organizaciones migrantes vienen señalando que los operativos funcionan también como una forma de desplazamiento. Al atacar las ferias, atacan la principal fuente de ingresos de muchas familias. Sin trabajo, permanecer en el territorio se vuelve mucho más difícil. 

—El último decreto incorpora los llamados "discursos de odio" contra la Argentina o contra personas nacidas aquí, que, más allá de la falta de definición, alertan sobre el ciberpatrullaje. 

—Antes incluso de este decreto ya vimos cuentas libertarias haciendo doxeo de personas migrantes que criticaban a la Argentina, sacaban capturas de pantalla, difundían sus nombres y exponían sus perfiles para que recibieran hostigamiento. Eso ya estaba ocurriendo. El problema no es solamente qué capacidad técnica tiene el Estado para monitorear redes, sino el efecto disciplinador que produce saber que cualquier publicación puede ser utilizada en tu contra. 

—¿Qué crees que van a considerar un discurso de odio cuando el presidente mismo dice que no se odia suficiente a los periodistas, por ejemplo? 

—¿Decir que la Argentina es un país racista puede convertirse en un discurso de odio? ¿Criticar al Presidente? ¿Cuestionar una política pública? Mientras esa categoría permanezca abierta, el problema no es solamente jurídico. Es político. Porque habilita una vigilancia cuyo alcance nadie puede anticipar. 

Y aun cuando nunca llegue a aplicarse masivamente, ya produce un efecto concreto: muchas personas podrían empezar a callarse en lugar de hablar.