El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, tuvo una reunión este miércoles en Casa Rosada con el flamante jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, en un encuentro clave para ambas partes. Tras la salida de Manuel Adorni del Gobierno, el desembarco del exdiputado en la coordinación de los ministerios aspira a recuperar el vínculo con las provincias y avanzar con reformas fundamentales para la administración libertaria.
El santafesino es de los gobernadores que mantiene un complejo vínculo con la gestión de Milei: si bien suele acudir a las reuniones, se muestra bastante crítico por la falta de obra pública y mantiene su propia agenda. Incluso, el santafesino impulsa su propia reforma electoral en la provincia que incluye las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), a contramano de los deseos del Gobierno de eliminarlas o al menos suspenderlas.
Antes del viaje del presidente Javier Milei y su gabinete a San Miguel de Tucumán para los actos por el Día de la Independencia, Santilli tuvo un encuentro con el mandatario radical santafesino. En el encuentro, Pullaro insistió en el pago de la deuda previsional que la Nación mantiene con Santa Fe y reclamó por la aceleración de las obras en las rutas nacionales que atraviesan el territorio. Además, acordaron la fecha de traspaso de la AO 12, el anillo de circunvalación al Gran Rosario.
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Esta instancia técnica entre la Anses y la administración santafesina busca actualizar los datos de armonización pendientes desde 2020. De esta manera, se evalúa la transferencia de bienes inmuebles clave del Estado nacional como mecanismo de pago para saldar parte de la deuda acumulada.
Entre los activos bajo la lupa se destacan la emblemática Estación Belgrano con sus terrenos aledaños, el edificio central del Correo Argentino en la capital provincial, predios estratégicos en Puerto Norte (Rosario) y varios desarrollos del programa Procrear. Frente a este escenario, la gestión de Pullaro ya manifestó su firme intención de absorber y reactivar la construcción de estos complejos habitacionales, los cuales registran distintos niveles de avance en el territorio.
La polémica reforma penal de Pullaro para gobernar a lo Bukele de cara al 2027
En mayo de este año, el Gobierno de Santa Fe para enviar a la Cámara de Diputados provincial el proyecto de ley para conseguir una reforma penal bajo el nombre de “Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública”.
En búsqueda de consolidar su lema de gobernar a lo Bukele, el gobernador Pullaro apunta al 2027 con el objetivo de lograr una reelección a través de un paquete de reformas que desde la oposición catalogaron como "volver a los '70" por el avasallamiento de garantías constitucionales.
Mientras el oficialismo sostiene que busca darle más herramientas al Estado para enfrentar el delito complejo y el narcotráfico, del otro lado, jueces, abogados penalistas y especialistas advierten que algunas modificaciones alteran principios centrales del sistema acusatorio vigente y podrían representar un cambio profundo en el equilibrio entre seguridad y garantías.
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El presidente la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, José Nanni, detalló a El Destape que, desde la implementación del sistema acusatorio el 10 de febrero de 2014, Santa Fe avanzó hacia un modelo donde el fiscal investiga, pero el juez controla aquellas medidas que afectan derechos fundamentales: "Hoy se pretende volver a darle poder a la fiscalía de la calle. Que se haga un allanamiento sin orden judicial o que tome declaración un imputado sin la presencia de su defensor
El argumento oficial sostiene que se trata de una herramienta útil para momentos iniciales donde todavía no está claro si alguien será imputado o testigo. Sin embargo, Nanni advirtió que esta modificación reabre una discusión histórica del proceso penal argentino: hasta dónde puede intervenir la policía en la obtención de información sin presencia efectiva de la defensa.
"Hay un artículo que reglamenta espionaje del poder Ejecutivo sin un contralor judicial. Si sospechan que alguna organización delictiva está operando en determinada zona ya no habrá necesidad de un fiscal que dirija la investigación para regular si la Policía comete algún exceso. Esto es lo que están intentando probar", subrayó.
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